Una veintena de personas aguarda en los alrededores del Consulado de Marruecos en Sevilla en la isla de la Cartuja. No hay colapso ni colas ni se espera tampoco ninguna avalancha. Casi todos los que deambulan por la zona son inmigrantes indocumentados que quieren inscribirse en el proceso extraordinario de regularización que acaba de iniciar el Gobierno. Y necesitan documentos que debe proporcionar esta oficina, como el certificado que acredite que carecen de antecedentes penales.

Bouzza, un marroquí de 40 años que lleva más de una década en España con todos sus papeles en regla, está contento. Acompaña a dos compatriotas, uno de 25 años y otro de más de 30 que apenas hablan español y llevan más de un año residiendo en Palma del Río (Córdoba) de forma irregular. Les va a ayudar con el papeleo en el Consulado y está satisfecho porque han conseguido cita para la misma mañana y confían en poder regresar en unas horas a su localidad de residencia.

Pero no todo son alegrías. El proceso de regularización ha llenado de esperanza a muchos inmigrantes que tratan de buscarse la vida y un trabajo digno, pero también ha avivado la picaresca. Las asociaciones que trabajan con ellos han detectado que hay abogados que están cobrando hasta 600 euros por trámites que valen no más de 50 euros, según explican a EL MUNDO fuentes de Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y no sólo lo hacen los letrados.

«Los querían engañar. Les pidieron 200 euros a cada uno para echarles una mano con los papeles, ¡pero si no tienen dinero ni para comer! ¡No tienen nada!», cuenta enfadado Bouzza porque no entiende que un compatriota les haya solicitado tal cantidad de dinero a unas personas que están tan necesitadas.

El más joven del trío, Mohamed, quiere trabajar en el campo. En Palma del Río, conocida por sus naranjas, se necesita mano de obra en el campo. «Si no tienes la documentación, es difícil encontrar trabajo, pero algunas empresas sí te cogen. Depende», explica Bouzza, que trabaja de fontanero desde que llegó a España. Cuenta que sólo descansa dos días al mes y tiene empapelados los locutorios de inmigrantes en Palma del Río con su número de teléfono por si alguien necesita un arreglo de fontanería. Combina su trabajo en una empresa con los avisos de particulares que atiende fuera de su horario laboral.

Aunque ahora le van bien las cosas y no le falta trabajo, no olvida que llegó a España en los bajos de un camión, jugándose la vida. Entonces, durmió en la calle porque «no tenía nada, pero pedí ayuda y me la prestaron; lo mismo que yo estoy haciendo ahora con ellos», relata.

Los tres marroquíes no tienen inconveniente en retratarse para este diario y decir sus nombres, pero no todas las personas que aguardan junto al Consulado lo hacen. Algunos tienen miedo de ser detenidos y otros no quieren que sus jefes los puedan ver en los medios.

Una señora de más de 50 años que se ha desplazado desde la localidad jiennense de Andújar hasta Sevilla evita dar su nombre y no quiere fotos. Pero sí cuenta que trabaja de interna en una casa, tiene seis hijos y no tiene papeles. Lleva tres años en España y confía en poder regularizar su situación en este proceso. Tampoco están regularizadas tres mujeres marroquíes que se han desplazado desde Huelva y que suelen trabajar en la «fresa, la mora y todo lo que haya». Las acompaña otra persona que hace de traductor y las lleva en coche. «No se atreven a montarse en un autobús de línea porque creen que puede haber controles y temen que, sin los papeles, van a tener problemas», aclara.

Toda la mañana "dando tumbos" en Valencia

El colapso en Valencia no estuvo en la Oficina de Extranjería ni en las oficinas de Correos, sino a las puertas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el padrón y las ONG que colaboran en el proceso. Las peticiones eran dos: un empadronamiento especial -preciso para las personas que comparten piso- y, sobre todo, el certificado de vulnerabilidad. En las oficinas municipales, la cola que daba la vuelta al edificio desde primera hora de la mañana y que llevó a la alcaldesa, María José Catalá, a criticar que el proceso de regularización se hubiera hecho "sin contar con los ayuntamientos". "Si las colas estuvieran ante las delegaciones del Gobierno, otro gallo cantaría", advirtió.

Entre quienes llegan hasta allí, había quien tenía claro qué necesitaba. Otros, no. Muchos rellenaban en la puerta el documento de solicitud que tenían que sellarles. Melinda, cubana, no llegó ni a ese trámite. Se pasó toda la mañana "dando tumbos de un lado para otro buscando quién nos hace el certificado porque es el único documento que me falta". Del ayuntamiento, a extranjería y de allí, a una ONG. Felipe y Fátima trabajan con Valencia Acull y también estaban sobrepasados. "Nos los mandan a todos para acá cuando ellos también pueden darle solución", lamentan. Ellos se esforzaban en explicar que el certificado de vulnerabilidad no todo el mundo lo necesita y que no lo expedirán hasta el jueves, hasta que el Ministerio les aclare cómo debe ser formalmente. "No sabemos si tiene que tener la firma manual o electrónica. Es algo que nos tienen que aclarar para no dar pasos en falso", explicaban rodeados de mil preguntas.

50.000 irregulares en Málaga

Se estima que sólo en la provincia de Málaga viven alrededor de 50.000 personas en situación irregular, es decir, son extranjeros que no disponen ni de permiso de trabajo ni de residencia. Para muchos de ellos, los que pueden demostrar que ya llevan un tiempo en España, este lunes 20 de abril ha arrancado el proceso para solicitar presencialmente "los papeles". Si bien para las solicitudes online el procedimiento se puede realizar desde el jueves pasado.

Carmen, venezolana afincada en la Costa del Sol desde hace años, se lamenta de lo que están viviendo algunos de sus allegados para regularizar su situación. "No es tan fácil como lo pintan. Está todo colapsado y siempre falta un papel".

Al final, cuenta a EL MUNDO mientras atiende a una de sus clientas en el centro de estética donde trabaja, "no te queda más remedio que recurrir a un abogado para que te lo haga y así, asegurarte de que está todo bien".

Del estado de Monaga, ubicado en la zona oriental de Venezuela, es Reinaldo. Él es uno de los cientos de extranjeros que residen de forma irregular en Marbella. Se mudó a España, cuenta a este diario, hace un año y seis meses. Le ha pesado dejar atrás todo lo que es importante para él y muy especialmente a las personas a las que más quiere, entre ellas, a su hija de 13 años, pero "la situación en mi pais era insostenible. No teníamos como atender lo básico y no me quedó de otra".

En Venezuela trabajaba en el sector del transporte público, en España le está resultando muy complicado, por no decir que "prácticamente imposible", aclara. "Lo primero que te preguntan es si tienes los papeles en regla", explica, y a partir de ahí, "nada".

"Da igual la experiencia que tengas. Cuando eres inmigrante y no tienes la documentacion en regla tienes que asumir que vas a trabajar en cualquier cosa. No tienes derecho a nada, ni puedes reclamar nada y lo sabemos porque tampoco tenemos ninguna responsabilidad con el país", dice, por eso sueña con regularizar su situación y contribuir y así sentirse "un ciudadano de pleno derecho".

Para Reinaldo, "los papeles son trabajo, estabilidad en lo económico, pero también como ciudadano". Son, sobre todo, una luz al final del camino, esperanza en ese futuro mejor que vino a buscar para él y los suyos.

En el sector de la limpieza trabaja Mariana, tiene 19 años y es colombiana. Los cuatro miembros de su familia, su hermano, su madre y su padrastro están deseosos de solicitar los papeles, indica, aunque no han podido hacerlo todavía. Están pendientes de recibir, precisa, un certificado de vulnerabilidad que les tiene que expedir el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el municipio en el que están empadronados actualmente.

"A nosotros nos ha pillado preparados y lo tenemos todo listo", comenta con una sonrisa. En su casa han hecho los deberes y asesorados por compatriotas que se mudaron a España antes que ellos, desde el momento en el que llegaron al país comenzaron a guardar las pruebas que les permiten hoy demostrar su arraigo: justificantes de transferencias de dinero a su familia en Colombia, informes médicos, certificados de empadronamiento y hasta tíquets del supermercado. Cualquier documento que confirme que viven aquí es válido de cara a la obtención del permiso de residencia.

Mariana está encantada con la idea de poder tener sus documentos arreglados. La sonrisa que se le dibuja en la cara cuando lo comenta es prueba inequívoca de ello.

Ella y su hermano mayor, que tiene ahora 26 años, llegaron a España hace algo más de año y medio desde el departamento de Risaralda, en el centro oeste del país, en la región andina. Su madre y su padrastro vinieron un año antes. Cuando el matrimonio estuvo asentado, se trasladaron también los hijos.