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La magistrada que instruye la investigaci�n del accidente de El Bocal en Santander, en el que el pasado marzo fallecieron seis j�venes y otra result� herida grave, ha decidido ampliar la acci�n penal contra el jefe de la Demarcaci�n de Costas en Cantabria, Jos� Antonio Osorio, porque la senda costera a la que pertenece la pasarela en la que tuvo lugar el siniestro al colapsar, carec�a de un plan de conservaci�n.
Hasta la fecha, este investigado lo era en su calidad de director facultativo de la obra de construcci�n de la senda costera, en los a�os 2014 y 2015. Concretamente, a Osorio y a los otros dos funcionarios de Costas investigados les imputa la posible comisi�n de seis delitos de homicidio por imprudencia grave.
Sin embargo, la magistrada ahora tambi�n le investiga como responsable de la Demarcaci�n de Costas, ya que, cuando se abri� al p�blico la senda, la administraci�n debi� poner en marcha un plan de inspecci�n, conservaci�n y mantenimiento de las infraestructuras, y no consta que lo hiciera, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado.
En un auto dado a conocer este jueves, la instructora adopta esta decisi�n a ra�z de las diligencias practicadas el pasado viernes, cuando comparecieron ante las partes personadas en la causa los distintos peritos propuestos con el fin exponer sus informes.
Explica la magistrada que "de las conclusiones expuestas por los peritos comparecientes se desprenden indicios racionales de que el proyecto t�cnico de ejecuci�n de la pasarela ubicada en El Bocal carec�a de un adecuado plan de inspecci�n, conservaci�n y mantenimiento de la infraestructura una vez concluida y puesta en servicio".
En este sentido, se�ala el auto que "coincidieron en se�alar que toda administraci�n titular de una infraestructura p�blica de esta naturaleza ha de disponer necesariamente de un sistema de gesti�n de infraestructuras que contemple protocolos de inspecci�n peri�dica, seguimiento del estado estructural y actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo".
Para la magistrada, es algo "ciertamente l�gico y exigible, m�xime trat�ndose de una estructura como la de los autos, expuesta de forma continuada a agentes ambientales potencialmente agresivos por su ubicaci�n litoral".
A modo de referencia, el perito judicial aludi� en su informe al sistema de gesti�n de los puentes de la Red General de Carreteras, que prev� inspecciones b�sicas cada quince meses y peri�dicas cada cinco a�os como m�ximo, y al sistema gallego de puentes peatonales y ciclistas de madera, que establece inspecciones b�sicas cada doce meses y principales cada treinta meses.
Por tanto, la instructora considera que de lo actuado "resulta indiciariamente" que, tras la resoluci�n del contrato de la senda peatonal en abril de 2015 y el acta de comprobaci�n de las obras finalizadas en mayo del mismo a�o, "no consta que seguidamente la administraci�n responsable implantase mecanismo alguno de control, inspecci�n o mantenimiento de las infraestructuras ya ejecutadas, entre ellas la pasarela siniestrada abierta al p�blico en general sin ning�n tipo de restricci�n".
En este sentido, a�ade que "la eventual ausencia de todo sistema de inspecci�n y mantenimiento de la pasarela pudiera guardar relaci�n causal con el deterioro estructural posteriormente producido, extremo que deber� ser esclarecido en fase instructora".
En definitiva, a juicio de la magistrada, "concurren indicios que justifican ampliar la acci�n penal inicialmente deducida" contra el responsable de Costas "no solo en su condici�n de director de obra de la infraestructura, sino tambi�n por ostentar simult�neamente el cargo de jefe de la Demarcaci�n de Costas de Cantabria, administraci�n titular de la infraestructura, al poder derivarse de tal posici�n funcional competencias y responsabilidades vinculadas a la gesti�n, conservaci�n e inspecci�n de la misma".
El auto de la magistrada no es firme, ya que contra el mismo cabe recurso de reforma en un plazo de tres d�as o de apelaci�n, en cinco d�as.
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