Además de Claudio Rivas, en la lista de 16 investigados está el ex miembro de la UCO Juan Sánchez Yepes, detenido también en la causa sobre la 'fontanera' de Ferraz
Claudio Rivas, el pasado abril, a su llegada a la Audiencia Nacional.Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado por terminada la investigación del caso Gaslow y ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021.
Uno de los investigados es el empresario Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama que ha surgido reiteradamente en el caso Koldo: fue quien supuestamente compró un chalé en Cádiz para José Luis Ábalos y quien proporcionó los 90.000 euros que Carmen Pano declaró haber llevado a la sede socialista de Ferraz. Como al resto, Pedraz le atribuye siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.
En el caso del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, propone juzgarle por integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Yepes fue miembro del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) entre 2008 y 2022. El capitán fue uno de los detenidos en la operación por el caso Cloacas, por colaborar con la fontanera Leire Díez en sus maniobras para desmontar las investigaciones que perjudicaban al Gobierno.
Pedraz explica que de lo investigado en este procedimiento se desprende que los investigados formaban parte de una organización integrada por tres grupos que actuaban de forma coordinada. Su objetivo era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. De este modo, señala, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos.
Añade que los recursos necesarios para llevar a cabo el fraude, es decir, la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario, estaban en poder de los que poseían las operadoras Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energias S.L. Dentro de cada uno de los grupos existía una jerarquía. Los lideraban Rodríguez Estepa, Javier García Pérez y Claudio Rivas.
Según detalla el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defraudada en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones.
Pedraz explica que, una vez realizado el fraude, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente por la organización criminal desde las mismas sociedades, sino que existían uno o varios pasos previos para alojar los fondos. Se han detectado operativas para el blanqueo de casi 60 millones de euros. El auto señala como responsables civiles a un total de 82 sociedades.
Respecto al capitán de la Guardia Civil, detalla sus relaciones con los miembros de la organización criminal y los pagos recibidos por la supuesta revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso. Eso les habría permitido tener conocimiento previo de las actuaciones policiales y detenciones que se iban a realizar y anticiparse a las consecuencias de los registros.
Según el auto, el patrimonio de Yepes pasó de 250.000 euros en 2018 a 590.000 en 2022, es decir, un 134% en cuatro años.
Tras dictar el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez da un plazo a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación.