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El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola en Extremadura ha provocado una fuerte tensión en las relaciones nacionales entre ambas formaciones. Este conflicto gira en torno al controvertido principio de "prioridad nacional", un concepto que ya amenaza con entorpecer las negociaciones en curso para las investiduras en Aragón y Castilla y León. Mientras la cúpula del PP y barones de gran peso como Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso expresan un firme rechazo, Vox lo ha convertido en su principal eje de presión política.
El desencuentro se ha manifestado claramente en la Comisión de Interior del Congreso. Vox trató de introducir una enmienda a una iniciativa popular sobre expulsiones que recogía los pilares de su agenda antiinmigración: derogar el reglamento de extranjería, exigir diez años de presencia para la residencia de larga duración e impulsar la "remigración" de aquellos extranjeros que vivan de ayudas públicas o pretendan imponer el islamismo. Ignacio Gil Lázaro, portavoz de Vox, resumió la propuesta frente a la política de "papeles para todos" como un plan basado en que los españoles vayan "primero".
El PP ha rechazado tajantemente estas propuestas por considerar que traspasan los límites de la legalidad y las normas comunitarias de la Unión Europea. Los populares defienden que su fin es reforzar el Estado de Derecho y cumplir la ley sin caer en "puertas blindadas" ni descontrol. Pese a ello, Vox mantiene la ofensiva y ha llevado al Pleno de la Cámara Baja una moción para obligar al PP a posicionarse sobre la prioridad nacional específicamente en el acceso a la vivienda y el sistema de prestaciones públicas.
Esta estrategia de presión ya se ha intentado en Murcia y la Comunidad Valenciana, donde Vox buscó condicionar leyes de vivienda y la renta de inclusión sin éxito ante la negativa del PP. La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha acusado directamente a la dirección nacional del PP de "boicotear" el acuerdo extremeño. Millán ensalzó la postura de Guardiola y calificó de "falta de respeto" las críticas vertidas por otros líderes regionales populares hacia el pacto de coalición.