El PP lo ve un "parche" y alega que el Estado acumula una deuda millonaria con las comunidades por los años en que la Administración General no asumió el 50% del coste del sistema
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ayer en rueda de prensa en La MoncloaEFE
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Varios dirigentes del espacio a la izquierda del PSOE comparecieron ayer en rueda de prensa e iniciaron su intervención con tono de celebración. "Felicitándonos", en palabras de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero. La alegría venía porque el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley que contempla la mayor inversión del Estado en dependencia de la democracia: casi 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. El hito no es solo la cifra, sino lo que supone para el sistema: la Administración General del Estado pasará a financiar, a partir del año que viene, el 50% del sistema de dependencia, un "compromiso político" que el PSOE selló con Sumar en el pacto que dio pie al actual Gobierno de coalición.
Así, el socio minoritario del Ejecutivo celebró ayer la culminación de esta meta, que vendió Pedro Sánchez en una intervención a primera hora de la mañana, pero cuya consecución corresponde al Ministerio de Derechos Sociales (de Sumar). "Esto es lo que más sentido le puede dar a la política y también a la acción de un gobierno", valoró el titular de esta cartera, Pablo Bustinduy, y esa tesis la exprimieron otros dirigentes del espacio, esgrimiendo el argumento de que, pese a los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, aprobar medidas como esta dota de sentido a la legislatura.
"Para aquellos que nos quieren vender la moto de que este Gobierno está paralizado y que no tiene capacidad para poder seguir avanzando, creo que este es muy buen día para demostrar que no es cierto", sostuvo la portavoz de Comunes en el Congreso, Aina Vidal, una explicación a la que se abonaron otros dirigentes del espacio. "La fiabilidad del PSOE tiene que demostrarse en que se adoptan las medidas adecuadas", defendió Barbero, que llegó a apuntar a que su exigencia de "responsabilidad" a Sánchez apela a la puesta en marcha de estas políticas, sorteando así las preguntas sobre si el presidente debe tomar otras decisiones por los casos de corrupción. También Alberto Ibáñez, de Compromís, expuso que continuar con la legislatura "sirve si hacemos cosas", y elevar la inversión en dependencia es una de esas "cosas".
La dotación económica que aprobó Moncloa responde a una reclamación extendida entre las comunidades, pues estas, en 2024, asumieron de media el 73% de la financiación destinada al sistema de dependencia. En 2027, el gasto será compartido a medias con la Administración General, que ese año destinará 7.239 millones de euros a ese fin -en 2024, fueron 3.478-. Además, la reforma se ejecuta con carácter estructural -no es una inversión puntual-, dado que lo que se modifica son las cuantías que el Estado asume por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Esto compromete los fondos de cara al futuro, y revierte los más de 10 años en que gobiernos centrales de PP y PSOE no han satisfecho la reclamación de las comunidades de una financiación compartida.
Las autonomías, sin embargo, no quedaron ayer del todo satisfechas, pues alegaron que acumulan una deuda millonaria por los años en que el Estado no ha asumido ese 50% de contribución económica. "La dependencia necesita financiación estructural, no parches", esgrimió la vicesecretaria popular Carmen Fúnez.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana -una de las más infrafinanciadas- reclama al Estado una deuda de 3.911 millones de euros por el "desfase" en el reparto de los fondos durante los últimos años -en 2024, la Generalitat asumió casi el 80% del coste del sistema-. También la Comunidad de Madrid, que ese año financió el 72% del gasto en dependencia, tildó de "burla" la inversión anunciada ayer, señalando que el Estado acumula una deuda de 3.400 millones con esta región.
En todo caso, la aportación de la Administración General a la financiación del sistema de dependencia ha sido históricamente desigual entre las autonomías: en 2024, el Estado asumió solo el 15% de los fondos requeridos en País Vasco o el 19% en Baleares y Navarra, frente a más del 38% en La Rioja o el 36% en Castilla y León. La reforma salida del Consejo de Ministros equiparará todas esas cifras, elevándolas al 50%, siempre que el Congreso convalide el decreto.