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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 durante su intervención en la reunión anual del Cercle d'Economía. Esta decisión se interpreta como un intento de sortear la presión política y los escándalos de corrupción que marcan el tramo final de la legislatura, especialmente tras haber incumplido el compromiso de presentar unas cuentas para el año 2026. Sánchez confirmó que la orden de elaboración se publicará en el BOE esta misma semana y que el cuadro macroeconómico se actualizará a lo largo del presente mes.
El mandatario ha definido estos futuros presupuestos como "sociales", destacando que la vivienda tendrá un "peso prioritario" con el mayor despliegue de recursos públicos de la historia democrática de España. Además, el proyecto buscará resolver el sistema de financiación autonómica, incluyendo una quita de deuda para las comunidades de 83.000 millones de euros que asumirá el Gobierno central. En un gesto clave hacia Cataluña, Sánchez también confirmó que el Estado cederá, por primera vez, la mayoría del capital de la Zona Franca de Barcelona a la Generalitat (40%) y al Ayuntamiento de la ciudad (15%).
A pesar del anuncio, la acogida en el foro empresarial ha estado marcada por la exigencia de explicaciones. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, trasladó directamente al presidente su "preocupación" por los escándalos de corrupción y le afeó su política de vivienda ante el problema creciente en Cataluña. García-Milà subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del sector público en su relación con intereses privados. Por su parte, el líder socialista evitó referirse a las investigaciones judiciales abiertas y centró su discurso en defender la "agenda del reencuentro" y los pactos con las fuerzas independentistas.