La conselleria de Educación y los cinco sindicatos que representan a los docentes en la Comunidad Valenciana alargaron hasta la madrugada la reunión que comenzó a las cuatro de la tarde con la que se pretendía llegar a un acuerdo para acabar con la huelga indefinida. Y es que las posiciones se mantuvieron alejadas, especialmente en el punto de la revisión salarial, aunque la Administración lanzó su propuesta definitiva, con la que pretendía firmar el acuerdo, en torno a la 1.30 horas: el incremento retributivo llegaría a los 200 euros.

Mientras los representantes sindicales consideraban el nuevo borrador de acuerdo como un paso más para avanzar en la negociación, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, advirtió que era el máximo al que podían llegar y pidió la desconvocatoria de la huelga, algo a lo que los sindicatos se negaron. Por tanto, sin acuerdo y con la huelga en pie, las conversaciones continuarán este martes a las 14 horas.

Mientras los sindicatos se sentaron a la mesa cifrando la mejora entre los 480 y los 550 euros al mes, la Generalitat comenzó ofreciendo una subida de 120 euros en el complemento específico autonómico: 60 euros a partir de enero de 2027 y otros 60 en julio. Era una subida respecto a los 75 euros iniciales, tal y como se habían comprometido la consellera Carmen Ortí e incluso el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero pasada la medianoche, cuando abordaron ese último punto de las negociaciones, todos los sindicatos consideraron la propuesta "insuficiente".

Fue entonces cuando la consellera Ortí pidió un receso de media hora para presentar una nueva oferta. Pasada la 1.30 de la madrugada, la conselleria presentó un nuevo borrador de acuerdo en el que la mejora retributiva se incrementaba hasta los 200 euros mensuales, con un calendario pactado de cómo se reflejaría en las nóminas: 75 euros en septiembre de 2026, 75 más en enero de 2027 y 50 en enero de 2028, una vez acabada la legislatura. Además, añadían la negociación de la implantación de días libres, una solicitud sindical, y el reconocimiento a la desconexión digital del profesorado.

UGT fue el primero de los sindicatos que rechazó este incremento. "Hubiera sido una buena propuesta para comenzar a negociar, pero es insuficiente", valoraron.

Desde Educación ya se había explicado que el incremento de 120 euros mensuales, 1.680 euros brutos anuales, situaría al 70% de los maestros y profesores valencianos como los cuartos mejor pagados de España. De media, el sueldo de un maestro sin antigüedad sería de 36.436 euros y el de un profesor sin complemento sería de 40.630 euros, lo que comparado con el sueldo medio de los valencianos, significa que los maestros cobrarían un 42,2% y los profesores un 58,87%.

Eso no convenció a los representantes de los trabajadores, que durante toda la tarde estuvieron respaldados por centenares de profesores llegados de toda la provincia a las puertas de la Conselleria. Desde el STEPV recordaron que la Generalitat ha recaudado un 17% más en impuestos el último año y que se van a ahorrar 35 millones en sueldos por esta huelga, que quieren que se destinen a esa mejora retributiva. "Dinero hay. Lo que no queremos son excusas", aseguraron. Desde UGT también se consideró la propuesta alejada de las reivindicaciones y ni siquiera incluía la revisión anual del IPC.

La última propuesta, considerada el "tope" al que podía llegar, tampoco incluía la revisión basada en el incremento del coste de la vida.

MESAS TÉCNICAS

Sí hubo avances en otras cuestiones, pero casi todas quedaron pendientes de las negociaciones en mesas técnicas más concretas. Por eso en el último documento apenas aparecieron modificaciones.

Es el caso de la bajada de la ratio. Educación incluyó un compromiso para bajar el número de alumnos a 22 en Infantil a partir del curso 27/28, pero en Primaria, Secundaria y Bachillerato se ajusta a la propuesta del Ministerio en los cursos del 27/28 al 29/30. En el caso de las aulas que atienden a alumnado con necesidades especiales, la ratio se reducirá a ocho alumnos, como también las aulas del primer ciclo de Infantil.

Los sindicatos, en cambio, exigen que esas bajadas se materialicen antes de 2030 y Educación defendió que es imposible que se aplique en el próximo curso. El punto medio fue alcanzar un compromiso de reducción "en un periodo breve".

También se comprometió la Administración a abrir una negociación para la revisión de las plantillas, aunque el secretario autonómico matizó que "los recursos son limitados", pero que habrá una "propuesta aceptable" antes de que acabe el curso. No fue suficiente para algunos sindicatos.

En inclusión, Educación incrementó el número de aulas de atención a necesidades especiales y abrió la puerta a que el personal de apoyo deje de estar suscrito a Función Pública y pase a depender del departamento educativo. Además, acepta la creación de 135 plazas de especialistas en Audición y Lenguaje en la futura orden de plantillas, que no formarán parte del plan de Recursos Extraordinarios para la Mejora Educativa (REMA).

En cuanto a infraestructuras, la Conselleria acepta convocar una mesa inmediata con la dirección general de infraestructuras para conocer el estado real de los centros, el estado de las obras que aquellos afectados por la dana y el plan de climatización que se comprometen a poner en marcha.

Reclamaban también los sindicatos cambios en la Ley de Libertad Educativa para proteger el valenciano, algo que la conselleria recordó que depende de las Cortes Valencianas, pero sí explicó que se modificará el decreto de Bachillerato para que "quede claro" que no excluyen a autores no valencianos en la asignatura. El compromiso es buscar mejoras para el fomento del valenciano "en el marco de la Ley". Uno de los sindicatos de la mesa reclamó el desarrollo de toda la Ley, algo que se incorporó al último borrador y que los sindicatos mayoritarios rechazaron frontalmente.

Una de las principales novedades que incluyó la conselleria es un plan piloto para la sustitución anticipada del profesorado en Primaria. Consiste en dotar a los centros de un maestro, o medio, en función del número de unidades, como recurso estable durante todo el curso, preferentemente de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, que permitiría cubrir una baja de manera inmediata. En el caso de haber dos o más, se seguiría el trámite habitual. Esta medida solo afectaría a Primaria. Para Secundaria, el compromiso solo pasa por "optimizar" el actual sistema, especialmente en el caso del profesorado que atiende a alumnos con necesidades especiales o imparte clase en segundo de Bachillerato. No convenció a los sindicatos esta propuesta, que ven muy poco concreta.