Las declaraciones como acusados de David S�nchez P�rez-Castej�n, el ex presidente de la Diputaci�n de Badajoz Miguel �ngel Gallardo y los otros nueve encausados en el juicio sobre el presunto trato de favor en la contrataci�n del hermano del presidente del gobierno en la instituci�n pacense en el a�o 2017 ya no abrir�n el juicio que arrancar� en la Audiencia Provincial de Badajoz el pr�ximo d�a 28 de mayo. En un primer momento, estaba fijado que tanto este d�a como el siguiente, el 29, fueran las jornadas establecidas para escuchar los testimonios de los 11 acusados por los delitos de prevaricaci�n administrativa y tr�fico de influencia. Posteriormente, estaban fijadas las declaraciones de una quincena de testigos. La fecha de finalizaci�n prevista de las sesiones est� fijada para el 4 de junio, como hab�a fijado el magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz ponente de la causa, Emilio Serrano.

Sin embargo, en un escrito presentado a la Sala, las defensas hab�an solicitado un cambio de orden en las declaraciones para que sus clientes declararan los �ltimos al considerar que tienen un mayor derecho a defenderse si tienen la oportunidad con anterioridad de escuchar a los testigos del caso. De esta manera, y a�n sin fecha exacta concreto por confirmar por parte de la Audiencia Provincial, este �rgano judicial ha confirmado hoy que, aunque se mantienen las fechas del juicio oral del 28 de mayo al 4 de junio, los acusados ya no declarar�n los d�as 28 y 29, al haber admitido la Sala el requerimiento de sus defensas. Fuentes judiciales apuntan a una situaci�n "l�gica" la petici�n del cambio de fechas y que declaren los acusados los �ltimos", tal y como ha ocurrido esta misma semana en el caso de las mascarillas con el ex ministro �balos y Koldo Garc�a.

Por ejemplo, uno de los abogados, el de Juana Cinta (ex directora de Recursos Humanos de la Diputaci�n de Badajoz), se�ala en su petici�n que "el criterio del Tribunal Supremo sobre la declaraci�n en �ltimo lugar constituye una garant�a del derecho de defensa del acusado ... que el acusado declare en �ltimo lugar obviamente, garantiza mejor el derecho de defensa, y deber�a ser admitido, porque, obviamente, no se ejerce igual el derecho de defensa con el interrogatorio por el letrado en �ltimo lugar que con la 'autodefensa', el tr�mite de �ltima palabra". Tambi�n lo pidi� posteriormente, el abogado de David S�nchez, el letrado Emilio Cort�s, el pasado 29 de abril: "... interesando que la declaraci�n de los acusados se lleve a t�rmino tras la pr�ctica de la prueba -en sentido estricto- en el plenario. A tales efectos, damos por reproducidos los atinados argumentos de la representaci�n de D�a. Juana Cinta Calder�n Zazo, que ilustran acerca de la pertinencia y conveniencia del establecimiento de este orden en estrados".

As� las cosas, los dos primeros d�as, en sesiones de ma�ana, se dedicar�n a las cuestiones previas y a partir del d�a 1 de junio, en jornadas de ma�ana y tarde, est�n citados los testigos para cerrar el juicio los acusados. Adem�s del hermano del presidente del gobierno y del ex secretario general de los socialistas extreme�os, el resto de investigados son cargos y ex responsables de diversas �reas de gesti�n de la Diputaci�n de Badajoz, as� como el ex jefe de la Secci�n de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de esta instituci�n provincial, Luis Mar�a Carrero, amigo de David S�nchez y quien anteriormente trabaj� como asesor en el Ministerio de Presidencia. Por esta causa concreta, el hermano del presidente del gobierno tambi�n est� acusado de prevaricaci�n y tr�fico de influencias por supuestamente influir en la contrataci�n de Carrero en la Diputaci�n de Badajoz.

Entre los testigos figuran aspirantes al puesto que finalmente ocup� David S�nchez (que luego se transform� de forma irregular, seg�n la jueza de Instrucci�n Beatriz Biedma, en Jefe de la Oficina de Artes Esc�nicas), el de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputaci�n, y directores y exdirectores de los conservatorios. Adem�s, declarar�n cuatro testigos m�s y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones de esta causa.

El juicio contar� con siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteO�r, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociaci�n Liberum y Fundaci�n de Abogados Cristianos) que en el periodo de instrucci�n estuvieron unificadas.

El auto de procesamiento de Beatriz Biedma argumenta que David S�nchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputaci�n de Badajoz se hab�a "creado para �l", se present� a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creaci�n del puesto fue "a petici�n, seguramente, de persona o personas" del entorno de David S�nchez que "conoc�an la necesidad" de este, quien "en ese momento carec�a de trabajo estable". Adem�s, la creaci�n de dicho empleo, decidida supuestamente por Gallardo, la entonces diputada de Cultura, Cristina N��ez, y la directora del �rea de Cultura, Elisa Moriano, ten�a como "objetivo" que fuera ocupado por David S�nchez, que dimiti� de su cargo en febrero de este a�o en pleno proceso de investigaci�n.

La jueza tambi�n procesa a Luis Mar�a Carrero, quien, seg�n la jueza instructora, habr�a utilizado la influencia derivada de "su amistad �ntima" con David S�nchez para conseguir la creaci�n y posterior acceso al puesto de jefe de Secci�n de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputaci�n de Badajoz.

Por el contrario, la Fiscal�a gir� su posicionamiento durante el proceso de instrucci�n y pidi� el archivo de la causa al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisi�n de los delitos.