Crece la presión sobre el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, por su decisión de mantener en el puesto a presuntos responsables del accidente en la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año. El borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación apunta a la "responsabilidad personal" de los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, así como a la de otras cinco personas, entre ex consejeros y funcionarios.

Según las conclusiones del borrador, presentadas hoy en el Parlamento asturiano por la presidenta de la comisión, la diputada de Somos Asturias Covadonga Tomé, tanto Fernández como Roqueñí figuran como responsables políticos de lo ocurrido por su etapa al frente de la consejería asturiana que gestionaba el servicio de Minas. Liderando ese departamento también estuvo Belarmina Díaz, señalada también entre los responsables y que ya dimitió días después del accidente.

Otras responsabilidades personales determinadas en el dictamen por lo ocurrido son las de otro ex consejero, Isaac Pola, que fue director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) de 2020 a 2023, viceconsejero de la consejería competente entre 2023 y 2025 y asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens en la actualidad.

También figuran Alberto Quirino (jefe de sección), Santiago Berjano (jefe de servicio) y Gonzalo Martín Morales de Castilla, secretario general técnico y señalado como quien estableció el "argumentario jurídico" para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario, considerado clave en el siniestro. "Deben ser cesados de los puestos que ocupan", señaló Tomé en relación a las siete personas que figuran como responsables políticos.

Por su parte, el diputado del Partido PopularRafael Alonso lamentó que el presidente del Principado "siga sin reconocer" ninguna responsabilidad por el accidente "pese a las muchas voces que demandan que ya deberían haberse adoptado". "Parece evidente la responsabilidad política de los ex consejeros y altos cargos, que lo eran mientras todo ocurría y de un mecanismo que permitió a la empresa hacer una extracción ilegal de carbón que derivó en el accidente y por lo que están siendo investigados en el Juzgado de Cangas del Narcea", señaló Alonso en declaraciones recogidas por Europa Press.

El diputado del PP también subrayó que "la responsabilidad penal tiene un ámbito judicial, pero la responsabilidad política tiene otro ámbito y es una de las conclusiones lógicas de una comisión de investigación, pero nada impide al señor Barbón reconocer las responsabilidades políticas de sus altos cargos y promover las actuaciones necesarias para que esas personas, que ocupan cargos públicos, sean removidos de sus responsabilidades actuales, pues parece evidente que, cargos que son responsables políticos por hechos tan graves, no puedan seguir ocupando cargos públicos de responsabilidad".

La causa "inmediata y directa"

Según el dictamen elaborado por Tomé, la causa "inmediata y directa" del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera, sin ventilación reglamentaria ni circuito de evacuación adecuado. La comisión de investigación parlamentaria busca, en cualquier caso, analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno en los últimos años que desembocaron en el accidente del 31 de marzo de 2025.

En esta línea el texto señala que la Administración minera no causó directamente el accidente, pero "incurrió en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que favorecieron un contexto de riesgo no corregido".

Sin embargo, el portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Pelaéz, rechazó ayer que exista justificación para esos "señalamientos personales" e indicó que, en su opinión, el borrador no establece una relación de causa-efecto entre los procedimientos administrativos y la explosión de grisú que costó la vida a esos trabajadores.

"La responsabilidad directa es de la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad ilegal, no amparada por la Administración del Principado de Asturias", insistió Peláez, que precisó que hablaba en nombre de la "parte mayoritaria" del Gobierno del Principado, la socialista. En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU.

Los señalados

En relación a Nieves Roqueñí, que fue consejera entre agosto de 2023 y 2025, el borrador señala que era la titular del departamento competente en materia de industria y minería hasta poco antes de que se produjese el accidente. Además, con carácter previo ejerció de viceconsejera en esa misma Consejería entre los años 2019 y 2023, ostentando dicho cargo cuando se produjo el accidente de 2022.En el dictamen se explica que Roqueñí ostentaba la responsabilidad política y administrativa superior derivada de su posición como máxima responsable del departamento al que se hallaban adscritos los órganos con competencia en materia de autorización, supervisión e inspección minera.

Se aprecia responsabilidad, en primer lugar, por no haber ejercido una supervisión política reforzada sobre un expediente en el que ya había existido un accidente previo con víctimas mortales como era el relativo a la explotación minera de Cerredo, en el año 2022.Asimismo, desde su Consejería tampoco se impulsó la realización de ningún tipo de auditoría sobre la adecuación del marco autorizatorio de la explotación, pese a la notoriedad y sensibilidad del asunto, ni tampoco de la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC) y su ausencia de regulación.

Añade el texto que también resulta responsable por mantener durante su mandato una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras, sin promover las reformas estructurales necesarias para reforzar la capacidad inspectora, técnica y preventiva de la Administración autonómica.

De Enrique Fernández Rodríguez, en la Consejería competente en materia de minas entre julio de 2019 y agosto de 2023, se señala que era el titular de la Consejería competente en materia de industria y minería cuando se produjo el accidente de 2022 y continuó en ese puesto hasta agosto de 2023. "Por tanto, las responsabilidades señaladas para doña Nieves Roqueñí Gutiérrez son también trasladables a figura", se afirma en el borrador.

En cuanto a la ya dimitida Belarmina Díaz, que fue directora general en materia de minas entre 2017 y 2019 y consejera en materia de minas en el momento del accidente, se señala que firmó cuatro resoluciones de enorme trascendencia para el caso, en referencia a la de la autorización del proyecto de abandono de labores, la autorización de la transmisión a Combayl, la de transmisión a Blue Solving "sin acreditación de solvencia técnica y económica del cesionario y sin motivación en los fundamentos jurídicos" y la resolución que aprueba el PIC "sin amparo normativo expreso".

El dictamen considera que Díaz incurrió en responsabilidad por autorizar resoluciones que permitieron "la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera" y de "haber otorgado transmisiones concesiones sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada de la adecuación material de tales actos al marco jurídico aplicable ni a la situación real de la explotación", entre otras cuestiones.

En cuanto a Isaac Pola, el borrador alude a la dependencia funcional directa sobre la Dirección General competente en materia minera y señala que ostenta una responsabilidad política-operativa especialmente cualificada, derivada de su posición de supervisión directa sobre la estructura administrativa responsable de la tramitación, control y seguimiento de los expedientes mineros.

"Por tanto, se aprecia que incurrió en responsabilidad, en primer lugar, por no haber ejercido una fiscalización reforzada y efectiva sobre la actuación de la Dirección General competente en materia minera, pese a que el asunto de Cerredo se tratase de un expediente de extraordinaria sensibilidad técnica, jurídica y material. Asimismo, también ha contribuido institucionalmente al aval, consolidación o tolerancia administrativa de la figura del PIC como instrumento habilitante, sin promover una revisión jurídica o técnica de su adecuación normativa y material. Del mismo modo, también resulta responsable de las mismas cuestiones imputadas a su Consejera", señala el borrador.

El texto también incluye responsabilidades institucionales de la Administración del Principado de Asturias y recomendaciones entre las que figuran que se den anticipos de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares.

"Tensiones y presiones"

A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que los diferentes grupos parlamentarios asturianos presenten sus aportaciones al dictamen. Posteriormente se debatirán y se incluirán o no. La previsión es que el dictamen definitivo esté aprobado a finales de mayo. Existe la posibilidad de que existan votos particulares.

Covadonga Tomé comentó que la elaboración del dictamen fue "muy laboriosa" y que en el proceso no han faltado "tensiones y presiones". Además, ha lamentado que la documentación que solicitó la comisión de investigación sobre el asunto se les trasladó de forma "absolutamente desordenada". "La mayoría de la documentación no cumple con la definición legal de expediente administrativo", detalló Tomé, "son documentos, papeles deslavazados, sin índice, sin orden. Dificultó bastante las labores de la comisión".

Tomé se refirió al reciente informe de la Inspección General de Servicios sobre el servicio de Minas. "Coincidimos bastante con el análisis de ese informe tan exhaustivo, aunque un poco descafeinado en cuanto a las consideraciones finales y en cuanto a las propuestas", apuntó.