El pacto alcanzado entre PP y Vox para investir a Mar�a Guardiola y conformar un Gobierno de coalici�n en Extremadura tensa las costuras de la relaci�n a nivel nacional entre ambos partidos y podr�a llegar a entorpecer las negociaciones en marcha en Arag�n y Castilla y Le�n para las investiduras respectivas de Jorge Azc�n y Alfonso Fern�ndez Ma�ueco.
El controvertido principio de "prioridad nacional" que promueven los de Abascal y que forma parte del pacto alcanzado en Extremadura, recaba el rechazo no s�lo de algunos de los barones m�s importantes del PP -el andaluz, Juanma Moreno y la madrile�a, Isabel D�az Ayuso- sino tambi�n importantes recelos en la c�pula del partido.
No obstante, para limar fricciones, los populares est�n dispuestos a defender y promover el citado principio en el Pleno del Congreso aunque puntualizando que el mismo debe adecuarse a lo establecido en la legalidad vigente, esto es, al marco constitucional y al Estado de Derecho. En este sentido, el PP ha presentado una enmienda a la moci�n de Vox que se debate esta misma tarde sobre inmigraci�n, apostando por "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones p�blicas inspir�ndose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignaci�n prioritaria de los recursos p�blicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema", puntualizan, "adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo m�nimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculaci�n con el territorio; vinculaci�n del acceso a ayudas a la trayectoria de cotizaci�n, permanencia y contribuci�n al sistema; exclusi�n del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situaci�n irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".
Los desencuentros entre PP y Vox , m�s all� de las declaraciones de unos y otros, se puso de manifiesto en la Comisi�n de Interior del Congreso, donde se debat�a una iniciativa de los populares con vistas a agilizar la ejecuci�n efectiva de las �rdenes de expulsi�n de extranjeros nacionales de terceros pa�ses sin derecho a permanecer en la Uni�n Europea y en la que el PP rechaz� una enmienda que planteaba ir mucho m�s all� planteando todas las propuestas clave de su pol�tica antiinmigraci�n.
Sin embargo, en el Pleno de la C�mara, el PP est� dispuesto a aceptar el principio de prioridad nacional pero enmarc�ndolo, aseguran, el la legalidad vigente. Los populares entienden que sin esta precisi�n el planteamiento de Vox vulnerar�a el marco constitucional. El PP trata de enarbolar el planteamiento seg�n el cual no debe aceptarse "ni puertas abiertas al descontrol ni puertas blindadas".
Para Vox, es esencial derogar de inmediato el reglamento de extranjer�a que ha aprobado el Gobierno para proceder a una regularizaci�n masiva; elevar a diez el n�mero de a�os requeridos de presencia en Espa�a para poder acceder a la residencia de larga duraci�n; impulsar la remigraci�n a sus pa�ses de origen de aquellos inmigrantes que reiteradamente vivan de las ayudas p�blicas; deportar a todos los que delincan y expulsar a quienes, aun teniendo la residencia, delincan o pretendan imponer el islamismo y poner fin a cualquier pol�tica que aliente m�s inmigraci�n.
"En definitiva", como ha explicado el portavoz de Vox, Ignacio Gil L�zaro, "plantear frente a la pol�tica de papeles para todos de S�nchez, un plan basado en la ley, el orden, las fronteras seguras y la prioridad nacional, es decir", ha recalcado, "los espa�oles, primero".
En estas condiciones, Vox somete a debate y votaci�n del Congreso una moci�n para forzar al PP nacional a pronunciarse sobre el "principio de prioridad nacional" que se ha pactado en Extremadura. En ella se insta al Gobierno a "garantizar la prioridad nacional", en general, y a hacerlo espec�ficamente "en todos los frentes de la vivienda" y "en el acceso al sistema p�blico de prestaciones y pensiones p�blicas".
El partido m�s a la derecha del abanico obliga as� a los populares a fijar postura, en el debate y con su voto, sobre lo pactado en Extremadura.Los populares tartan no obstante con su enmienda eliminar algunas de las cuestiones que incluye Vox aunque s� mantiene la referencia a la "prioridad nacional" como principio rector de las ayudas, con un redactado muy similar al que contempla el acuerdo sellado en Extremadura. Eso s�, los populares enfatizan que el sistema a definir debe ser "adecuado a la legalidad vigente".
En todo caso, el partido de Abascal est� jugando en los �ltimos d�as con el concepto de "prioridad nacional" para tratar de introducir sus tesis migratorias en aquellas comunidades donde los populares dependen de Vox para gobernar. Ayer, por ejemplo, el partido m�s a la derecha exigi� al PP aplicar la "prioridad nacional" para acordar una Ley de Vivienda en Murcia, informa Daniel G�mez-Fontecha. Y, en la Comunidad Valenciana, Vox trat� de incluir recientemente este principio en la reforma de la renta valenciana de inclusi�n, la ayuda social m�s importante que concede la Generalitat, aunque el PP no cedi�, informa Noa de la Torre.
Ante las reticencias deslizadas por algunas voces populares respecto al pacto extreme�o, ahora acompa�adas por el voto negativo del PP en el Congreso a ese principio de "prioridad nacional", en Vox vuelven a poner a G�nova en la diana de sus acusaciones. "En el PP tenemos una presidenta de Extremadura llegando a un acuerdo con Vox [...], y el resto del PP boicoteando ese acuerdo", ha afeado este martes la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Mill�n, que ha vuelto a asegurar que G�nova "se ha dedicado a poner trabas" en el camino hacia el pacto.
As�, Mill�n ha manifestado su confianza en que el "principio de prioridad nacional" se aplique en Extremadura tal y como queda recogido en el texto, pues ha se�alado que esto se ha cerrado por un "entendimiento" entre Vox y el PP que dirige Guardiola: "No es que el PP se haya avenido a nuestra petici�n", ha defendido. As�, la portavoz ha ensalzado de nuevo la postura de la baronesa popular y ha acusado a otros l�deres regionales del PP de cometer una "falta de respeto" con sus cr�ticas al acuerdo.
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