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El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen ha escuchado este miércoles la declaración como testigo de Ignacio Cosidó, director general de la Policía cuando se desarrolló la operación parapolicial para evitar que material de Luis Bárcenas perjudicial para el PP llegara al juez que investigaba el caso Gürtel.
En el banquillo se sientan quienes cuando tuvieron lugar los hechos estaban tanto por encima -ministro, secretario de Estado- como por debajo -director Adjunto Operativo y varios comisarios relevantes-. Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino le han escuchado declarar que no tuvo noticia de que desde la DAO estuviera en marcha un operativo al margen del oficial en torno al ex tesorero que investigaba un juez de la Audiencia. El también ex diputado y ex senador popular nunca ha llegado a figurar como investigado.
"Siempre entendí que las investigaciones se estaban desarrollando por la Udef", ha afirmado Cosidó, que ha dicho al fiscal del caso que sus subalternos -en particular, el ex DAO y acusado Eugenio Pino- no le comentaban detalles de las investigaciones de ese caso de corrupción. Él conocía "únicamente" la existencia de la operación policial judicializada, no "las actuaciones concretas".
"¿Llegó a comentar con el secretario de Estado Francisco Martínez algún tipo de operación de la DAO [Dirección Adjunta Operativa] para conseguir información sobre Luis Bárcenas?", ha preguntado el fiscal César de Rivas. "Desde ámbito de la DAO no. Y los intercambios de información eran de carácter general porque, insisto, no tenía conocimiento preciso de las actuaciones de la Udef".
Cosidó ha dicho del acusado José Manuel Villarejo que no era "una persona de confianza" y que en su periodo como director de la Policía solo le saludó en una ocasión y "de forma protocolaria". Sobre sus despachos relativos al caso Gürtel con su superior, el entonces secretario de Estado Francisco Martínez, ha precisado que fueron referencias superficiales. "Los intercambios de información eran de carácter general. Insisto en que no tenía conocimiento preciso de las actuaciones de la Udef. Los agentes tienen que informar al juez y no a los órganos políticos o administrativos".
El testigo ha negado que le llegara la información de que Villarejo "pudiera hacer usos de determinada documentación" en el enfrentamiento que mantenía con el comisario responsable de Asuntos Internos. La acusación popular que ejerce el PSOE le ha ido repasando su relación con otros mandos policiales investigados, que Cosidó describía como muy tangenciales. "Encontrarse en el ministerio no es incriminatorio", ha llegado a decir la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, en ese repaso de las relaciones del testigo que estaba haciendo la abogada Gloria de Pascual.
La magistrada ha vuelto a interrumpir a letrada del PSOE cuando ha preguntado a Cosidó por una anotación de Villarejo en su agenda: que Cospedal estaba politizando la Policía. "Disculpe, la señora De Cospedal no se está enjuiciando aquí".
Podemos también ejerce la acusación popular, y su letrado ha querido saber si Cosidó supo de los seguimientos a la familia Bárcenas por parte de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao). No sabía de la investigación de la Udef, pero no sabía que estaban implicadas otras unidades como la Ucao.
En general, la línea de las preguntas de Podemos iban dirigidas a resaltar la relación entre el testigo y manos policiales acusados, incluyendo la concesión de medallas a alguno como Andrés Gómez Gordo.
"¿Usted en algún momento hizo alguna indagación en el Ministerio para confirmar si esta operación se había llegado a cabo. La respuesta no ha sido directa: "El conocimiento que he tenido de esta operación lo he tenido básicamente a través de la investigación de la propia Audiencia Nacional y hubo las numerosas informaciones".
"Usted además de director de la Policía era dirigente del Partido Popular. ¿Recuerda si en ese momento era motivo de preocupación o de inquietud la prisión preventiva de Luis Bárcenas?". No ha habido respuesta, porque ha intervenido la presidenta: "Eso no forma parte de los hechos". "Sí, la inquietud que motivara cualquier tipo de acción por parte del partido, eso está en el escrito de acusación", ha seguido el abogado. "Todo lo que usted quiera, pero esa pregunta no es pertinente", ha zanjado la magistrada, y el abogado de Podemos no ha hecho más preguntas.
Como acusación particular actúa la familia Bárcenas. Su abogada, Marta Giménez-Cassina, ha buscado desactivar tesis de las defensas: Una, que las vigilancias a los Bárcenas eran un intento de proteger a la esposa del tesorero, Rosalía Iglesias, mientras este se encontraba en prisión. "¿Ella tendría que tener conocimiento de esta protección?". "Entiendo que sí".
También ha considerado improbable que coincidieran distintas unidades en vigilancias a una misma persona, puesto que había un sistema de información en la Policía para evitarlo. Eso sí sucedió en torno al domicilio de los Bárcenas. El martes declaró un agente de Asuntos Internos que detectó coches policiales de otras unidades en la misma zona.
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