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La buena salud del gobierno de coalición entre PP y Vox en estos primeros pasos de la nueva legislatura en Extremadura se ha comprobado este jueves en el pleno que se ha celebrado en el parlamento regional. Y se ha calibrado en un asunto polémico como es el tratamiento de los menores inmigrantes que llegan a la comunidad autónoma. La semana pasada, el vicepresidente segundo de la Junta, Óscar Fernández Calle (Vox), había anunciado que la Junta de Extremadura iba a solicitar a la Fiscalía de Menores una ampliación de los controles de edad de las personas que llegan la región. La medida venía recogida en el pacto de gobierno entre los dos partidos el pasado mes de abril tras las elecciones anticipadas de finales del año pasado.
Durante la sesión, y a preguntas de la líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, que calificó la medida de "racista", María Guardiola ha defendido la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados: "La protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es", ha declarado.
La presidenta de la Junta ha defendido que la gestión en la acogida de estos menores "va a seguir siendo rigurosa" y ha respaldado y compartido el anuncio anterior de su vicepresidente, Óscar Fernández, siempre, según ha dicho, siguiendo "el estricto cumplimiento de la ley".
En su discurso, María Guardiola ha informado que las pruebas de edad no son nuevas y "se han venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que lo autorice la Fiscalía". Así, ha declarado que esta medida persigue la comprobación de requisitos que lleva a cabo cualquier administración para otorgar una ayuda o acceder a un recurso público. "Esto es lo que ha hecho este Gobierno y lo que va a seguir haciendo". En este sentido, ha revelado que de las 329 pruebas de edad que se han realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) el 79% determinaron que tenían más de 18 años, "es decir, que 260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores".
Mientras, Irene de Miguel ha acusado a Guardiola de "haber asumido el discurso ultra" y hacerlo "con una miseria partidista inclasificable" al achacarle que hubiera dicho que con 104 menores migrantes acogidos en Extremadura "el sistema está al límite". Esto es, ha calificado, una "auténtica sinvergüencería" y totalmente contrario, ha añadido, al mensaje lanzado hace unos días en su visita a España por el Papa León XIV de que "la dignidad humana no tiene pasaporte". De Miguel ha acusado al Ejecutivo de desmantelar la cooperación al desarrollo, echar a la calle a 200 familias, eliminar clases de árabe en Talayuela, "criminalizar gratuitamente" a los menores migrantes y actuar con "miseria partidista inclasificable".
Ha comparado la situación actual, 104 menores en el sistema, con la acogida de más de 800 refugiados ucranianos hace cinco años: "¿Cómo pueden decir que el sistema está al límite? ¿Qué mierda de sistema tenemos entonces?". Y ha rematado acusando al Gobierno de ser "racista" y de asumir el discurso de "la ultraderecha".
De forma paralela, la líder de Podemos Extremadura ha acusado al gobierno de coalición de desmantelar el sistema de cooperación al desarrollo, echar a la calle a 200 familias al reducir drásticamente las partidas de esta materia (de casi 11 millones de euros a 2,7) o de las eliminar clases de árabe y cultura marroquí que se impartían desde hace más de dos décadas en Talayuela (Cáceres), con el fin, ha denunciado, de"criminalizar gratuitamente" a los menores migrantes y actuar con "miseria partidista inclasificable".
Ha comparado la situación actual, 104 menores en el sistema, con la acogida de más de 800 refugiados ucranianos hace cinco años: "¿Cómo pueden decir que el sistema está al límite? ¿Qué mierda de sistema tenemos entonces?". Y ha rematado acusando al Gobierno de ser "racista" y de asumir el discurso de la ultraderecha.
La presidenta de la Junta ha reprochado a De Miguel su utilización partidista de este asunto: "Utiliza la vulnerabilidad como combustible de su demagogia". La presidenta ha cerrado con un ataque directo: "Usted es una populista de libro. Nosotros gobernamos; usted se queda ahí, siendo esa casta que tanto dice despreciar".
PP y Vox aprobarán a finales de julio el primer presupuesto regional de esta legislatura después de dos años consecutivos sin acuerdo.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha informado por su parte, en una comparecencia ante los medios, que desde el año 2023 un total de 73 personas que inicialmente accedieron a España siendo consideradas mayores de edad pasaron posteriormente a integrarse en el sistema de protección de menores tras manifestar que eran menores. Esto ha supuesto, según el líder de Vox en Extremadura, un coste cercano a cuatro millones de euros para las arcas públicas extremeñas.
Fernández Calle ha explicado que esta instrucción ya se está aplicando y que la Junta de Extremadura ha solicitado a la Fiscalía la práctica de estas pruebas en cinco expedientes. Si el resultado acredita que la persona es mayor de edad, dejará de formar parte del sistema autonómico de protección de menores, al no reunir los requisitos legales para permanecer en el mismo.
La Junta también analizará cada nuevo expediente de las derivaciones recibidas por parte del Gobierno central, de forma que los servicios jurídicos de la Consejería interpondrán los recursos administrativos y contencioso-administrativos que consideren oportunos cuando entiendan que las derivaciones no se ajusten al ordenamiento jurídico o comprometen la capacidad del sistema extremeño de protección de menores.
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