Niega que la medida sea "perjudicial" y alega que, de paralizarla, el daño sería "superior al interés que se alega por las partes"
Carlos Lesmes (centro), junto a los magistrados Fernando Román y Wenceslao Francisco Olea, este viernes, en una de las vistas en el Supremo.Efe
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La Abogacía del Estado ha avanzado en el Tribunal Supremo que el Gobierno ha recibido, hasta el día de ayer, 549.596 solicitudes de regularización, de las que han sido admitidas a trámite 91.505. El letrado que representa al Ejecutivo ha defendido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que este proceso tendrá un "impacto humano y económico positivo" para España, por lo que a su juicio no procede adoptar la suspensión cautelar de la medida solicitada al Alto Tribunal.
El Letrado que representa al Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado que los sendos recursos presentados contra la regularización "no acreditan" que la medida sea "perjudicial", considerando que "no existe fundamentación" respecto de su pretendida paralización. De esta forma, ha reiterado la "necesidad de realizar la ponderación de los intereses en juego".
Así lo ha expuesto el abogado del Estado durante las cinco vistas fechadas para este viernes en las que los recurrentes de este Real Decreto -Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Hazte Oír, Libertad y Justicia, el partido político Vox y la Comunidad de Madrid- han fundamentado su oposición a la medida extraordinaria impulsada por el Gobierno por la vía reglamentaria.
En sus recursos, las partes reclamaban la suspensión cautelar de la regularización de inmigrantes alegando que su puesta en marcha implicaría una contradicción con la normativa europea, así como "perjuicios de imposible o muy difícil reparación" tras desencadenar "situaciones de hecho irreversibles". El representante del Gobierno ha negado que se produzca tal circunstancia alegando que la medida implica la "integración en España de personas que ya tienen un arraigo".
Asimismo, entre los motivos esgrimidos, las partes consideran que el proceso constituye un "fraude de ley" al ser impulsado por la vía reglamentaria sin pasar por las Cortes. Por su parte, la Abogacía del Estado ha defendido que "los reglamentos son complementos indispensables de las leyes", justificando así el instrumento legal empleado por el Gobierno.
Para fundamentar su postura, el abogado del Estado se ha apoyado en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2025, así como en el Informe sobre la Realidad Migratoria en España aprobado por el Consejo Económico y Social. De acuerdo con estos documentos, es "muy acertado" que este proceso "se centre en corregir los costes humanos y de gestión" así como que se centre en dar "respuesta a los retos del mundo laboral". El Letrado ha subrayado los "importantes efectos para la economía española de esta regularización, tanto para el crecimiento del PIB como para los potenciales efectos a medio y largo plazo".
A su juicio, el perjuicio de congelar este proceso de regularización sería "superior al interés que se alega por las partes". En este sentido, el Letrado del Estado ha asegurado que los derechos de los extranjeros susceptibles de acogerse a la medida "pueden quedar comprometidos" si se acuerda la suspensión cautelar de la misma.
En esta línea, ha alegado que " el "interés público está implícito en la naturaleza" de las disposiciones 20 y 21 del Real Decreto -las que introdujeron la posibilidad de acometer esta regularización extraordinaria y las que se pretende congelar-, considerando que su "aplicación es necesaria para la mejora de los intereses generales".
Por otra parte, el representante del Gobierno y los de cada recurrente han expuesto argumentos sobre la falta o no de legitimación o de cada una de las partes para recurrir este Real Decreto.