El Gobierno ha salido en bloque este martes a cuestionar la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la esposa del presidente, Pedro Sánchez, tras la publicación del auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez por la presunta comisión de cuatro delitos relacionados con su actividad privada. No sólo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reafirmado en sus críticas, a pesar de haber sido cuestionado por varias asociaciones profesionales. También el titular de la cartera de Transportes se ha sumado a esta línea argumental yendo un paso más allá y sin necesidad de que se le haya preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo de este martes.

"Me vais a perdonar. Es que claro, quedarme sin opinar en esto me va a costar...", ha empezado Óscar Puente tomando la palabra por su cuenta. "Los cargos públicos y sus familias, sin distinción, tienen que estar sometidos a la acción de la Justicia y al imperio de la ley, faltaría más. Pero tan importante como eso, no sé si más, es que los cargos públicos no sean perturbados como consecuencia de ser cargos públicos o familiares de cargos públicos. Ésa es la pregunta que hay que responder: ¿estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente?", ha lanzado, añadiendo que se puede "deducir perfectamente" lo que él piensa de la cuestión.

En su argumentación, el ministro ha señalado que se ha leído los 39 folios del auto y que después de haber ejercido 20 años como abogado hay muchísimas cosas que a él le "cuesta entender" incluso siendo jurista. A lo que ha agregado: "No sé si el jurado se va a enterar de lo que está en juego si los que hemos ejercido el Derecho no somos capaces de entenderlo". De esta forma ha referido al tribunal popular de ciudadanos elegidos por sorteo que tendría que dictaminar si la mujer del presidente incurrió en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación por su actividad privada.

De su lectura minuciosa, Puente ha enumerado que no sabe "lo que se le reprocha a Begoña Gómez", ni "cuál es el ilícito en su comportamiento" y afirma que no ve "por ningún lado el ánimo de lucro" que, en su opinión, "debería estar consignado" en la resolución del magistrado. Además, ha apuntado que el proceso se inició "como consecuencia de una organización política de extrema derecha" -en alusión a HazteOír- y que "contravino abiertamente la doctrina del Tribunal Supremo que dice que las causas no pueden abrirse a base de recortes de prensa".

Además, el titular de la cartera de Transportes ha incidido en que los promotores de la denuncia, tras presentarla, indicaron que "puede que haya bulos" entre los hechos que incluyen en la misma y que la asesora de la mujer del jefe del Ejecutivo, Cristina Álvarez -también imputada-, "no existía al principio y resulta que ahora es elemento central". "Se acaba poniendo en marcha un procedimiento, que vamos, si eso no es prospectivo que baje Dios y lo vea", ha agregado con una de las alusiones religiosas que ha entreverado en su argumentación.

En su extenso discurso al respecto, Puente ha dicho que el "afán" del juez Peinado "por aparentar imparcialidad no ha existido en ningún caso" y que "tendría que haber hecho al menos un mínimo esfuerzo". En este sentido, ha remarcado que se han visto "cosas insólitas" en la instrucción, como que se trasladara a Moncloa para tomar declaración al jefe del Ejecutivo o que pidiera una tarima "para estar por encima" del ministro de Justicia, al que intentó imputar, "y le dice el órgano superior que es que no hay por donde cogerlo":

"El Gobierno no tiene por costumbre cuestionar el sistema judicial por sistema, pero en este caso concreto, hombre...", ha agregado ejerciendo el papel de portavoz de facto sentado justo al lado de la compañera que sobre el papel tiene encomendada esta función, Elma Saiz. "Más allá de lo que expresen las asociaciones deberían estar preocupadas por la imagen de la Justicia que generan este tipo de causas", ha concluido el ex alcalde de Valladolid.

Bolaños se reafirma

Por su parte, Bolaños no se ha retractado de las críticas a la instrucción de Peinado -tras decir que "ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país y a muchos jueces y magistrados"-, sino que las ha reiterado argumentado que sus consideraciones al respecto son "absolutamente respetuosas": "En el ejercicio de mi libertad de expresión yo califico resoluciones judiciales".

"Mi opinión es conocida y muy compartida por muy buena parte de la sociedad española y de la carrera judicial que está preocupada por cómo algunas resoluciones pueden afectar al buen nombre de la Justicia. Afortunadamente, hoy España es un Estado de Derecho y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en Derecho. Por eso, manifestar una vez más mi confianza absoluta en la Justicia", ha añadido el responsable de esta materia en el Gobierno.

También la auténtica portavoz oficial ha querido sumar su voz a las duras consideraciones de sus compañeros de mesa -a pesar de que a ella tampoco se le había preguntado directamente por el particular- proclamando que cree en "la inocencia de Begoña Gómez, una mujer con una trayectoria personal y profesional intachable". "En frente hay un acto que, como jurista que soy, tiene aspectos que desde luego son inéditos, que van más allá de lo jurídico. Yo también confío en que la Justicia haga Justicia, pero no es incompatible con criticar unos procedimientos, afortunadamente los menos, que la desprestigian profundamente", ha recalcado Saiz.