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El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que sacude los cimientos de la política española al imponer la primera sentencia por corrupción en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ex ministro de Transportes y antiguo "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido condenado a 24 años de prisión por su implicación en el llamado 'caso mascarillas'. Junto a él, su ex asesor Koldo García ha recibido una pena de 19 años de cárcel. A pesar de la contundencia de las penas para los exmiembros del Gobierno, el foco mediático y político se ha desplazado hacia la figura de Víctor de Aldama.
El considerado "nexo corruptor" ha sido sentenciado a 4 años y medio de prisión, pero el Alto Tribunal ha decidido suspender su entrada en la cárcel al valorar su "aportación al descubrimiento de los delitos". Esta decisión ha generado un profundo malestar en las filas socialistas. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado con dureza e ironía a través de sus redes sociales: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión".
Puente ha calificado la resolución como una "sentencia tremendamente aleccionadora", mientras que otros sectores del Gobierno hablan de una "desproporción sangrante" entre las condenas. La noticia se conoció mientras el presidente Pedro Sánchez clausuraba un foro ante la plana mayor de su gabinete. Desde La Moncloa, las fuentes oficiales han intentado marcar distancias con los condenados: "Lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".
Sin embargo, en el seno del PSOE existe una inquietud latente. La preocupación no radica solo en la condena de Ábalos, sino en el mensaje que el beneficio a Aldama envía a otros investigados en tramas que cercan al partido, como el caso de la fontanera Leire Díez o las investigaciones que afectan al entorno del expresidente Zapatero. Díez ya lanzó una advertencia clara en una entrevista reciente: "Sé mucho más de lo que sale en las agendas, valgo más por lo que callo que por lo que digo".
Fuentes gubernamentales admiten el temor a que otros implicados decidan ahora colaborar: "Si Julito le delata, estamos muertos". Desde el socio de coalición, Sumar, también han llegado reproches por los beneficios otorgados al empresario Aldama. La diputada Aina Vidal ha tachado de "lamentable" que la Justicia permita que los corruptores eludan la cárcel.