Fumata blanca en Extremadura. Comienza una nueva era para PP y Vox. El acuerdo para investir a María Guardiola reconfigura la correlación de fuerzas de la derecha y marca la pauta no sólo para Aragón y Castilla y León, sino, también, para el ruedo nacional. Queda aparcada la idea del sorpasso de Vox y comienza una etapa de roles perfectamente definidos: Alberto Núñez Feijóo lidera y Santiago Abascal se resigna a su papel subalterno.

El calado de este acuerdo -al que seguirán los otros dos muy pronto- es de una profundidad innegable. E irremediable, para Vox, un partido que ya no es el verso suelto y antipolítico contra el bipartidismo. No puede serlo. Ahora vuelve a ejercer el papel reglado y acotado de hermano pequeño en el tique opositor contra Pedro Sánchez.

Ya no es uno -Vox- contra todos. Ahora son dos -PP y Vox- contra uno, el bloque gubernamental.

A un mes de las elecciones de Andalucía y con la mayoría de Juanma Moreno en la mirilla, Abascal pasa página y pacta con el mismo partido al que acusa de «prácticas de contrabandistas de ría». Al final, los votos siempre pesan más que las estrategias y los marcos discursivos. Ése y no otro fue el mensaje que salió de las urnas en el ciclo de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Si el adagio taurino dice que «los de valor, a mandar; y los de arte, a acompañar», las urnas replicaron que a los populares les toca mandar y a Vox, acompañar. O sea, a desbloquear las investiduras autonómicas y, más importante aún, la gobernabilidad de cada legislatura. Con vocación y, sobre todo, compromiso de durar cuatro años.

Los presupuestos son la clave de esta domesticación aparente de Vox. Es algo que se explica solo: a finales de 2025, Guardiola convocó elecciones porque su socio no pasaba por el aro de los presupuestos. Y ahora Vox se compromete a aprobar nada menos que cuatro cuentas regionales. Las de 2026, 2027, 2028 y 2029. Tal como demandaban Feijóo y sus dos negociadores, Miguel Tellado y Marta Varela.

Estos dos últimos salen reforzados. Ambos llevaron el peso de las negociaciones, mientras que Feijóo fue quien decantó los puntos en los que los populares extremeños tenían dudas. El remate final lo dio el equipo de Guardiola. No se habló del reparto de sillones hasta la tarde el jueves, repiten las fuentes. De manera que la baronesa ha contado con «total autonomía» para negociar la configuración de su Ejecutivo. Ahí no se mete Génova.

Digerido ya el golpe de la caída de su gran socio Víktor Orban, y en plena crisis interna por la purga generalizada de los críticos, Abascal se resitúa y reescribe su camino: Vox pasa de ser un partido que impugna el sistema desde sus márgenes a uno funcional, que participa de él y que promete estabilidad. Luego veremos si lo cumple, pero si no lo hace, faltará a su palabra. La responsabilidad ahora es única e intransferible.

Con toda su promesa de proporcionalidad a cuestas, el acuerdo tiene dos puntos de importancia política capital. El primero y principal es esa vinculación de Vox a la estabilidad presupuestaria, porque supone una abdicación: Abascal renuncia al botón rojo del veto los presupuestos. Eso le resta poder de coerción. Y de chantaje. «PP y Vox se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales que permitan llevar a término en tiempo y forma las medidas del acuerdo y aquellas otras que se adopten», deja atado y bien atado el documento.

El segundo mandamiento clave del texto es el de la conllevanza pautada y forzosa. Vox promete «pleno respeto a la jerarquía» y «dar estabilidad a Extremadura durante toda la legislatura». Guardiola ata en corto al que será su vicepresidente, Óscar Fernández, ya que ambas formaciones garantizan que darán «curso» a sus diferencias «con proporcionalidad y normalidad». Y con «vocación» de «cuatro años de progreso». Cuatro es la cifra.

El PP quería anunciar el acuerdo el viernes, para no eclipsar el informe de la UCO sobre Francina Armengol, pero Vox tenía prisa por pasar página. Puede sacar pecho porque su botín de cargos es mayor al de 2023, y en lo programático marca perfil de utilidad y clava varias picas de querencia extremista.

En términos estratégicos, el acuerdo es un paso de gigante para la unión de la derecha. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, la «prioridad nacional» de los españoles en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública. ¿Cómo? Exigiendo «un arraigo real y prolongado», con un empadronamiento mínimo de 10 años para comprar y de cinco para alquilar. O la garantía de una mejor sanidad «para los españoles». ¿Y al resto que le den?

Que ese identitarismo descarrile o no en medidas xenófobas es algo que sólo dirá el tiempo. Ahora lo que toca es analizar el corrimiento tectónico que supone este acuerdo para la derecha española. Los nervios del líder extremeño de Vox eran anoche la expresión del desafío que representa para la formación de extrema derecha este nuevo paso. Sobre todo, porque Vox sabe que el PP está muy contento y muy cómodo con lo acordado. «La parte programática es perfectamente defendible y asumible para el PP», aseguran en Génova, antes de anotarse un papel principal en esta victoria: «Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años».

Efectivamente, hace dos meses Bambú recelaba de Guardiola, a la que había llegado a llamar «la Irene Montero de Extremadura». Fue el giro estratégico de Feijóo el que reencauzó las relaciones entre el PP y Vox. Y no sólo las extremeñas. El líder de la oposición lanzó un «documento marco» que delimitó las negociaciones, predispuso el pacto, frenó la oposición de Abascal, al dejarlo sin argumentos en contra. Lo llamaron abrazo del oso, pero era una inmovilización de anaconda.

«Lo más importante es que Vox va a cambiar. Va a hacer oposición a Sánchez y no a nosotros. Queremos que los acuerdos sirvan para que la derecha vaya unida contra Sánchez, y para eso Vox tenía que suavizar su postura sobre Génova», apuntan en el equipo de Feijóo.

El análisis de la dirección del PP no admite dobleces: «Una vez que entran en los gobiernos, ya no pueden decir que somos una estafa. Si somos una estafa, ellos también, de nuestra manita. Tampoco se lo podrán decir a Moreno». «Esto marcará la nueva derecha en España», proclaman. «Desde dentro, ya no pueden combatir el bipartidismo como desde fuera. Ya es un dos contra uno: todos contra Sánchez».

La patata caliente será la inmigración. Óscar Fernández, además de una vicepresidencia, se hará cargo de competencias como juventud e infancia, lo que le dará competencias sobre los menores que llegan a España sin acompañar. Lo que ocurre, y eso es también otro cambio crucial de la derecha española, es que la postura del PP ya no está tan lejos de la de Vox en inmigración.