Espa�a es una gran naci�n. Una naci�n abierta, acogedora, plural, que ha prosperado siempre que ha sabido combinar apertura y orden, generosidad y ley. La inmigraci�n forma parte de nuestra historia de �xito y seguir� formando parte de nuestro futuro, porque una democracia madura se mide por su capacidad de incorporar a quienes vienen a trabajar y aportar, sin renunciar a lo que somos. Por eso creo que el debate sobre la regularizaci�n merece m�s seriedad de la que est� recibiendo. Lo que hoy se decide con un decreto, contrario a lo votado en las Cortes Generales, va a moldear la Espa�a que seremos.

Conviene empezar por el principio. Hace un cuarto de siglo, cuando el presidente Aznar impuls� los procesos de regularizaci�n, la poblaci�n extranjera apenas alcanzaba el 2% y Espa�a aprobaba su primera ley de extranjer�a. Hoy esas personas superan el 20%, la �nica ley es la ausencia de ley, y lo que entonces exig�a un pasaporte vigente, un contrato real y un arraigo demostrable se ha sustituido por documentaci�n caducada, declaraciones de intenciones y certificados de vulnerabilidad. Presentar ambas cosas como equivalentes es faltar a la verdad.

Hay algo que los ciudadanos tambi�n deben conocer. En abril de 2024, medio mill�n de firmas registraron una Iniciativa Legislativa Popular sobre regularizaci�n. El PP se mostr� favorable a debatirla y la enmend� para defender lo mismo que defiende hoy: regularizaci�n individualizada, con criterios rigurosos y vinculada al empleo. Lo que pasa es que el Gobierno, al constatar que no ten�a votos para sacar adelante su modelo, ha degradado a decreto lo que perdi� en votaci�n parlamentaria.

Ahora nos dicen que oponerse es inhumano. No lo es. Desde que gobierna Pedro S�nchez han llegado casi tres millones de personas, y la irregularidad se ha multiplicado por ocho: de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025. Un Gobierno que ha estrechado las v�as legales, deja sin resolver 250.000 expedientes de asilo y ejecuta menos del 10% de las �rdenes de expulsi�n no puede arrogarse el monopolio de la compasi�n. Inhumano es alimentar un efecto llamada que ha costado miles de vidas en el mar. Y un decreto que regulariza en masa a quienes llegaron, sin ordenar la llegada de los que vendr�n, no ataca las causas del drama, las cronifica.

Y esto es relevante porque detr�s de cada cifra hay una persona. Libre, digna, con derechos y con obligaciones, capaz por s� misma de alcanzar la mayor prosperidad. Ni v�ctima, ni verdugo. Que no merece condescendencia ni ira, sino respeto, honestidad en las expectativas y apoyo en el marco de la ley. Cualquier otra cosa es desprecio disfrazado de compasi�n. Y este decreto falla precisamente en lo que exige respeto, en cinco frentes.

Primero: las regularizaciones masivas premian la irregularidad, desautorizan la ley y alimentan el efecto llamada que dicen combatir. Son falsa caridad sin objetivos, sine die, sin controles. Me niego a aceptar que la soluci�n sea recompensar la causa que lo origina. Porque pagan los de siempre: los que mueren en el mar y los que logran entrar cargando con la indignidad de haber empezado incumpliendo.

Segundo: el Gobierno no sabe a cu�ntas personas afecta su propia medida. Habla de 500.000, pero las estimaciones policiales superan los 1,2 millones, incluidos quienes ya se desplazan desde otros pa�ses de la UE para aprovecharla. Un Estado serio no firma un decreto que puede afectar a m�s de un mill�n de personas sin conocer su alcance.

Tercero: el control es insuficiente. Los antecedentes policiales no suponen denegaci�n autom�tica y los documentos caducados se aceptan sin verificar qui�n es qui�n. Renunciar a esos filtros es una decisi�n consciente de no mirar para no ver.

Cuarto: no hay previsi�n del impacto sobre los servicios p�blicos. Sanidad, educaci�n, vivienda y servicios sociales soportar�n una presi�n a�adida, sin refuerzo ni consulta previa a nadie. Y eso lo pagar�n los mismos espa�oles que cada a�o pagan m�s impuestos y reciben peores servicios.

Quinto: no hay integraci�n. El decreto no exige itinerario laboral, idioma, formaci�n ni compromiso alguno. Se concede un permiso sin pedir nada a cambio, convirtiendo la legalidad en un tr�mite vac�o. Y conviene recordar que ninguna integraci�n digna de ese nombre puede construirse sobre la mutilaci�n de lo que somos. Acoger no puede ser renunciar.

Hay otra forma de hacer las cosas. La que propongo a los espa�oles, la que defiende el PP y presentamos en octubre de 2025. Se sostiene sobre cuatro pilares. Un visado por puntos que vincule la entrada al trabajo real, con criterios objetivos y sustituyendo discrecionalidad por reglas claras. Una pol�tica de reciprocidad, que d� m�s facilidades para entrar legalmente a quienes vienen de pa�ses que nos ayudan a controlar las salidas y a acoger de vuelta a los suyos. Una verdadera protecci�n de nuestras fronteras que luche contra las mafias que trafican con personas. Y un plan serio de retornos, con plazos claros y garant�as, especialmente para autores de delitos graves y multirreincidentes. Porque cuando la ley dice que alguien debe irse, debe irse.

Creo que Espa�a puede hacerlo mejor. Siempre ha podido, dejando atr�s los atajos y confiando en la inteligencia y el esfuerzo de su gente. Frente al atajo, hace falta pol�tica. Porque gobernar no es despachar urgencias, sino ordenar el tiempo largo de una naci�n. Eso es lo que Espa�a merece. Y es lo que me comprometo a darle, si los espa�oles as� lo deciden.