La Generalitat evita de momento introducir la "prioridad nacional" que exigía Vox en el reparto de ayudas sociales
El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en los estudios de Ciudad de la Luz de Alicante.EUROPA PRESS
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La presentación de los presupuestos de la Generalitat de 2026, tras un nuevo pacto entre PP y Vox, se torció inesperadamente el viernes cuando el consejero valenciano de Hacienda negó que la "prioridad nacional" tuviera cabida en las cuentas. Tal fue el incendio que montaron los de Abascal a los populares que el partido de Juanfran Pérez Llorca tuvo que salir a matizar que el "arraigo" se incluiría en la llamada ley de Acompañamiento de los presupuestos o de Medidas Fiscales.
Y la norma, que en la práctica sirve cada año al Ejecutivo autonómico para modificar infinidad de leyes, introduce efectivamente un nuevo concepto relacionado con el "arraigo" que ha venido defendiendo el PP como alternativa a la "prioridad nacional": el de la "vinculación territorial continuada". En este caso, limitado a las políticas de vivienda pública, según confirmaron desde la Consejería de Vivienda que dirige Susana Camarero. Fuentes de este departamento explicaron a este diario que la exigencia de priorizar a los residentes de un municipio en la adjudicación de vivienda pública la habían planteado los propios alcaldes, y de todo signo político.
La novedad que introduce la norma, que salió este lunes a exposición pública e iniciará ahora el trámite parlamentario con la posibilidad de introducir enmiendas, se refiere a las viviendas en suelo municipal. "En los procedimientos de adjudicación de viviendas derivadas de promociones desarrolladas en régimen de colaboración público-privada sobre suelo público, en particular cuando este sea de titularidad municipal, se podrá establecer, a efectos exclusivos de baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso, criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes con el municipio en el que se ubique la promoción", recoge el anteproyecto de ley.
"En caso de empate en la puntuación obtenida, este se resolverá atendiendo al orden temporal de inscripción de las solicitudes en el correspondiente registro", añade el borrador de la norma. De hecho, el Gobierno valenciano ya había defendido este concepto de arraigo con el argumento de que, por ejemplo, son varios los municipios que obligan a un mínimo de años de empadronamiento para poder optar a viviendas públicas. En palabras de la vicepresidenta Camarero, de esta forma "se protege el derecho de los vecinos a seguir viviendo en su municipio".
Vox, sin embargo, había condicionado su apoyo a las primeras cuentas de Llorca a la inclusión de la "prioridad nacional". Es decir, "los españoles primero", según dejó claro su portavoz en las Cortes Valencianas, José María Llanos. Y no solo en materia de vivienda, sino también en el reparto de ayudas públicas. Ahora bien, fuentes de la Consejería de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat han confirmado que tampoco el anteproyecto de ley introduce ningún cambio al respecto. Ni "prioridad nacional" ni "arraigo".