El ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha negado este martes haber favorecido al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García como contraprestación por el rescate de la compañía Air Europa durante la pandemia.

El testigo, que ha jurado y prometido a la vez decir la verdad, ha dicho desconocer que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa anunciando de forma anticipada que iba a rescatar a la aerolínea. Según los informes de la UCO, el Ministerio de Transportes emitió una nota con el objetivo de aliviar la situación financiera de la compañía, acción que le valió al ministro Ábalos no tener que pagar el chalé de Marbella en el que iba a pasar 11 días de vacaciones en agosto de 2020.

Asimismo, Hidalgo ha negado que se pagara una comisión a Aldama o Koldo por conseguir el rescate de Air Europa. En una declaración previa en el juicio, la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor aseguraron que Aldama les había dicho que junto a Koldo García había ido a casa de Juan José Hidalgo -padre del hoy testigo- a recoger medio millón de euros como premio por esa gestión exitosa. "¿Usted ha entregado 500.000 euros a Koldo o Aldama por el rescate de Air Europa?", preguntó la letrada Leticia de la Hoz. "No", respondió categóricamente el testigo. El empresario también rechazó de forma taxativa que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mediara en el rescate de la compañía.

A lo largo de su comparecencia, Javier Hidalgo ha criticado las condiciones del rescate de su compañía frente a aerolíneas como Iberia, con la que ha establecido una comparación durante el interrogatorio. "A Iberia le dieron 1.000 millones sin preguntarles nada", sostuvo con cierta indignación. "Es el peor préstamo concedido en el mundo", dijo Hidalgo en referencia a su compañía.

Asimismo, el empresario se ha resistido a calificar de "nota de prensa" el escrito de la SEPI en que se mostraba favorable al rescate de Air Europa. Ha admitido que sí conoció ese "comunicado oficial" emitido en septiembre de 2020. Después de varias repreguntas del fiscal jefe Alejandro Luzón, la ha descrito como "un documento de la Sepi en español e inglés para que pudiéramos mostrar a los acreedores".

Por otro lado, el testigo ha explicado que el empresario Aldama llevaba la "parte institucional" de la compañía para mantener una interlocución con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía en un momento difícil como fue el rescate. "Evidentemente el señor Ábalos tenía que estar informado, al igual que el Ministerio de Economía", ha apuntado. "Tenía la comunicación con diferentes ministros (...) Era un canal transmisor, simplemente", ha agregado.

Aldama, interlocutor con "Delcy"

Por su parte, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ha interrogado al empresario Hidalgo por la deuda de 200 millones que tenía el gobierno de Venezuela con Air Europa. El testigo ha señalado que "no le consta" que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero interviniese en esa cuestión. Asimismo, ha manifestado que el gobierno venezolano ofreció distintas formas de pago como "hoteles" o "criptomonedas" que no convencieron a su compañía.

En contraposición, Javier Hidalgo ha declarado que " no recuerda" si el gobierno chavista ofreció liquidar la deuda a través del pago con petróleo de empresa estatal venezolana PDVSA. El empresario ha admitido que se encomendó esta labor a Aldama porque tenía contactos con el ministro de Turismo venezolano y también con Delcy Rodríguez.

Además, en el Supremo se han escuchado hoy los movimientos de la trama en dos ministerios que no son el de Transportes de José Luis Ábalos de la voz de otros tetsigos. En Industria, una de las empresas a las que supuestamente los acusados querían favorecer consiguió un encuentro con el jefe de Gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto. En Interior, logró que otra empresa amiga, la que había vendido las mascarillas a Adif y Puertos del Estado, hiciera también negocio.

El ex jefe de Gabinete de Maroto ha reconocido haber gestionado una reunión con los socios de Villafuel, pieza clave del caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional. La cita con Juan Ignacio Díaz Bidart se produjo a petición de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Fue en diciembre de 2020 y a ella asistieron Claudio Rivas -socio de Víctor de Aldama- y Carmen Pano, la empresaria que declaró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE.

Buscaban una nueva licencia para comercializar hidrocarburos, algo para lo que Industria no era competente. "¿Por qué entonces mantuvo la reunión?", ha preguntado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "Si era de hidrocarburos, había alguna competencia en Industria, dependiendo de lo que fuera", se ha justificado el ex jefe de Gabinete, que acabó remitiendo a Rivas y Pano al Ministerio de Transición Ecológica.

Las acusaciones han querido saber qué papel pudo tener en ello la propia Maroto. "¿Dio cuenta a la ministra de la reunión?". "En el Gabinete hacemos cribado de las reuniones. Ahora mismo no recuerdo si le transmití esto o no, porque ese día había cuatro asuntos importantes sobre la mesa", ha dicho el testigo, algo más ambiguo en el juicio que en su testifical reciente en la Audiencia Nacional, donde transmitió que no creía haber dado cuenta a su jefa.

El testigo ha negado haber cenado con Koldo y Víctor de Aldama, frente a lo que parece desprenderse de algunas notas incautadas en la investigación. También ha minimizado la reunión reconocida en Industria. A preguntas de la defensa de Koldo, ha indicado que cada día tenía "seis o siete" encuentros como ese de Villafuel.

El último testigo de la mañana ha sido el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, número dos de Interior con Fernando Grande-Marlaska cuando el Ministerio compró mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa que impulsaban los tres acusados. El testigo, hoy en el Gabinete de la Presidencia del CGPJ y el TS, ha explicado la "necesidad" acuciante que tenían de obtener material sanitario en los primeros momentos de la pandemia. "En la situación que vivimos en 2020 no había un mercado", ha dicho.

Ha explicado que el contrato con Soluciones de Gestión respetó la legalidad y que tuvieron noticia de esa empresa debido a que Transportes tenía "una línea de suministro" para obtener mascarillas. No recibieron ninguna indicación directa para contratar a esta mercantil, ha asegurado. Pérez no ha podido determinar si llegaron al Ministerio de Interior procedentes del Ministerio de Transportes.

Jésica Rodríguez, en 13 viajes oficiales

La primera testigo del día ha sido la ex secretaria de Ábalos en Transportes, que hoy lo sigues siendo de Óscar Puente. Ana María Aranda ha declarado que conocía a Aldama de haberlo visto varias veces en el Ministerio. "Yo le veía aparecer por las dependencias del ministro, solo o en algunas ocasiones acompañado de Koldo García". También ha ratificado que completaba los "salvoconductos" que le solicitaba Koldo García para permitir la movilidad durante el segundo estado de alarma. El escrito de acusación del fiscal jefe indica que el motivo de esas autorizaciones, reuniones con el ministro, era falso.

La testigo ha dicho que en algunas ocasiones gestionó viajes de Jésica Rodríguez con el ministro. Y ha recordado que, a petición del Supremo, ya hicieron las cuentas: estuvo en 13 de los 293 viajes oficiales de Ábalos. "¿Quién pagaba?", ha preguntado Alberto Durán, abogado de la acusación popular, que coordina el PP. "Koldo García". La testigo ha recordado que el asesor le daba una tarjeta de crédito a su nombre para pasar esos gastos. La defensa de Koldo García ha insistido en ello, para que confirmara que los viajes de la novia de Ábalos "nunca" se pagaron con fondos públicos.

Ha comparecido también la secretaria de otro acusado. María Piedad Losada, ex empleada de Aldama, ha comparecido escoltada por un abogado, puesto que está imputada en la Audiencia Nacional. En varias ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar. Por ejemplo, cuando le han preguntado si en su despacho se redactaron los contratos del chalé y el piso de la Castellana que la trama, supuestamente, estaba dispuesta a proporcionar a Ábalos por sus favores. Apenas ha aclarado nada, más allá de que llamaba "jefe" al ministro "porque así le llamaba el señor Aldama".

Había dos testigos citados en relación con el piso de la Castellana que según Aldama estaba destinado a comprar el favor de Ábalos. Solo uno ha sido localizado y ha explicado que estuvo en el inmueble hasta 2022. El hijo del ex ministro declaró en la primera jornada de juicio que era falso ese supuesto regalo al ministro, porque la casa tenía "un okupa". En su breve declaración, y tras repasar las vicisitudes de la propiedad y uso del inmueble, ha asegurado que no vio nunca por allí a los acusados.