Actualizado Miércoles, 17 junio 2026 - 22:45

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se desvinculó ayer de todas las actividades presuntamente delictivas que le atribuye el juez de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra: ni influyó en el rescate de la aerolínea que da nombra a este caso de corrupción ni ha ordenado la creación de ninguna sociedad 'off shore' ni cobró tampoco comisión ilegal alguna en condición de líder de una organización criminal.

Zapatero, primer presidente español en declarar como investigado ante un juez en nuestro país, no convenció a Calama quien, en un auto notificado tras el interrogatorio, aseguró que la declaración del ex líder del PSOE «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba».

El ex presidente se encuentra imputado por delitos de delitos de tráfico de influencia, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando.

Entre esos indicios -el juez afirma la existencia de los mismos «rotundamente»- se encuentra el contenido de los dispositivos intervenidos en los registros a los dueños de Plus Ultra y el empresario Julio Martínez Martínez -conocido como Julito-, así como la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública del Gobierno a Plus Ultra. También la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos.

A lo anterior se une el análisis preliminar del contenido del contenido del móvil del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que EEUU entregó a la Udef. También el hallazgo de las piezas joyería cuyo valor supera 1,3 millones y sobre la que ayer el expresidente del Gobierno se negó a dar una explicación en la Audiencia Nacional. Sobre el botín de brillantes, zafiros y esmeraldas, que constituye un incremento patrimonial no justificado ante la Agencia Tributaria, Zapatero dijo que se pronunciará en unos días ya que está recabando documentación que acredite el origen y la fecha que pasó a poseer las mismas.

Múltiples fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por EL MUNDO coinciden en que las explicaciones dadas por el ex presidente ante las preguntas de Calama -rechazó responder a la representante de la Fiscalía Anticorrupción- fueron inconsistentes o vagas.

Por ejemplo, cuando fue interrogado por una comida con Julito en el restaurante Portonovo en la que, según la Udef, se acordó la creación de una sociedad pantalla en Dubái para canalizar el cobro de la comisión por el rescate de Plus Ultra, el investigadorespondió que no recordaba esa comida -que fue reservada por su secretaria- y que consultaría su agenda. Tampoco sabía nada de la citada sociedad ni recordaba si había viajado a Emiratos Árabes con Julito.

Según se desprende de la investigación judicial, la sociedad Landside Dubai Fzco fue constituida presuntamente para percibir las comisiones ilegales, evitando así su trazabilidad en territorio español. Esa mercantil estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julito, y a través de la que se habría cobrado la comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. De esa mordida, que se cobró presuntamente a través de Análisis Relevante y que es coincidente con la cuantía que recibió Zapatero de la empresa de Martínez -los 490.780 euros que el juez ha bloqueado al ex secretario general del PSOE- tampoco sabía nada.

Cuando el magistrado le interrogó sobre los supuestos informes de consultoría realizados para la empresa de su presunto testaferro, Análisis Relevante, Zapatero dijo que eran de carácter genérico, lo que llevó al juez a preguntarle cómo, siendo genéricos, lo colocaba luego a diversas empresas concretas.

Entonces, el expresidente se enredó en sus explicaciones y dijo que esos informes eran en ocasiones verbales, sin que mediara contrato alguno para la elaboración de los mismos para sorpresa del magistrado. El ex líder del PSOE recibía encargos orales. Calama recordó entonces que en la Audiencia Nacional están muy habituados a este perfil de informes que luego no tienen ningún otro respaldo que los haga creíbles.

Por otro lado, en la investigación se detectó un correo suyo enviado a su «lacayo» Julito -así aparece nombrado en el sumario- que incorporaba un archivo Excel con la lista de clientes de Análisis Relevante, otra empresa clave en el manejo de las comisiones. Sobre ese archivó, Zapatero afirmó que nunca ha elaborado un Excel y que tampoco emplea nunca el correo electrónico. El ex presidente eludió arremeter contra su amigo y hombre de paja y también dijo que no iba a contestar a la pregunta del juez de si había vuelto a hablar con Martínez tras su imputación.

Por otro lado, Zapatero sí accedió a contestar a las cuestiones que le formuló el magistrado sobre sus hijas, «principales beneficiarias» junto a él, de la estructura de tráfico de influencias a gran escala. Sobre los trabajos de supuesta maquetación que hicieron a través de la mercantil Whathefav, el ex presidente defendió su existencia y legalidad.

Pese a la endeblez de sus explicaciones, Zapatero recibió ayer una buena noticia. El magistrado desoyó la petición de la fiscal Elena Lorente y rechazó imponerle las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el juzgado y retirada de los distintos pasaportes que posee. Calama consideró que la adopción de las mismas «supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada».

En este sentido, el juez tuvo en cuenta que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», una circunstancia «que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento». «Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual», concluyó el instructor.