El juez instructor del caso ERE, Jos� Ignacio Vilaplana, ha abierto otra v�a para que el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) intervenga contra la "impunidad" en los ERE, despu�s de que el Tribunal Constitucional imprimiera un giro de guion en la causa y decidiera amparar parcialmente a la mayor�a de ex altos cargos que, previamente, hab�an sido condenados por la Audiencia y el Tribunal Supremo. Entre estos ex altos cargos est�n los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Jos� Antonio Gri��n.
En un extenso auto, el magistrado Vilaplana encuentra nuevos motivos, que se unen a los ya apreciados por la Audencia, para que el TJUE intervenga en la causa de corrupci�n de los ERE. El pasado verano, la Audiencia ya elev� al tribunal europeo una cuesti�n prejudicial para que aclarara si el Tribunal Constitucional de Espa�a se extralimit� en sus funciones, invadiendo competencias de los jueces y magistrados que condenaron el desv�o sistem�tico de fondos a trav�s de un mecanismo fraudulento de reparto de ayudas.
Esa extralimitaci�n y las anulaciones de condenas de los ex altos cargos decididas por el Constitucional de Conde Pumpido pondr�an generar un "riesgo sist�mico de impunidad" contrario a los intereses financieros de la Uni�n Europea, seg�n aleg� la Audiencia de Sevilla.
La presentaci�n de este recurso ante el TJUE supuso la paralizaci�n de la revisi�n de las condenas impuestas desde la Audiencia y ratificadas por el Supremo. Ambas instancias hab�an considerado probado que una veintena de altos cargos de la Junta de Andaluc�a, entre ellos los ex presidentes Jos� Antonio Gri��n y Manuel Chaves, cometieron delitos de prevaricaci�n y/o malversaci�n en el reparto de 679.412.179,09 euros a lo largo de una d�cada sin ning�n tipo de control y mediante la habilitaci�n de un mecanismo extraordinario, el controvertido "procedimiento espec�fico", que permt�a eludir las garant�as de la administraci�n. Sin embargo, el TC resolvi� posteriormente que ese procedimiento era "legal" porque fue recogido en las leyes de presupuestos que se aprobaban cada a�o.
La nueva v�a abierta por el juez Vilaplana podr�a ser decisiva para el devenir del caso ERE porque hace un par de semanas la Comisi�n Europa emiti� un informe contrario a que el TJUE se pronunciara sobre la sentencia de los ERE del Constitucional porque la instancia judicial europea no puede convertirse en un "tribunal de supercasaci�n" y, adem�s, en este caso ni siquiera habr�a fondos europeos comprometidos. La decisi�n de la Comisi�n no es vinculante para el TJUE, pero las fuentes jur�dicas consultadas por EL MUNDO vaticinan que el caso ser� inadmitido y decaer� la cuesti�n prejudicial de la Audiencia.
Sin embargo, los nuevos motivos encontrados por Vilaplana obligar�an a analizar de nuevo sus argumentos y habr�a otra posibilidad de que el TJUE interviniera en los ERE.
En un auto, Vilaplana ve procedente plantear al TJUE las mismas cuestiones prejudiciales elevadas por la Secci�n Primera de la Audiencia y a�ade otras adicionales vinculadas con la posible contradicci�n de la doctrina del Constitucional con la Directiva Europea de lucha contra la corrupci�n, que fue aprobada hace tan solo unos d�as -el pasado 21 de abril- por el Consejo de la UE y de otros convenios comunitarios y de Naciones Unidas contra la corrupci�n.
Pero la principal novedad que aporta Vilaplana es la contradicci�n de la decisi�n del TC sobre los ERE con el R�gimen Europeo de "Ayudas de Estado", por vulneraci�n de la normativa y la jurisprudencia comunitarias, que parten del principio general de la "incompatibilidad de las ayudas y del deber de transparencia o publicidad e informaci�n a la comisi�n". El Gobierno andaluz del PSOE nunca inform� a Europa sobre las ayudas de los ERE.
Vilaplana entiende que las Leyes de Presupuesto de Andaluc�a de los a�os 2002 a 2009, que inclu�an los ERE, "tal como han sido interpretadas" por el Constitucional, "incumplir�an las normas relativas a las denominadas ayudas de Estado, al suprimir e imposibilitar la transparencia y procedimientos necesarios, a fin de que la Uni�n Europea pudiera desarrollar sus competencias de control de las ayudas de Estado que pueden afectar a la unidad de mercado y la libre competencia".
El R�gimen Europeo de "Ayudas de Estado" vela por este asunto porque las ayudas p�blicas otorgadas por los Estados miembros a las empresas de su pa�s podr�an suponer una "ventaja selectiva" para las sociedades beneficiarias, "perjudicial para las empresas -nacionales o de otros Estados Miembros- que no se beneficien de la correspondiente ayuda, siendo susceptibles de distorsionar el libre funcionamiento de los mercados y, en particular el mercado interior comunitario, y con consecuencias negativas tambi�n para los consumidores", explica el auto de Vilaplana.
Ante este panorama, el instructor plantea en su auto si debe plantear una cuesti�n prejudicial ante el TJUE en una de las piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE. Se trata de la pieza por las ayudas de 35 millones a empresas del Grupo Ruiz-Mateos, en la que hay una veintena de acusados, entre ellos el conseguidor Juan Lanzas, quien "recib�a comisiones mensuales de hasta 25.000 euros, entregadas en sobres desde oficinas del grupo o directamente por sus directivos", se�ala el auto.
En esta pieza separada, el magistrado investiga la presunta comisi�n de delitos de prevaricaci�n administrativa, falsedad documental y malversaci�n relacionados con las ayudas otorgadas entre los a�os 2001 y 2010 a varias empresas del Grupo Ruiz-Mateos, ayudas que "estaban destinadas a favorecer a las empresas con financiaci�n de expedientes de regulaci�n de empleo (ERE) mediante p�lizas de seguros para prejubilaciones", consistiendo el "mecanismo de la trama" en que Juan Lanzas "ofrec�a a los representantes y directivos de las empresas del grupo conseguir ayudas p�blicas a cambio de dinero".
De este modo, y seg�n expone el juez, el conseguidor de los ERE "contactaba con altos cargos de la Junta, quienes garantizaban la concesi�n de ayudas sin requisitos, condiciones ni fiscalizaci�n o control administrativo", tras lo que las empresas "presentaban expedientes de regulaci�n de empleo con la promesa de rejuvenecer plantillas, utilizando a mediadoras como Vitalia y Uniter para gestionar p�lizas de seguros". As�, la Junta de Andaluc�a "asum�a todo o la mayor parte del coste de las p�lizas, canalizando los pagos a trav�s de la Agencia IDEA".
El juez trata de evitar que haya "impunidad" en este caso de corrupci�n, despu�s de que la Secci�n S�ptima de la Audiencia decidiera exonerar a tres acusados includos en la pieza sobre las ayudas al Grupo Ruiz-Mateos, precisamente en aplicaci�n de la nueva realidad judicial impuesta por el Constitucional.
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