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El panorama político español se ha visto sacudido por la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ante la gravedad de los hechos, el Ejecutivo ha cerrado filas defendiendo que asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas necesarias tras las primeras investigaciones judiciales. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado que desde Moncloa condenan "sin matices" los comportamientos que se alejan de los principios éticos de la coalición.
Según Saiz, la acción política del gabinete se sustenta en valores "de integridad, de transparencia, de mérito". La ministra ha sido tajante al afirmar que el compromiso firme del Gobierno es que la corrupción "ni se tolere ni se aplauda", subrayando que es el tiempo de que la Justicia culmine su trabajo. Por su parte, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reforzado este mensaje utilizando una comparativa directa con la oposición. López ha recalcado que para el Ejecutivo es prioritario combatir la corrupción bajo la premisa de que "el que la hace, la paga", independientemente de si el implicado se llama "Ábalos o Ayuso".
El Gobierno ha aprovechado la comparecencia para denunciar lo que consideran un ejercicio de "hipocresía" por parte de Alberto Núñez Feijóo. Óscar López ha puesto el foco en que el PSOE "actuó" con "contundencia" exigiendo el acta de Ábalos meses antes de que existiera una sentencia, mientras acusa al PP de "amparar y proteger" los casos que afectan a la presidenta madrileña. En este sentido, el ministro ha enfatizado que "no vale mezclarlo todo" ni confundir procesos judiciales que se encuentran en fases distintas.
Asimismo, desde el equipo del presidente Pedro Sánchez han vuelto a calificar como un "atropello desde el minuto uno" las investigaciones contra Begoña Gómez, basándose en lo que definen como un "escrito chapucero". López ha insistido en que, aunque existen casos de corrupción, la mayoría de los políticos y jueces realizan un trabajo honesto, concluyendo que "ni todos los políticos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos". Uno de los puntos de mayor tensión es la rebaja de penas al empresario Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia, lo que le permitirá evitar la entrada en prisión.