Tribunales
La Audiencia de Madrid suele tardar seis meses desde el auto de apertura. Peinado ya ha dado el primer paso. Todo pasa por que se desestimen los recursos pidiendo el archivo
Bego�a G�mez a su llegada a la Ciudad Prohibida de Pek�n.EL MUNDO
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Los plazos procesales habituales de Audiencia Provincial de Madrid sit�an el eventual juicio a Bego�a G�mez antes o a las puertas de las pr�ximas elecciones generales, previstas para julio de 2027. As� lo explican fuentes judiciales conocedoras de su funcionamiento habitual en los casos de juicios con jurado, algo m�s �giles que los que se celebran ante un tribunal profesional.
Desde que se dicta el auto de apertura de juicio oral, lo m�s com�n es que transcurran seis meses hasta la fecha de comienzo del juicio, algo m�s si al magistrado que le corresponda presidirlo tiene una alta carga de trabajo. Ese auto clave que pondr� fin a la tarea del Juan Carlos Peinado a�n est� pendiente dictarse, si bien el juez ya ha dado esta semana los primeros pasos para ello.
Todo, eso s�, est� al albur de lo esencial para que haya juicio: la respuesta que d� la Secci�n 23 de la Audiencia de Madrid a los recursos que piden cerrar el caso sin necesidad de vista oral. La secci�n est� tom�ndose en torno a dos meses para pronunciarse sobre el caso Bego�a. Eso supone que antes del par�n del verano es previsible que se resuelvan los recursos y que, de no archivarse el caso, el juez haya dictado ya el auto de apertura. Peinado tambi�n estar� teniendo en cuenta la fecha de su jubilaci�n, el pr�ximo mes de septiembre.
El instructor dict� el lunes el auto en el que rechaza el sobreseimiento que defensas le solicitaron en el juzgado 41 de Madrid el pasado 30 de marzo. El instructor, por contra, da por concluida la investigaci�n, estima innecesaria otra pr�rroga de seis meses y acuerda proseguir hacia el juicio con jurado. Y pese a que ordena una nueva diligencia solicitada por Hazte O�r, da ya el siguiente paso previsto en la Ley del Jurado: concede a las partes un plazo de cinco d�as para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.
Eso supone que las acusaciones est�n ya elaborando el escrito de acusaci�n, en el que deben detallar los delitos que se atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno y los otros dos investigados a los que Peinado ha puesto camino del banquillo: su asesora en La Moncloa, Cristina �lvarez, y el empresario Juan Carlos Barrab�s. La Fiscal�a no acusar�.
Los escritos de acusaci�n se trasladar�n a las defensas, que presentar�n los suyos. Con todo sobre la mesa, el juez convocar� la llamada audiencia preliminar �en el d�a m�s pr�ximo posible�. Volver� a escuchar sus pareceres y, entonces s�, podr� dictar el auto de apertura. En estos tr�mites las partes pueden pedir diligencias o cuestionar la competencia del jurado. Sobre ambos puntos el juez se ha pronunciado ya el juez de forma negativa, por lo que no deber�an ralentizar el procedimiento.
Al margen de la decisi�n esencial sobre si hay materia o no para ir a juicio, la Audiencia de Madrid tambi�n deber� pronunciarse sobre si se pueden llevar los cuatro delitos al jurado por la conexidad entre ellos, o bien solo los dos expresamente previstos para ello (tr�fico de influencias y malversaci�n).
La fecha de celebraci�n de la vista oral se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado que deba ejercer de presidente del tribunal, que se designar� por reparto m�s adelante. Es habitual tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional tener en cuenta la circunstancia pol�tica a la hora de manejar sus calendarios en asuntos especialmente delicados, por lo que las mismas fuentes estiman razonable que las generales se tuvieran en cuenta en la fijaci�n de la fecha. En particular, si cuando haya que resolver ha habido un adelanto electoral; menos si la legislatura sigue su curso hasta el final.
Al margen esta investigaci�n, Bego�a G�mez debe estar atenta a la Fiscal�a Europea, que examina los contratos p�blicos para los que firm� cartas de recomendaci�n. Solicit� al juez de Madrid que les remitiera los informes de la UCO y la Igae sobre esos contratos, y el juez lo ha acordado esta misma semana.