Con el primer examen hoy en Madrid, la Selectividad arranca esta semana en toda España menos en Castilla-La Mancha y Cataluña -que lo harán la semana próxima- sin que universidades y comunidades autónomas hayan homogeneizado los exámenes. Ni siquiera en las regiones gobernadas por el PP han logrado consensuar la prueba «común» que prometieron elaborar. Hay algunos avances, como unificar el nombre (PAU), más o menos las fechas, los criterios de corrección ortográfica y algunas estructuras, pero en cada región se han dispuesto de forma diferente las preguntas, la puntuación asignada a cada una de ellas, la importancia que se da a cada contenido o incluso el temario.

El examen de Historia de la Filosofía, entre otros, es un ejemplo de ello. En Madrid y Galicia entran 12 autores y en Extremadura, nueve. Hay dos comunidades, Aragón y Castilla y León, que ponen preguntas tipo test en una prueba que se supone que tiene como objetivo argumentar y desarrollar ideas, mientras que otros exámenes exigen disertaciones de 800 palabras.

Y también existen diferencias en el grado de picaresca que se consiente en cada territorio. Hay 12 autonomías que permiten brillar en la prueba, sacando una nota de 7 sobre 10 o más, sin saber estudiado nada sobre Kant, Descartes, Hume u otros autores de la etapa histórica de la Filosofía Moderna, según la comparación realizada por EL MUNDO de todos los modelos de examen de esta asignatura que las universidades de las CCAA tienen colgados en sus webs.

El real decreto que regula los requisitos de acceso a las universidades se aprobó en junio de 2024 con la intención, entre otras cosas, de limitar la manga ancha que, desde el Covid, permitía a los alumnos elegir las preguntas que mejor se supieran. Esta optatividad se llevo a tal extremo que los preuniversitarios podían sacar las máximas calificaciones preparándose sólo una pequeña parte del temario, lo que contribuyó a disparar las notas de corte.

Se supone que esta ingeniería académica se iba a erradicar, pero aún persiste este año, a pesar de que el real decreto dice que, aunque «en algunos apartados se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas», «esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación».

Pero la norma no se está cumpliendo. En Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra hay tanta posibilidad de elección que se puede ignorar por completo el estudio de la Modernidad sin que sus alumnos sufran las consecuencias: pueden sacar un 10 sin saber nada de Kant ni de otros autores de la época.

En Galicia y Cantabria pueden llegar hasta un 9, aunque tendrían que arriesgarse y dejar una pregunta en blanco . Lo mismo ocurre en Cataluña, donde se puede llegar hasta un 8; en la Comunidad de Madrid y La Rioja (hasta un 7,5); en Baleares y Castilla-La Mancha (hasta un 7), y en Extremadura y País Vasco (hasta un 6).

Sólo en Aragón, Canarias y Asturias se suspende, con un 3, si el alumno no se ha preparado este periodo histórico pero se sabe muy bien el resto del temario.

El grado de optatividad es desigual: en todas las preguntas se puede elegir alguna opción en Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, pero es más reducida en las demás, con distintos grados.

Estas diferencias de criterio entre territorios en una evaluación que la práctica totalidad del alumnado aprueba no tendrían mayor importancia si no fuera porque, estando concebida para ordenar, se enmarca en un momento de escasez de plazas públicas y máxima competitividad entre los alumnos para acceder de ellas. Como la nota que un estudiante obtiene en la PAU de su autonomía le sirve para entrar en la universidad de otra región, estas ventajas que hay en unas comunidades autónomas frente a otras están generando un problema de desigualdad que indigna a las familias.

Por ejemplo, en el comentario de texto de la Selectividad de Murcia el alumno tiene la posibilidad de elegir entre tres autores, cuando en Aragón, Asturias y Canarias sólo se le da uno y en el resto de autonomías se puede escoger entre dos. Esta diferencia condiciona bastante la puntuación final pues de esta pregunta dependen dos, tres e incluso cuatro puntos de diferencia, según los territorios.

Andalucía, La Rioja, Murcia, Canarias o Castilla-La Mancha facilitan por anticipado los textos con más posibilidades de caer en el examen, por lo que sus alumnos tienen más pistas que en otras regiones.

En Cataluña el estudiante puede ganar dos puntos dando su opinión personal sobre si está de acuerdo o no con una argumentación y explicando sus razones.

En Extremadura, por su parte, se conceden hasta 0,75 puntos por comenzar las respuestas «con un título apropiado».

Y Navarra reserva 1 de los 10 puntos del examen a los aspectos formales del texto (respondiendo de forma perfecta a las preguntas sólo se alcanza el 9), mientras en el resto de autonomías las faltas ortográficas, las tildes y los errores léxicos y semánticos restan hasta un punto, pero escribir correctamente no suma.

Algunos de los exámenes mantienen los criterios del año pasado, pero otros se han actualizado para adaptarse al acuerdo promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) para establecer «criterios comunes» sobre aspectos básicos. Este acuerdo no es de obligado cumplimiento y no ha sido cumplido en todas las autonomías.

Los campus quieren llegar a mayor «armonización» de cara al curso que viene, cuando la prueba tiene que cambiar y hacerse menos memorística y más relacionada con la vida cotidiana de los alumnos. Esto no se ha conseguido del todo este año -ronda el 70%- y en cada región se ha entendido de una forma.