Se ha diluido el poder de la figura del secretario de Organización e implantado un doble control para el reintegro de gastos
Pedro Sánchez, en la sede del PSOE.
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La intensificación de las voces en el PSOE que reclaman medidas más contundentes para hacer frente a la acumulación de escándalos judiciales que impactan tanto en el Gobierno como en el partido no alteran la intención de Pedro Sánchez de prolongar la legislatura hasta 2027. La pretensión del presidente es tratar de aplacar las críticas internas con su intervención en el Comité Federal -convocado para el 27 de junio- en el que, según precisan en la dirección de Ferraz, dará cuenta del estado de implementación de las medidas anticorrupción que él mismo anunció tras la imputación de sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
En esta nueva etapa sí que se ha diluido el poder de la persona que tradicionalmente ejercía el control del aparato, ahora en manos de Rebeca Torró, que tras la monumental crisis orgánica encabeza un órgano colegiado integrado por otros tres adjuntos. Además, se ha establecido un sistema de doble comprobación de los gastos que incluye la entrega del ticket y también del justificante de pago con tarjeta, donde se reintegra el importe, en vez de hacer entregas en efectivo, para evitar la comisión de posibles irregularidades por esta vía como las que se investigan en una de las causas en curso en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, no consta que se hayan cumplido el resto de las decena de compromisos adquiridos por Sánchez en el último Comité Federal, celebrado en julio del año pasado, ante un PSOE totalmente en shock justo después de la entrada en prisión de Cerdán, quien hasta tres semanas antes había sido su mano derecha en Ferraz, acusado de liderar una presunta trama de cobro de mordidas por amañar adjudicaciones de obra pública. En su intervención inicial, abierta a los medios de comunicación, el líder del partido anunció un paquete de medidas adicionales para "prevenir, combatir y castigar la corrupción" que pudiera producirse a partir de ese momento la organización.
Este periódico ha tratado de contrastar, sin éxito, si se han regulado los plazos máximos para la resolución de expedientes informativos y disciplinarios para sus militantes en este tipo de casos después de que tardaran 16 meses en expulsar a Ábalos por su supuesta implicación en el caso Mascarillas. Tampoco ha podido comprobar si se ha modificado el artículo 43 de los Estatutos sobre las declaraciones de bienes y actividades de todos los candidatos que vayan en listas electorales para que sean también presentadas ante las Comisiones de Ética y Garantías y autonómicas y posteriormente remitidas a la Comisión Federal de Ética y Garantías.
Ante los suyos, el líder socialista también asumió que se procedería a la actualización del Portal de Transparencia del PSOE. Los datos más recientes que figuran en él sobre estados financieros, deuda e ingresos de origen privado y público corresponden a 2024, al igual que el último informe de auditoría externa hecho público. Asimismo, el secretario general de los socialistas se comprometió a "reforzar la autonomía y la capacidad" del sistema de cumplimiento normativo, haciéndolo depender directamente de la Ejecutiva Federal, aumentando el número de miembros y dotándolo de recursos propios para encargar, por ejemplo, análisis externos y "permitiéndole requerir la colaboración del partido de forma discreta".
En el partido tampoco confirman si se ha puesto en marcha un "protocolo de antifraude y anticorrupción", una herramienta que, según explicó Sánchez, iban a copiar del Partido de los Socialistas Catalanes para incorporar "nuevas formas de control" internas, como la supervisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Misma incógnita con el refuerzo de la Comisión Federal de Ética y de Garantías, que se preveía que empezara a emitir informes "sobre cualquier asunto relacionado con la integridad, el buen gobierno y la ética pública" y que pudiera "actuar de oficio si considera que un asunto es de su competencia y presenta indicios suficientes".
Además, planteó incluir en el Código Ético una referencia al canal de denuncias para blindar "el carácter anónimo y seguro" del mismo y para que "todos los cargos públicos y orgánicos tengan la obligación explícita de de denunciar cualquier irregularidad cometida en el seno del PSOE, salvo cuando decida acudir directamente a la vía judicial o a un mecanismo público de protección de informantes". La versión pública de este documento accesible a día de hoy a través de la web no incluye ninguno de estos dos elementos.
En Ferraz responden a las discrepancias internas con la dirección nacional que podrán ser escuchadas en el próximo Comité Federal, compuesto por alrededor de 300 personas y del que, además de la Ejecutiva afín al líder, forman parte también todos los responsables territoriales. No obstante, minimizan "las voces que los 365 días siempre critican a Pedro Sánchez pase lo que pase", en alusión implícita al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los cargos públicos en activos que ha pedido públicamente un adelanto de las elecciones generales, y lo contraponen con los "muchos líderes, alcaldes y barones", como Salvador Illa, que "están diciendo lo contrario".
"Hace un año tomamos ya medidas y apartamos a la gente que no responde a los valores que representamos en el PSOE", argumentó la portavoz del partido, Montse Mínguez, al ser preguntada por si se asumiría alguna responsabilidad tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero -pero antes del escándalo de la tasación preliminar de las joyas del ex presidente en 1.323.915 euros- y después de la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz para recabar información del caso sobre las presuntas cloacas para desactivar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente. "Estamos implementando las medidas que asumimos en otro Comité Federal y se dará cuenta en este Comité Federal y por lo tanto vamos a seguir con el calendario establecido", zanjó.