Considera que 71 prórrogas vulnera los derechos de los diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, en una sesión pelnaria.
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La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoya la concesión de amparo al grupo parlamentario popular frente a las 71 prórrogas del plazo de enmiendas que acordó la Mesa del Congreso sobre el Real Decreto Ley 36/2020 por el que se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El PP presentó un escrito de reconsideración mostrándose en contra de la nueva ampliación del plazo de enmiendas debido a que consideraba que se trataba de una práctica de «filibusterismo parlamentario», desarrollada por la Mesa del Congreso, consistente en la utilización «mecánica y cronificada» de la prórroga del plazo de enmiendas.
La Fiscalía ante el TC les da la razón y entiende que se ha vulnerado el ejercicio del cargo parlamentario del artículo 23.2 de la Constitución y, correlativamente, el derecho de los ciudadanos de participación política a través del ejercicio de la facultad legislativa por sus legítimos representantes con la negativa de la Mesa a admitir su reconsideración. «El déficit de motivación del acuerdo de ampliación del plazo de enmiendas se hace aún más evidente cuando, en respuesta a lo alegado en la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario Popular, no se hace ningún razonamiento que permita excluir que no se estaba vulnerando el derecho de los diputados a participar en la función legislativa, bloqueando, indebidamente, la normal tramitación de una iniciativa legislativa que seguía el procedimiento de urgencia», indica el representante del Ministerio Público.
El fiscal entiende que la restricción de la participación de la Mesa hacia los diputados del PP les ha impedido a los mismos ejercer la función legislativa de debate y aprobación del real decreto. El Pleno del TC llevará esta semana a deliberación y votación la citada demanda de amparo. Es ponente del asunto el magistrado Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y experto en derecho parlamentario.