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La sede central del PSOE en la calle Ferraz ha sido escenario este miércoles de una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los agentes han acudido para recabar documentación clave sobre Leire Díez, la denominada "fontanera" del partido, en el marco de una investigación que apunta a una organización criminal diseñada para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno o a la propia formación socialista.
El magistrado sospecha de la comisión de delitos graves, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y revelación de secretos. La operación ha tenido un alcance nacional, incluyendo el registro del domicilio del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en Navarra, y el despacho del histórico dirigente Gaspar Zarrías. Entre los nuevos imputados figuran Ana María Fuentes Pacheco, gerente de Organización, y se investigan indicios de colaboración en el "ilícito plan" contra Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y el diputado Juan Francisco Serrano.
La causa, que permanece bajo secreto, se entrelaza con el "caso Sepi", donde se indagan comisiones ilegales y el amaño de operaciones financieras, como el rescate de Tubos Reunidos por valor de 113 millones de euros. Los investigadores han puesto el foco en el grupo de WhatsApp "Hirurok", mediante el cual figuras como Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, y la propia Díez coordinaban estrategias presuntamente ilícitas. Además, se atribuyen delitos de cohecho al guardia civil Juan Sánchez Yepes y al abogado Jacobo Teijelo por auxiliar estas actividades de sabotaje judicial.
La onda expansiva ha llegado al Congreso, donde Gabriel Rufián (ERC) ha lanzado un ultimátum al Ejecutivo. El portavoz independentista ha calificado de "línea roja" la posibilidad de que se demuestre financiación ilegal en las filas del PSOE. De confirmarse estas sospechas, Rufián ha advertido que su formación exigirá la convocatoria inmediata de elecciones generales para que "la gente decida" ante lo que considera una anomalía institucional de extrema gravedad.