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El Mundo
El Mundo · 2026-06-21 · via España

Para el ministro del Interior, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho"

Fernando Grande-Marlaska, el miércoles, en una intervención en el Congreso de los Diputados.

Fernando Grande-Marlaska, el miércoles, en una intervención en el Congreso de los Diputados.Efe

Actualizado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que, en su opinión, ha realizado el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Madrid, en el auto conocido hoy. En dicha resolución, Peinado ha acordado sentar en el banquillo ante un jurado a Begoña Gómez por cuatro delitos e imponer medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno: le retira el pasaporte, le prohíbe salir del país y la obliga a comparecer en el juzgado cada 15 días.

En ese mismo auto, Peinado justifica estas medidas cautelares en el hecho de que los escoltas de la mujer de Pedro Sánchez, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", pueden ser "precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga".

Para el ministro del Interior, esas afirmaciones del juez "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho". Esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro del Interior, como máximo responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, continúa el comunicado de Interior, considera que estas afirmaciones son "un hecho de máxima gravedad", por lo que ha decidido ponerlas en conocimiento de la presidenta del CGPJ "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones", en un escrito en el que reafirma la plena profesionalidad tanto de los agentes que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus superiores jerárquicos.