La corporaci�n que agrupa a los notarios de Espa�a prepara una dura enmienda a la nueva ley que intenta impulsar el ministro de Presidencia, F�lix Bola�os, por considerarla un paso atr�s en la lucha contra la corrupci�n y el blanqueo de capitales por p�rdida de control sobre el accionariado de las sociedades.

El Consejo General del Notariado ultima un informe contra el anteproyecto de Ley Org�nica de Integridad P�blica en el que los argumentos incluyen, seg�n una nota a la que ha tenido acceso EL MUNDO, facilitar esc�ndalos como el de la empresa Servinabar, participada en secreto en un 45% por Santos Cerd�n mientras era, entre otros cargos, secretario de Organizaci�n del PSOE.

�Entre otras muchas cuestiones, el anteproyecto supone una reforma radical del r�gimen de transmisi�n de participaciones previsto en nuestra normativa mercantil, ya que, de aprobarse la norma y constar en documento p�blico notarial dicha transmisi�n pasar�a a efectuarse mediante un documento privado sin control alguno�, esgrime el organismo de los notarios que preside Concepci�n Pilar Barrio del Olmo.

Como gran ejemplo, toman el de Servinabar en que Antx�n Alonso y Cerd�n se repartieron las acciones sin pasar por el notario ni el registro mercantil. Al no prohibir esta f�rmula �el efecto del Anteproyecto es generalizar casos como el de Servinabar para crear un testaferrato de libro�. La norma lanzada por el Gobierno como medida anticorrupci�n elimina la escritura p�blica notarial para la transmisi�n de participaciones sociales en sociedades mercantiles y la reemplaza por documentos privados presentados en el registro mercantil con firma digital.

El Ministerio de Presidencia, que ha trabajado con el de Hacienda, defiende que con el anteproyecto se corrige la situaci�n actual al obligar en la nueva ley a pasar al menos el documento privado por registro para que tenga efectos para sus socios, pero el Consejo del Notariado cree que �eso es subsanar opacidad con un paradigma de la opacidad como es el documento privado�. A su juicio, la firma digital que permite saltarse al notario no garantiza ning�n control por la facilidad con la que se consiguen identidades digitales falsas.

En opini�n de los notarios, para corregir casos como el de Servinabar, lo que debe hacer el Gobierno es suprimir de ra�z que los acuerdos privados como el de Cerd�n tengan alg�n efecto legal, como s� tienen ahora y, en su opini�n, no se evitan con la nueva norma. �La medida l�gica no es inscribir en el Registro Mercantil las transmisiones de acciones, m�xime en un documento privado sin control alguno, sino por el contrario privarlo incluso de efectos obligacionales�.

�C�mo hacerlo? �Basta una m�nima modificaci�n del art�culo 106.1 de la Ley de Sociedades de Capital con la siguiente redacci�n: �La transmisi�n de las participaciones sociales, as� como la constituci�n del derecho real de prenda sobre las mismas, deber�n constar en documento p�blico�. Hay notarios que incluso apuntan que esta ley, tal como est� redactada, podr�a ayudar a Cerd�n en su proceso judicial.

El Ministerio defiende por su parte su anteproyecto y ve en la trastienda de la posici�n de los notarios intereses corporativos. Los notarios lo niegan y cuentan con apoyos notables en la Unidad Central Operativa de (UCO) de la Guardia Civil o la Fiscal�a Anticorrupci�n, puesto que beben habitualmente para sus investigaciones del llamado �rgano Centralizado de Prevenci�n en el Consejo General del Notariado (OCP).

Se trata de una base de datos que facilita a la polic�a judicial la arquitectura societaria de las empresas con mucha m�s profundidad y alcance, seg�n fuentes de la UCO, que el m�s reciente Registro de Titularidades Reales, construido por los registradores.

Cuando un acuerdo es tan clandestino como el de Servinabar, ni siquiera el OCP tiene constancia, pero en otros en que s� ha habido escritura p�blica, pero un intrincado juego de empresas interpuestas y testaferros, como el que se investiga en Forestalia, esta base de datos es considerada actualmente esencial por la polic�a judicial.

El Consejo del Notariado avisa de que esta herramienta queda en peligro con el anteproyecto y que s�lo en 2025 atendieron m�s de 6.000 solicitudes de copias de escrituras para investigaciones de todo tipo. S�lo la Agencia Tributaria les solicit� 5.313, y el resto, la Tesorer�a de la Seguridad Social, el Sepblac y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y CCAA.

En el Ministerio intentan tranquilizar a fiscales y polic�as asegurando que, con la nueva ley, el nuevo registro ser� mucho m�s completo que el citado OCP, pero la alta tensi�n desatada con �ste y otros cap�tulos y la debilidad parlamentaria del Gobierno complican el anteproyecto.