Le concede un régimen fiscal especial para poder costear la visita del Santo Padre, tasada en 15 millones de euros
La ministra portavoz, Elma Saiz, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEFE
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El Gobierno quiere sacar rédito de la visita del Papa León XIV a España. El Ejecutivo aspira a mostrarse como aliado de las ideas del representante de la Iglesia Católica y ven en su viaje oficial una oportunidad para hacerlo. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de 'evento de especial relevancia' la semana del 6 al 12 de junio.
Esta denominación supone principalmente que el Estado le concede un régimen fiscal especial para fomentar el patrocinio privado. Se trata de una figura regulada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y suele aprobarse mediante una ley (normalmente en los Presupuestos Generales del Estado u otra norma específica). Ante la ausencia de PGE, el Gobierno lo ha aprobado mediante decreto en el Consejo de Ministros.
Para saber más
El Decreto Ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá que ser convalidado en el Congreso en el plazo máximo de un mes, lo que puede ocurrir una vez se haya producido ya la visita del Pontífice a España.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha recordado, se trata de un evento "histórico" ya que que han pasado 15 años desde que un Pontífice visitó el país. "La visita es una oportunidad para proyectar al mundo los valores que constituyen la base de nuestra democracia. La convivencia, el pluralismo, la solidaridad que conectan de manera clara con el mensaje que viene defendiendo el Pontífice", ha asegurado, tal y como recoge Europa Press.
Asimismo, ha recalcado el "intenso" trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno de España para asegurar que esta visita sea un éxito y ha repasado que se ha formado un grupo de general de coordinación, un grupo interministerial que cuenta con los delegados del Gobierno y las delegadas de las comunidades autónomas, grupos territoriales con los responsables autonómicos que van a recibir la visita y, en total más de 80 reuniones para garantizar la coordinación y la seguridad.
Precisamente, el Ministerio de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes ha presentado en la reunión de este martes un informe con las actuaciones del Gobierno en este sentido que recoge que se activarán 10.500 efectivos de Policía Nacional, 2.190 de Guardia Civil, además de aquellos que se pongan a disposición de Mossos de Escuadra o policías locales.
Esta figura se utiliza a menudo para eventos como festivales de música o encuentros deportivos con trascendencia internacional. Ahora, la visita del Papa se encuadra dentro de este marco, lo que ayuda a conseguir patrocinios para financiar los seis días de tour por España que va a realizar el Santo Padre. El viaje tiene un coste estimado de 15 millones de euros, aunque valoran que tendrá un retorno económico de 100. La Iglesia quiere tener donaciones y financiación privada, a través de cantidades económicas o 'pago en especie'.
Dentro de este grupo se enmarca la actuación del Ayuntamiento de Madrid, que no cobrará tasas a los organizadores del viaje y cederá gratuitamente espacios e instalaciones municipales. La iniciativa aprobada en el Pleno de Cibeles busca resaltar "el carácter excepcional y la singular relevancia de la visita y su especial interés para la ciudad de Madrid". Lo mismo será aplicable a la seguridad y el orden público. Igualmente se declarará que, en aplicación de la normativa municipal, podrán cederse gratuitamente espacios e instalaciones municipales para usos o finalidades relacionadas con la organización, desarrollo, asistencia y seguimiento de los actos y eventos vinculados con la visita oficial, que tendrán el carácter de actividad institucional.
El viaje de León XIV a España se produce tras la "culminación de cinco acuerdos históricos" entre el Gobierno y la Iglesia católica: la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.