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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra la política migratoria del Ejecutivo tras la aprobación de un nuevo real decreto para la regularización de extranjeros. El jefe de la oposición ha calificado de auténtico «disparate» la decisión de regularizar «a granel» a personas que han delinquido y cuentan con antecedentes policiales. Según ha alertado Feijóo, carece de sentido que un inmigrante con este tipo de historial delictivo pueda seguir conviviendo legalmente en el país con el beneplácito del Gobierno.
En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, el líder de la oposición ha incidido en que no existen precedentes en ningún país de Europa donde se otorgue residencia a quienes han abusado de una mujer, robado a un ciudadano o incumplido reiteradamente la legislación española. Feijóo ha insistido en que los procesos de regularización deben ser estrictamente individualizados y basarse en informes policiales que avalen la conducta del solicitante, una exigencia que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado deliberadamente,.
Ante lo que considera una vulneración de los principios de seguridad, el Partido Popular ya estudia la posibilidad de recurrir el real decreto ante los tribunales. El presidente de los populares argumenta que esta normativa no solo choca con el criterio de la Unión Europea, sino que fomenta un peligroso «efecto llamada» que permite a las mafias seguir traficando con seres humanos,. En su opinión, esta medida convierte a España en la «puerta de entrada de la ilegalidad» para la residencia en toda la zona comunitaria.
Finalmente, Feijóo ha denunciado que el Consejo de Ministros ha actuado en contra de los acuerdos alcanzados previamente en el Congreso de los Diputados. Ha criticado que la ministra portavoz no haya sido capaz de precisar durante la sesión de control cuántas personas en situación irregular obtendrán finalmente la residencia con este decreto. Para el líder popular, el Ejecutivo está gobernando en contra de la voluntad popular al imponer una medida que califica como un despropósito institucional.