PA�S VASCO
Hist�ricos dirigente y pistoleros como 'Txeroki', 'Anboto', Henry Parot, Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika cumplen sus condenas en la prisi�n donostiarra. 48 etarras se han beneficiado del 100.2 concedidos por el Departamento de Justicia
El ex miembro de ETA Garikoitz Azpiazu 'Txeroki' supera la garita de entrada de la c�rcel de Martutene en San Sebasti�n.ARABA PRESS
Actualizado Viernes, 17 abril 2026 - 20:21
El Departamento de Justicia dirigido por la consejera socialista Mar�a Jes�s San Jos� cerrar� definitivamente la c�rcel de Martutene el pr�ximo 15 de junio. Antes, y sin fecha a�n oficial, trasladar� a los reclusos que cumplen condena en este centro penitenciario a Zubieta. Casi cuarenta presos de la banda cumplen sus condenas en este centro al que han sido trasladados durante los �ltimos a�os para acelerar la concesi�n del art�culo 100.2 del Reglamento Penitenciario y de terceros grados con los que ya salen a diario a la calle. Hist�ricos dirigentes y sanguinarios terroristas como Garikoitz Azpiazu Txapote, Soledad Iparagirre Anboto, Henry Parot, Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika -entre otros- cumplen sus condenas en este centro penitenciario.
El Departamento de Justicia ya ha advertido a los funcionarios de Martutene que la vieja c�rcel cerrar� las puertas el pr�ximo 15 de junio y que ni siquiera ellos podr�n volver a acceder a su interior. Antes, el equipo de Instituciones Penitenciarias que lidera el director de Justicia Txema Bastos tendr� que organizar el traslado de todos los internos y garantizar el funcionamiento de la c�rcel de Zubieta, construida por el Ministerio del Interior del Gobierno de Espa�a. Fuentes penitenciarias prev�n que el traslado se realice la primera semana de junio. El cierre definitivo de Martutene se producir� cuando el Departamento de Justicia ha acelerado la concesi�n de 100.2 y de terceros grados a destacados miembros de la banda como Garikoitz Azpiazu Txeroki y Soledad Iparagirre Anboto. La asociaci�n de familiares de presos de ETA Etxerat incluye a 38 etarras en esta prisi�n -no hay cr�ticos ni disidentes en este centro- al que durante los �ltimos han sido trasladados condenados por terrorismo que cumpl�an sus penas en la c�rcel alavesa de Zaballa y en la prisi�n francesa de Lannemezan.
La concesi�n del 100.2 a etarras como Txeroki y Anboto que no pod�an acceder al tercer grado ha sido utilizada hoy en el Parlamento Vasco por los parlamentarios Santiago L�pez (PP) y Amaia Mart�nez (Vox) para arremeter contra la consejera socialista de Justicia Mar�a Jes�s San Jos�. Seg�n los datos aportados por el parlamentario del PP vasco, el Ejecutivo auton�mico ha concendido 48 beneficios penitenciarios del 100.2 desde el 1 de octubre de 2021 hasta marzo de 2026. Una cifra que contrasta con los 56 que el Ministerio del Interior otorg� a etarras desde el a�o 2003 al 2021, cuando Pedro S�nchez cedi� la competencia de prisiones a Euskadi. "�Tanto beneficio al preso de ETA para contentar a sus socios de Bildu y para que S�nchez siga en el poder merece la pena?", le ha preguntado L�pez a la consejera Mar�a Jes�s San Jos� en el Parlamento Vasco.
El PP vasco ha denunciado desde octubre de 2021 la desproporci�n entre los beneficios penitenciarios aplicados a los presos de ETA respecto al resto de la poblaci�n reclusa. Hasta mayo de 2025, el Gobierno vasco hab�a aprobado 35 aplicaciones del art�culo 100.2 (impulsado por los directores de cada centro); 30 beneficiaron a etarras y 5 al presos comunes. Sin embargo, a partir de mayo del a�o pasado, el equipo de Instituciones Penitenciarias ha intentado revertir esta desproporci�n. Despu�s de las denuncias p�blicas de v�ctimas como Covite, el Gobierno vasco ha ampliado los 100.2 para presos comunes. Desde mayo de 2025 a marzo de 2026, 89 presos comunes han sido beneficiados con el 100.2 junto a 18 etarras.
La consejera San Jos� ha intentado capear las duras acusaciones de L�pez y de Mart�nez negando un trato de favor pol�tico a los presos de la banda ETA. Pero s� ha reconocido que "el contexto ha cambiado de forma sustancial" por la desaparici�n de la violencia de ETA desde 2011. "No es gestionar la violencia activa, sino consolidar la convivencia, garantizar la memoria de las v�ctimas y avanzar en procesos de reinserci�n que no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo", ha asegurado San Jos� que se escuda en los criterios "t�cnicos" en la concesi�n de estos beneficios a los etarras y su control posterior por la Fiscal�a y por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
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