Educación pide a los sindicatos "abandonar posturas maximalistas" mientras el presidente de la Generalitat apela a las familias para desactivar las movilizaciones
Protesta del profesorado en Valencia, este lunes.EFE
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La dana sacó a la calle a miles de personas contra el Gobierno de Carlos Mazón y la escuela lo ha vuelto a hacer, esta vez, contra el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. Unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este lunes solo en Valencia, en la que supone la primera gran crisis a la que se enfrenta el barón del PP. Con la primera huelga indefinida convocada en décadas y respaldada por todos los sindicatos, el profesorado está dispuesto a echarle un pulso a un año de las elecciones y con la complicidad de los partidos de izquierdas. Tanto PSOE como Compromís han aplaudido las protestas.
Los docentes de la escuela pública buscan, sobre todo, una subida salarial que queda lejos de la única propuesta que ha puesto sobre la mesa la Consejería de Educación. Frente a un incremento de 75 euros brutos mensuales en tres años que ha ofrecido la consejera Carmen Ortí, los sindicatos reclaman una mejora de entre 300 y 500 euros para actualizar un complemento autonómico que no se revisa desde 2010. Pero no solo eso: piden bajada de ratios, reducción de burocracia...
La exigencia es compartida por los cuatro sindicatos convocantes de la huelga (STEPV, CCOO, UGT y CSIF) y el quinto con representación en la mesa de negociación (ANPE), que apoya también el paro. La jornada "histórica" que se vivió este lunes, según fuentes sindicales, cuenta incluso con el favor de buena parte de las asociaciones de padres y madres. Covapa, sin embargo, se ha desmarcado tras un primer día de huelga secundada por uno de cada dos docentes, según datos de la Consejería, mientras que los sindicatos elevan el seguimiento al 90%.
Y a las familias apela el propio Llorca para tratar de desactivar una movilización que, además, se produce con la negociación de los presupuestos de la Generalitat como telón de fondo, y que el jefe del Consell aspira a tener aprobados en julio si así lo quiere Vox. Educación ya ha dicho que todas las demandas sindicales costarían 2.400 millones de euros, es decir, totalmente "inasumible".
Pero, sobre todo, el paro docente llega con los colegios e institutos a punto de entrar en el final de curso, con lo que ello implica para la evaluación. "Hoy pienso en los 31.977 alumnos de segundo de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias. Este gobierno está de su lado", afirmó Llorca.
Pero "mientras no se inicie una negociación real y efectiva, la huelga indefinida continúa en pie", advirtió el sindicato mayoritario, el STEPV. La Consejería de Educación, por el contrario, exige a los representantes del profesorado la vuelta a la mesa de diálogo y "abandonar posturas maximalistas", sin que por el momento nadie parezca dispuesto a reconstruir los puentes rotos entre ambos bandos.
El enfrentamiento ha llegado incluso a los tribunales por el desacuerdo sobre los servicios mínimos, que los sindicatos tildaron de "abusivos" y recurrieron. Aun así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Consell, atendiendo al "interés general preponderante" de los alumnos de segundo de Bachillerato y a la necesidad de que afronten la prueba de la EBAU sin "incertidumbres" ni "zozobras".