Alianza contra el Borrado de la Mujeres exige responsabilidades inmediatas y afirman que "la seguridad no puede ser sacrificada en nombre de construcciones legales"
Joan Vila, conocido como el Celador de Olot, en la segunda jornada del juicio contra él por el asesinato de once ancianos, en la Audiencia de Girona
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Joan Vila, el celador de Olot, ya declaró en 2013, durante el juicio que lo sentó en el banquillo por asesinar a once ancianos, sentirse una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Aquel testimonio, pronunciado en una sala marcada por la gravedad de los crímenes, adquiere hoy una nueva dimensión política que Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha denunciado.
Condenado a 127 años de prisión en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Girona), Vila inició hace alrededor de año y medio un proceso de transición de género. Tras completar el cambio en el registro y comenzar su tratamiento, fue trasladado hace unos meses al módulo femenino de la prisión, donde convive con el resto de internas.
"Las organizaciones de mujeres no vamos a aceptar esta situación. Exigimos una rectificación inmediata", afirmó la plataforma a través de un comunicado en el que expresa su "más absoluta indignación y alarma" ante un caso que, advierten, "no es un incidente aislado", sino la consecuencia directa de un marco legal que, en su opinión, "elimina cualquier mecanismo de cautela" y "abre la puerta a situaciones de riesgo en espacios especialmente sensibles".
una realidad que "afecta a la seguridad de las mujeres"
El caso se produce en el marco de la ley de autodeterminación de género aprobada en España, también conocida como Ley Trans, que permite el cambio de sexo registral mediante una declaración administrativa, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos. La norma, impulsada por el Gobierno en 2023, reconoce el derecho de las personas a modificar su identidad legal en el Registro Civil a partir de los 16 años, y en determinadas condiciones, también a edades más tempranas.
Esta legislación introdujo un cambio sustancial en el ordenamiento jurídico al desvincular el sexo de criterios biológicos o clínicos, trasladando el eje al ámbito de la voluntad individual. En la práctica, esto implica que distintos sistemas del Estado, incluido el penitenciario, deben adaptar sus protocolos a la nueva identidad legal de la persona.
Ángeles Álvarez, portavoz de la Alianza, insiste en que la organización no cuestiona los derechos de las personas transexuales, pero sí lo que califica como "una imposición de un modelo injusto".
"No tenemos problemas con las personas trans. El problema es cuando se invaden categorías que van a implicar una ventaja o un riesgo para otros. Eso nunca puede configurarse como un derecho", afirma en conversaciones con este periódico.
En su opinión, el Ejecutivo está aprovechando reformas legislativas de distinto alcance para incorporar cambios de fondo en materia de identidad de género. "Estamos analizando cada movimiento del Gobierno en cada ley que se aprueba", añade, dirigiéndose directamente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que derogue "inmediatamente" la ley.
"Queremos que la sociedad española tome conciencia de lo que está ocurriendo", explicaba la portavoz, mostrando su preocupación por una situación que, a su juicio, deja la seguridad de la mujer relegada a un segundo plano.