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Ha pasado poco más de dos meses desde que PP y Vox firmaran sus acuerdos de Gobierno a nivel autonómico. Aquellos pactos cocinados a fuego lento con los que alumbraron el concepto de la «prioridad nacional», asentado ya como estribillo de las legislaturas de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón. Tras ellos, Alfonso Fernández Mañueco aceptó las mismas condiciones para mantener el poder en Castilla y León y lo mismo tendrá que hacer Juanma Moreno para seguir siendo presidente en Andalucía.
Una serie de rúbricas que servirán como antesala al consenso que Alberto Núñez Feijóo aspira a alcanzar con Santiago Abascal tras lograr la victoria que le vaticinan las encuestas en las próximas elecciones generales. En ese sentido, estos acuerdos representan una primera toma de contacto para ambos bandos, con la que pueden comprobar cuál es el rumbo de su relación antes de dar un paso más allá en su oficialidad.
En ese escenario, en estos primeros 60 días, Aragón se ha convertido en el frente principal de la guerra de Vox contra la inmigración.
Alejandro Nolasco asumió la vicepresidencia del Gobierno y las competencias de la consejería de Bienestar Social y Familia con el objetivo de controlar, desde lo más cerca posible, la gestión de los centros de menores no acompañados. Desde su llegada, el Gobierno de Aragón ha comenzado a hacer públicas las agresiones que los residentes ejercen sobre las empleadas y se ha anunciado la contratación de agentes de seguridad privada para evitar hechos delictivos dentro de las instalaciones.
Además, el Ejecutivo regional pondrá «todas las trabas posibles» para evitar que se produzcan llegadas con carácter «fraudulento». Para ello, anunció Nolasco, «seremos mucho más exhaustivos» con la comprobación de la edad real de los menores recibidos, a través de pruebas periciales realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, que ya han sido solicitadas a la Fiscalía.
«Estamos siendo consecuentes con el acuerdo de Gobierno que firmamos. Somos previsibles porque estamos cumpliendo con las expectativas», expresan fuentes de Vox a este periódico. Sin embargo, las llegadas no se han frenado y Aragón ha recibido 14 menores no acompañados en los 10 días previos a la elaboración de este artículo y 130 desde la aprobación del Real Decreto con el que se estableció el nuevo sistema de reparto. «Se trata de una imposición forzosa y un reparto arbitrario», defienden en el seno de la formación.
Por su parte, en el PP están «de acuerdo» con que se libre esa batalla contra el reparto de menores migrantes establecido por el Gobierno. Desde el entorno de Jorge Azcón consideran que «las políticas del PSOE son injustas y representan un agravio al resto de comunidades autónomas en comparación con el País Vasco y Cataluña», a las que no afecta la norma. Así, pese a no mostrar una notable sintonía en público, sostienen que el pacto aporta «estabilidad» para el desarrollo de la comunidad autónoma y no existe ninguna intención de romper el acuerdo.
En Extremadura, el clima de cordialidad es bastante mayor. Lejos de la tensión pre y post electoral que marcó el devenir de las relaciones entre María Guardiola y Vox, pero en la actualidad, una vez ambas formaciones han logrado instalarse en el poder de la Junta de Extremadura, la sintonía es total.
Prueba de ello es que nada más tomar posesión de los cargos se pusieron de acuerdo para formalizar los primeros presupuestos de la legislatura, que marcarán el devenir de la misma, y tanto en privado como en público las dos partes coinciden en que están en «un gran momento» entre ellas.
Óscar Fernández Calle es el líder de Vox en Extremadura y vicepresidente de la Junta. Él, al igual que Alejandro Nolasco en Aragón, es el responsable de la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. También ha solicitado a la Fiscalía la realización de pruebas de determinación de edad a menores migrantes no acompañados acogidos en el sistema de protección regional cuando no exista una «garantía fehaciente» documental o haya «sospechas» sobre su edad. «Lo primero, los españoles, claro que sí», insiste.
Con la aprobación del anteproyecto de presupuestos, Fernández Calle aseguró que empezaba «un cambio real» en Extremadura, que iniciará con el recorte de 10 millones de euros en la financiación de las asociaciones que «promueven la inmigración ilegal».
En sintonía con la actitud demostrada en estas primeras semanas, Vox también eliminará, tal y como venía recogido en el acuerdo de Gobierno, las clases de árabe y cultura marroquí de los dos colegios ubicados en Talayuela que las impartían desde 2002. Este es el único punto de desencuentro que ha existido en estos dos meses con el Partido Popular, que, para calmar la polémica generada en torno a esta decisión, anunció que mantendrá este programa durante el próximo curso, aunque fuera del horario escolar.
Con todo, el desarrollo de los dos primeros meses de relación entre PP y Vox refleja la predisposición de ambos partidos por evitar, a toda costa, cualquier enfrentamiento que les pueda alejar de su principal objetivo: acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.
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