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La comisión de Igualdad ha rechazado la creación de un cupo trans del 1% en el empleo público. La proposición, registrada a iniciativa de Podemos, ha sido inadmitida con 17 votos en contra, 12 abstenciones y sólo 6, a favor.
Frente a la defensa que ha hecho la secretaria general de los morados, Ione Belarra, de la Ley trans -germen de esta propuesta- como un "mandato claro para las administraciones públicas", la diputada popular Sofía Acedo ha recordado que "hay que garantizar los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans desde la libertad y la igualdad, no desde el señalamiento".
Reivindicando a su predecesora, Belarra ha aprovechado para cargar contra el Ministerio de Igualdad, que en esta legislatura ha presentado sólo un Proyecto de Ley Orgánica, registrado y aprobado en diciembre de 2023. Así, la líder morada ha cargado contra el Gobierno al asegurar que "vive de las rentas de lo que hizo Irene Montero" al frente de la cartera.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha metido la lucha feministra y por los derechos LGTBI en un cajón", ha señalado, y a su juicio "la Ley trans existe a pesar del PSOE", ha señalado Belarra, que ha afeado al Ejecutivo las "medidas de maquillaje" en esta materia.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Lázaro Azorín, ha expresado "preocupación por las dificultades de las personas trans en el acceso al empleo", toda vez que ha recordado que "ya hay un marco normativo" y unas "premisas que rigen el acceso al empleo público" que hay que "respetar".
Al hilo, la líder de Podemos ha asegurado que la que propone es "una medida de acción positiva" frente a "uno de los mayores despliegues de la derecha contra la Ley trans". De esta forma, Belarra ha propuesto "garantizar que el 1% de las plazas de empleo público estén reservadas para estas personas" porque, según ha dicho, "casi la mitad de estas personas no pueden trabajar porque sufren la más cruda discriminación".
Sin referirse a los no pocos escándalos de fraude registral, Belarra ha ironizado sobre los "discursos de sospecha" de la derecha, que carga contra la obtención de "privilegios", ha dicho. De ahí que el PP haya insistido en que la norma "ha generado enormes conflictos jurídicos e institucionales y ha promovido el fraude", mientras que la diputada de Vox, Rocío Aguirre, directamente ha calificado la norma de "infame".
La norma, aprobada en febrero de 2023, fue uno de los buques insignia de Irene Montero durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad. Permite que las personas que así lo deseen puedan cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de informes médicos y basándose solo en una declaración de identidad, lo que hasta ahora ha dado pie al fraude registral, así como a un cisma dentro del movimiento feminista.
Por otra parte, la Comisión ha instado aprobar de manera urgente la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos para cumplir con la trasposición de la directiva europea correspondiente. Este proyecto, que se fraguó durante la etapa de Irene Montero, era uno de los objetivos de la ministra Ana Redondo, que aseguró en septiembre del año pasado que esperaba sacar el proyecto adelante durante aquel otoño.
No sólo no ha sucedido, sino que el próximo 15 de julio expira el plazo para trasponer esa directiva o "tendremos que pagar la multa que nos imponga la UE", ha advertido el diputado del PP Jaime de los Santos. Tanto Sumar como Vox han manifestado que es "deseable" acabar con la trata, aunque han expresado sus reticencias para con la motivación de los populares.
Por su parte, la diputada socialista Noelia Cobo ha defendido el trabajo del Ministerio de Igualdad que capitanea Ana Redondo: "Está trabajando en su tramitación y se incorporarán las modificaciones necesarias", ha asegurado. Sin embargo, el bloqueo legislativo en el que se encuentra el Gobierno dificultará que dicha ley salga adelante.
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