El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa como el origen de la actividad criminal desplegada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez en la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de esas diligencias penales a su mujer.

EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva al auto contra las cloacas del PSOE. En la resolución, Pedraz considera un "punto de inflexión" la reunión que tuvo lugar en Ferraz, durante el periodo de reflexión de Sánchez, a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera investigar por corrupción a la esposa del presidente y la Carta a la Ciudadanía que este dirigió a la sociedad. "En esa reunión del 26 de abril de 2024 participarían Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido entre los que se encontraba el propio Santos Cerdán o Ion Antolín (director de Comunicación del PSOE)", indica el magistrado.

Según consta en la investigación, Díez envía un mensaje el 25 de abril del 2024 -un día antes de la reunión- un mensaje al ex presidente de la Sepi Vicente Fernández donde el dice lo siguiente: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".

Por otro lado, el auto recoge unas anotaciones manuscritas de Leire Díez donde esta afirma que "intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

El juez atribuye al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno". Todo ello en una coyuntura en la que se encontraban "gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno".

"En ejecución de dicho plan, que habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". Asimismo, abunda el instructor, "se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Biedma, Ayala o Peinado)". Motivo por el cual, prosigue el auto, "se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón (hermano del presidente del Gobierno), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO".

4.000 euros mensuales a Leire

"Para ello, Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero", entre otros, de Cerdán, que "habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido". En este mismo apartado ubica a Gaspar Zarrías, "que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica" y el letrado Ismael Oliver, al que atribuye haber canalizado parte de estos fondos al tiempo que éste asesoraba a la formación política.

Estos pagos irregulares a Leire Díez contaron, a juicio del magistrado, "con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez". En esta operativa delictiva la conocida popularmente como 'La fontanera' de Ferraz contó con la colaboración, "principalmente", del empresario Javier Pérez Dolset y de la periodista fallecida Patricia López, que trabajó durante los últimos años en el diario 'Público'.

En la causa, se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Operación en Ferraz

Por su parte, la UCO ha acudido este miércoles a Ferraz en busca de documentación sobre la actividad de la trama corrupta. Además, el juez Pedraz ha acordado el registro del domicilio en Milagro (Navarra) de Cerdán. La lista de imputados incluye a la gerente de la Secretaría de Organización del partido, Ana María FuentesPacheco. Según el juez, "al menos como cómplice en la comisión de los delitos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces".

Además, la Audiencia Nacional está indagando en la actuación de otros dos miembros destacados del PSOE: Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y Juan Francisco Serrano, diputado y ex número 2 de Cerdán. Pedraz indica que sobre ellos hay "indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", si bien considera que "habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal".

También se investiga al empresario muy vinculado a la fontanera, Javier Pérez Dolset, al ex consejero socialista de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver. El domicilio de Dolset y el despacho de Zarrías también han sido registrados.

Además, al guardia civil Juan Sánchez Yepes se le atribuyen delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. La imputación del agente ha llevado a la UCO a tomar declaración a guardias civiles en la Dirección General del Instituto Armado. Otro investigado por los mismos delitos que Sánchez Yepes es el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán.