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La Audiencia Nacional ha absuelto a las 15 personas f�sicas y tres jur�dicas que fueron juzgadas por pagar comisiones a autoridades de Luanda (Angola) para la construcci�n de un mercado mayorista a trav�s de la empresa p�blica Mercasa.
La Secci�n Cuarta de la Sala Penal absuelve a todos los acusados de los delitos de corrupci�n en las transacciones comerciales internacionales, malversaci�n de caudales p�blicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organizaci�n criminal.
El juez de instrucci�n propuso juzgar estos hechos al entender que los acusados hab�an realizado pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios p�blicos de Angola con el fin de conseguir el contrato para construir un mercado mayorista en Luanda entre los a�os 2006 y 2016, as� como para apropiarse de una parte de los fondos.
Entre los acusados ahora absueltos se encuentran varios ex directivos como Mar�a Jes�s Prieto, los hermanos Francisco Javier y Jos� Manuel Pardo de Santayana o el empresario Jos� Herrero de Ega�a, as� como las mercantiles CMIC, Incatema Consulting y Toy Cincuenta SL.
El fallo de la Audiencia se�ala que las obras para la construcci�n del mercado mayorista de Luanda se ejecutaron "conforme a Derecho" sin que el consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) "destinara dinero, directa o indirectamente a trav�s de terceros a pervertir a autoridades y funcionarios angolanos ni a realizar ninguna actuaci�n en contra de la legislaci�n vigente".
El Tribunal concluye que no se ha demostrado la existencia de sobornos a aquellas autoridades y funcionarios que viciaran las adjudicaciones efectuadas, m�s all� de las meras elucubraciones e hip�tesis.
En relaci�n con el Consorcio CMIC, la sentencia explica que no se ha acreditado ning�n rasgo de ilicitud y adecuaci�n en el dise�o, construcci�n, instalaci�n y explotaci�n del mercado de abastecimiento, plataforma log�stica de alimentaci�n o el desarrollo de cualquiera otra estructura de distribuci�n comercial alimentaria contratada por el gobierno angole�o.
Tampoco ha quedado acreditado, indica la Sala, que Oliveira Tabeira Pinto, investigado y huido de la Justicia, hubiera recibido por parte de este Consorcio una cantidad de dinero por gastos de regalos, viajes y hospedaje de funcionarios de aquel pa�s.
A lo largo de 424 p�ginas, el Tribunal examina las declaraciones de los acusados, las testificales y las periciales practicadas y cuestiona la exposici�n realizada por las acusaciones, en especial la p�blica, que ha aportado una proliferaci�n de datos que, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, seg�n los jueces, "ha dificultado en gran medida la correcta comprensi�n de las cuestiones planteadas".
La sentencia explica que las periciales de las defensas sobre la ausencia de m�viles turbios o espurios en los negocios efectuados por los acusados han sido m�s contundentes que las de las acusaciones. "Ello revela", a�ade el tribunal, "la carencia de soportes probatorios de cargos, especialmente cuando los peritos de las acusaciones aparte del seguidismo de los informes de la Guardia Civil emplean datos situados en un periodo temporal anterior a los tenidos en cuenta por los peritos de las defensas".
La Sala aprecia en las actuaciones "una desmesurada 'demonizaci�n' de las comisiones acordadas en contratos suscritos en un pa�s que acababa de finalizar una guerra civil y donde las estructuras legales y convencionales se caracterizaban por su rigidez. De ah� que fuera l�gico que los intervinientes contractuales aseguraran sus emolumentos o remuneraciones".
Adem�s, subraya que ante la realidad negocial que refleja la vasta y densa prueba practicada en la vista oral no se puede determinar que la creaci�n y supervivencia del CMIC "viniera determinada por la actuaci�n de los acusados en aras de eludir irregularmente las posibles responsabilidades penales que se les atribuye".
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