Tribunales
Sus predecesores, Dolores Delgado y �lvaro Garc�a Ortiz, agravaron la utilizaci�n partidista de la instituci�n con una larga lista de maniobras al servicio de Moncloa
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, junto a sus predecesores �lvaro Garc�a Ortiz y Dolores Delgado.
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En la casi centenaria historia de la Fiscal�a General del Estado hay varios ejemplos de conllevanza con el poder, pero no ha sido hasta la llegada de Pedro S�nchez al Gobierno cuando se han producido los casos m�s flagrantes, convirti�ndola en la instituci�n p�blica m�s politizada. Ni con TVE ni con la agencia Efe se ha llegado a tal grado de utilizaci�n partidista y de falta de neutralidad institucional, s�lo comparable quiz� con el CIS de Tezanos, sumido en un descr�dito irreparable. El ajuste de cuentas ejecutado ayer por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, contra los cr�ticos con su predecesor, el condenado �lvaro Garc�a Ortiz, as� como el ascenso de los afines del llamado Equipo Fortuny son s�lo las �ltimas maniobras al servicio de Moncloa dentro de una larga lista que pone en evidencia la concepci�n patrimonial del Estado que ha practicado el presidente del Gobierno a lo largo de seis a�os de mandato.
Ya lo quiso dejar claro el propio S�nchez en su reveladora entrevistan en RNE: ��De qui�n depende la Fiscal�a? Pues eso�. Fue en noviembre de 2019, dos meses antes de que Mar�a Jos� Segarra, una fiscal general no suficientemente alineada con las tesis del Gobierno, fuera sustituida por Dolores Delgado despu�s de que el Gobierno no consiguiera que Segarra obligara a los fiscales a acusar por sedici�n en el juicio del proc�s.
Delgado, por el contrario, s� oblig� como ministra a cambiar la rebeli�n por la sedici�n, y muchas cosas m�s. Su salto directo de ministra de Justicia a fiscal general fue el primer golpe contra la independencia de esta instituci�n. Despu�s vinieron sus injerencias en los casos de Trapero o Stampa y su sesgada pol�tica de ascensos basada en criterios ajenos al m�rito y la capacidad y anulados en varias ocasiones por el Supremo.
Ella misma estuvo en el centro cuando, al dejar su cargo en julio de 2022, se convirti� autom�ticamente por obra de su pupilo Garc�a Ortiz en fiscal de Sala del Supremo, m�xima categor�a a la que pod�a aspirar, en lugar de volver a su posici�n anterior. Este ascenso a medida fue anulado por el TS al apreciar una �desviaci�n de poder�. Aun as�, Garc�a Ortiz volvi� a nombrarla fiscal de Sala de Memoria Democr�tica y el TS volvi� a revocarlo.
El caso m�s grave, en todo caso, ha sido el del propio Garc�a Ortiz, ejecutor fiel de las �rdenes de Delgado que ha acabado convirti�ndose en el primer fiscal general condenado de la historia democr�tica de Espa�a por revelaci�n de secretos en la filtraci�n de datos reservados del novio de Isabel D�az Ayuso. El fallo tiene una gran trascendencia hist�rica y pol�tica, pues confirma que un fiscal general se prest� para urdir una operaci�n pol�tica en la que un pilar del Estado arrollaba los derechos de un ciudadano por ser pareja de una rival.
Garc�a Ortiz, cesado en diciembre de 2025 tras la condena del Supremo, tampoco ha dejado un charco pol�tico sin pisar. Apodado Don Alvarone por sus cr�ticos y declarado inid�neo por el CGPJ, quiso impedir al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la Ley de Amnist�a; busc� obligar a los fiscales del proc�s a que informasen a favor de amnistiar al pr�fugo Puigdemont (ellos se negaron y los apart� del caso), y se enfrent� a la Fiscal�a Superior de Catalu�a por haber recurrido una aplicaci�n de la amnist�a, adem�s de proseguir con la l�nea de nombramientos discrecionales en la que incurri� su predecesora.
Garc�a Ortiz ha dejado una Fiscal�a rota, desprestigiada y con fracturas internas. Su sucesora Teresa Peramato, muy pr�xima a �l y a Delgado, confirma con la purga de ayer -con ascenso de la esposa del ex fiscal incluido - que ser� dif�cil, como ella prometi�, �sanar las heridas abiertas�. Todo ello, unido a la utilizaci�n de la Fiscal�a como arma en los casos judiciales del hermano y de la esposa de Pedro S�nchez, y en paralelo a una persistente campa�a de desprestigio contra los jueces y los medios de comunicaci�n independientes, muestra la degradaci�n institucional a la que el Gobierno est� conduciendo al Estado de Derecho.