Denuncian la vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir la corte de garantías que prevalezca "un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad técnica".
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
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La Asociación de Fiscales y el propio afectado, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el fallo del Tribunal Constitucional que ampara los 'dedazos' en la cúpula fiscal, según informan fuentes fiscales a EL MUNDO.
El pasado mes de enero, el Constitucional revocó dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores -frente a De la Rosa- dando vía libre a que el fiscal general ignore los criterios de mérito y capacidad cuando designe a los fiscales de la máxima categoría de la carrera fiscal. Aquella controvertida decisión contó con duros votos particulares de los magistrados del sector conservador del TC.
La Asociación de Fiscales recalca ahora que la corte de garantías ha obviado los principios de mérito y capacidad con ese fallo y que, además, erró al no haber anulado el auto de admisión del recurso de amparo del fiscal Esteban ya que en el mismo participó el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien después se abstuvo de intervenir en el proceso judicial por haber sido jefe de ambos fiscales como fiscal general del Estado en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Después de que Conde-Pumpido decidiera abstenerse en el procedimiento, De la Rosa pidió que se anulara el auto de admisión del recurso de amparo pero el TC rechazó hacerlo.
Los recurrentes denuncian la vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir la corte de garantías "un sistema en el que criterios ajenos a la capacidad técnica pueden resultar determinantes en la designación de cargos en el ámbito de la justicia".
El caso de Esteban fue especialmente paradigmático dentro de la Fiscalía, ya que evidenció la sesgada política de nombramientos llevada a cabo por Dolores Delgado como fiscal general del Estado, basada en afinidades personales y asociativas más que en méritos profesionales.
El Supremo, en pie de guerra
En abril del año 2022, el Supremo anuló por primera vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores alegando tanto la falta de motivación en la designación como el abismo existente entre su currículum y el del otro aspirante a la plaza, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa. Pese a ello, la entonces fiscal general Dolores Delgado volvió a nombrar a Eduardo Esteban para el cargo obviando que el Alto Tribunal había sentenciado que se trataba de una plaza de especialista y que los currículos entre los dos aspirantes no eran parangonables; entre otras cuestiones, porque De la Rosa era ya fiscal de la máxima categoría cuando solicitó la citada plaza discrecional y contaba con una prolija trayectoria en materia de Menores. La Sala Tercera, en un hecho insólito en toda la historia de la Fiscalía, anuló por segunda vez el nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores.
Sin embargo, el Constitucional -con la imposición de la mayoría progresista- acabó dando la razón al fiscal Eduardo Esteban, en dos sentencias en las que argumentó que "las plazas de fiscales de sala, esto es, de la categoría primera de la carrera fiscal, están específicamente insertas en la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección inmediata del fiscal general". Este controvertido fallo, que puso en pie de guerra al Supremo, será previsiblemente revisado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, ha señalado que "hemos presentado esta demanda porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad".
En este sentido, la Asociación advierte de que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional, al debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de Derecho.