"El art�culo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivaci�n econ�mica y el empleo, impide facilitar la informaci�n que solicitan sus se�or�as". Con esta justificaci�n el Gobierno ha rechazado dar respuesta a las preguntas remitidas por escrito por el Partido Popular solicitando informaci�n y aclaraciones acerca de la presunta relaci�n mantenida por el ex presidente del Gobierno, Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, con el rescate, por valor de 53 millones de euros, de la compa��a a�rea Plus Ultra.

El PP se dirigi� al Ejecutivo interes�ndose por la afirmaci�n de V�ctor de Aldama, el "nexo corruptor" de la trama de mascarillas, seg�n la cual el ex presidente Zapatero estuvo involucrado en el rescate de la aerol�nea y acudi� al Ministerio de Transportes para influir en favor del mismo ante el entonces ministro Jos� Luis �balos. A ra�z de aquel encuentro, y seg�n la versi�n de Aldama, �balos llam� al presidente Pedro S�nchez para trasladarle la petici�n de Zapatero. En esa llamada el ministro habr�a recibido la orden de S�nchez de hacer todo lo posible para que el rescate se produjera.

Fue entonces cuando, seg�n se describe en el escrito de preguntas remitido por el PP al Gobierno, se encarg� un informe t�cnico sobre la posibilidad de rescatar a la compa��a. El informe, a�ade el escrito de los populares, fue negativo por "incumplir la compa��a los requisitos m�nimos exigibles".

La versi�n de Aldama insiste en que S�nchez, pese al informe negativo, orden� que se llevara a cabo el rescate lo que dio lugar seg�n cita el PP: a que se redactase un precontrato a favor de Plus Ultra con alguna compa��a "lessor" que diese la apariencia a la aerol�nea de disponer, bajo la forma de alquiler, de una flota de cuatro o seis aviones; que se emitiera por parte del Ministerio de Transportes un segundo informe favorable al rescate con datos y criterios no ajustados a la realidad y que �balos llamase a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mar�a Jes�s Montero, para informarle de la orden de Pedro S�nchez a lo que esta habr�a respondido, siempre seg�n Aldama, que ella "se encargaba de la SEPI".

A cuenta de estas declaraciones del comisionista V�ctor de Aldama, acusado pendiente de sentencia en el caso de las mascarillas, los populares requirieron al Gobierno para que aclarara "en qu� fecha se produjo la reuni�n entre Zapatero y �balos" as� como las "dos conversaciones entre �balos y el presidente Pedro S�nchez", "cu�ndo traslad� S�nchez a Zapatero que estaba de acuerdo con el rescate de Plus Ultra", "por qu� se emiti� un segundo informe favorable al rescate contradiciendo al primero" y, adem�s, "si tiene intenci�n el Gobierno de entregar el informe previo realizado por los t�cnicos emitiendo una valoraci�n negativa y contraria al rescate".

En otros dos escritos de preguntas remitidos al Gobierno, el PP se interesa adem�s por las comprobaciones que hizo el Gobierno sobre la compa��a para concederle el rescate y si se han hecho indagaciones para determinar un posible uso indebido del dinero.

A todas estas cuestiones, el Gobierno replica acogi�ndose a un decreto dictado a ra�z de la pandemia seg�n el cual "los datos , documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI (...) tendr�n car�cter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podr�n ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedar�n obligadas tambi�n a guardar secreto y a no utilizar la informaci�n recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y dem�s expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI". Y a las preguntas relacionadas con la "intervenci�n de terceras personas", simplemente responde con un escueto "no son ciertas".

Sin embargo, fuentes populares insisten en que el real decreto al que se acoge el Gobierno para no dar respuesta a sus preguntas protege, efectivamente, las operaciones llevadas a cabo durante la pandemia, entendiendo como tales aquellas que incluyen informaci�n clave de las empresas como pueden ser sus planes estrat�gicos, pero no puede ser el parapeto para, afirman, "ocultar actuaciones que deber�an ser p�blicas" como los informes que se elaboraron para dar idoneidad a un rescate pagado con dinero de los espa�oles o las supuestas reuniones y gestiones del ex presidente del Gobierno con el entonces ministro de Transportes en beneficio de una compa��a cuyo rescate, insiste el PP, "caus� un gran desconcierto en el mundo econ�mico espa�ol" y, adem�s, ha derivado incluso en la detenci�n del presidente y consejero delegado de la compa��a por entender la Fiscal�a Anticorrupci�n que hay indicios de fraude al Estado espa�ol por "uso indebido" de los 53 millones que se le concedieron. .