El Congreso tumba por segunda vez este tema pero ahora por supeditarlo Junts al traspaso de competencias migratorias
Una mujer vestida con velo integral paseando por Barcelona.ARABA PRESS
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El intento de prohibir el uso del velo integral -el burka y el niqab- en los espacios públicos, ha decaído por segunda vez en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión la propuesta estaba firmada por Junts y, aunque el fondo principal de la iniciativa podría haber recabado el respaldo de una mayoría, finalmente fracasó por la pretensión de ligarla a la exigencia de transferir a la Generalitat las competencias en materia de seguridad, control de fronteras y emisión de documentos de identidad para controlar la inmigración.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios aseguran ser contrarios al uso de estas prendas pero buena parte de los mismos nadan entre dos aguas, porque si bien afirman rechazarlas por ser símbolos de opresión, ponen sobre la mesa la paradoja de que prohibiéndolas sólo se lograría "aislar y excluir" a las mujeres del espacio público forzándolas a recluirse en el ámbito privado donde sí, argumentan, padecen la violencia machista.
Pese a esta postura, generalizada entre las formaciones de izquierda, hubo un intento por parte de Sumar de intercambiar cromos con Junts, de manera que los primeros ofrecerían ayudar a la toma en consideración de la propuesta de prohibir el velo integral a cambio de que estos garantizaran su respaldo al decreto de prórroga de los precios del alquiler.
Esta jugada ha provocado un intenso debate interno dentro de Sumar. Y no por el contenido en sí de la norma, sobre la que se estaba en esencia en desacuerdo. Sino por si se arriesgaba haciendo un gesto político hacia los de Puigdemont para ver si así aflojaban en sus exigencias sobre vivienda y permitían la aprobación la próxima semana del real decreto.
Finalmente no hay guiño alguno y Sumar vota en contra. El socio minoritario del Gobierno sopesaba la alternativa de abstenerse en la votación pero las tesis más políticas han ganado a las pragmáticas. Y ha sido básicamente porque Junts no ha dado ninguna garantía de que un gesto de ese calibre, intrascendente para el resultado final, fuera a cambiar su voto la próxima semana sobre los alquileres. Fuentes dentro del grupo de Sumar consideraban que esas garantías de Junts tenían que ser la condición mínima para un cambio de voto.
El desenlace, pues, vislumbra a una semana de la votación del real decreto ley de alquileres que las posiciones con Junts no están avanzando hacia un acuerdo y que el Gobierno sigue sin tener los votos para la convalidación, como ya asumía el PSOE cuando desgajó el contenido sobre alquileres en un segundo decreto por el alto riesgo de que fuera tumbado por el Congreso. Pese a esto, fuentes de Sumar señalan que no hay tantas diferencias con Junts en alquileres y que las conversaciones van "bien". Pero que está pesando más la relación que los de Puigdemont quieren mantener con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El debate en el Congreso sólo ha arrojado una difusa promesa encabezada por el PSOE y apoyada por la mayoría de sus socios de crear una subcomisión de estudio en la que comparezcan expertos y se escuche la voz de las propias afectadas para afontar "con rigor y seriedad" la dicotomía entre defensa de la igualdad y la no discriminación y la libertad religiosa.
Junts defendió su proposición haciendo hincapié en que el uso del velo integral "atenta contra la dignidad de la persona" y "vulnera los derechos de las mujeres". Se trata de un debate, defendió su portavoz, que "no puede hacerse ni desde el racismo de Vox y sus imitadores en Cataluña ni desde el populismo y la superioridad moral de la izquiera alejada de la realidad de las calles".
Para esta formación, el pleno reconocimiento de la libertad religiosa "no puede amparar prácticas que excluyan y releguen a las mujeres convirtiéndolas en una no presencia". "No puede admitirse", insistieron, "el patriarcalismo de una mujer escondida bajo un velo".
Los socialistas afirmaron rechazar el uso del velo pero no compartieron la manera en que la derecha pretende abordar su regulación. El PSOE insiste en que el burka y el niqab no representan un problema de seguridad y afean a Junts el intento de mezclar esta cuestión con la reclamación de competencias. Para el PSOE hay que preocuparse más del espacio privado que del público porque las mujeres que usan burka o niqab donde padecen un problema de violencia machista es en sus casas.
Para el PP resulta "increíble y lamentable" que se trate de circunscribir el problema a la forma de vestir de las mujeres. Los populares están a favor de la prohibición de estas prendas rechazaron la proposición de Junts por incluir "por la puerta de atrás" la transferencia de competencias en materia de seguridad, control de fronteras y emisión de documentos de identificación a Cataluña.
Podemos tachó de "peligrosa" la intención de Junts y aseguró que la regulación del velo integral "ni es urgente, ni supone un problema de seguridad". Para este grupo, prohibir el velo "vulnera la libertad religiosa".
Los nacionalistas vascos se mostraron a favor de crear una subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional para estudiar el problema, mientras EH Bildu, que también aseguró estar en contra del burka, no dudó en comparar la decisión de usarlo con la de los cofrades que en Semana Santa procesionan con el rostro tapado. Así tacharon la propuesta de Junts de "reaccionaria" y advirtieron que, de aprobarse, empeoraría las condiciones de vida de las mujeres. También ERC criticó a Junts por su "mala fe" por la mezcla de cuestiones que recogía su iniciativa. Para Esquerra, la presencia de burkas y niqab "es anecdótica".