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El Gobierno se pliega a Catalu�a y Pa�s Vasco y cede la s...
Olga R. Sanm · 2026-05-01 · via España

El Gobierno se ha plegado una vez m�s a los intereses de Catalu�a y del Pa�s Vasco y ha cedido a las comunidades aut�nomas la competencia de la selecci�n y la promoci�n de los profesores universitarios. Los decretos que desarrollan la Ley de Universidades (Losu) de 2023 permiten que, por primera vez, sean las agencias de calidad regionales, en vez de la agencia estatal Aneca, las que establezcan los criterios para evaluar a los aspirantes que opten a una plaza. Hasta antes de la Losu era la Aneca la que se encargaba de evaluar al grueso del personal, con una acreditaci�n nacional y con los mismos requisitos en toda Espa�a. Los profesores auguran que ahora se puede producir �una falta de homogeneidad�, porque habr� distintas condiciones seg�n los territorios. El �pluralismo ling��stico�, por ejemplo, se encuentra entre los nuevos m�ritos que se tendr�n en cuenta para entrar o ascender en las universidades.

El Ministerio de Universidades tiene en el horno un nuevo proyecto de real decreto que regula el procedimiento para la acreditaci�n del �profesorado permanente laboral�. La acreditaci�n es el primer paso en los procesos de selecci�n y promoci�n de profesores: consiste en una evaluaci�n para comprobar si los m�ritos de los aspirantes superan el umbral de experiencia necesario para concurrir en concursos de acceso a plazas.

El profesorado permanente laboral es una nueva figura de docentes e investigadores contratados -no funcionarios- que sustituye a la figura del contratado doctor, que se extingue. Creada por la Losu, se trata de una copia de los modelos catal�n y vasco, donde los llamados agregats catalanes o agregados vascos tienen mucho peso en las plantillas a pesar de no ser funcionarios.

Fuentes universitarias interpretan que este proyecto de real decreto, que a�n tiene que ser aprobado en Consejo de Ministerios y es susceptible por tanto de ser modificado, supone �una catalanizaci�n del modelo nacional�, pues sigue el camino de la agencia de acreditaci�n AQU Catalunya -dependiente de la Generalitat y las universidades p�blicas-, que lleva d�cadas evaluando a los agregats con criterios propios y distintos a los de la Aneca estatal.

Esto que era algo excepcional y circunscrito a Catalu�a y al Pa�s Vasco se permitir� ahora en toda Espa�a, tanto para los que quieran ser contratados como para los que aspiren a una plaza de funcionarios (real decreto 678/2023) como para los doctores fichados por la privada. Para todos ellos, ser�n las comunidades aut�nomas quienes, �de acuerdo con sus competencias�, establezcan mecanismos de evaluaci�n y acreditaci�n del profesorado.

"Relevancia local"

En este sentido, el nuevo procedimiento de acreditaci�n �debe garantizar� �el pluralismo ling��stico� y �la relevancia local� de los candidatos, entre otras cuestiones, as� como �una evaluaci�n tanto cualitativa como cuantitativa de los m�ritos docentes y de investigaci�n, y en su caso de transferencia del conocimiento�. �Pluralismo ling��stico� es una nueva expresi�n suficientemente ambigua para que quepa todo, al gusto de cada regi�n.

En las universidades catalanas hasta ahora no ha habido que demostrar saber catal�n para acreditarse, pero existe un decreto de 2010 que obliga a hacerlo en los concursos de acceso a plazas de agregados y funcionarios. Los campus no han sido muy estrictos hasta 2022, cuando se comenz� a pedir a los profesores el nivel C1 para promocionar. En el Pa�s Vasco, la agencia Unibasq da m�s puntos a los candidatos a agregados que han hecho la tesis en euskera o demostrado su nivel en esta lengua, y para los concursos depende del perfil de la plaza.

Fuentes del sindicato CSIF dicen que con este nuevo decreto �se trata de dar carta de legalidad a las figuras laborales que se hab�an creado en Catalu�a, fundamentalmente, y en el Pa�s Vasco, equiparables a profesores titulares y catedr�ticos�. �Una agencia auton�mica podr� poner unos requisitos que no establece otra, como la lengua cooficial, que hasta ahora la Aneca no hab�a pedido. Esto supone una desigualdad y una falta de equidad. No hay ning�n acuerdo entre las agencias auton�micas para establecer los mismos criterios�, alertan estas fuentes, que lamentan que el Ministerio no les haya informado de la existencia de este proyecto de real decreto.

Tambi�n UGT se queja por que una norma �tan determinante para el futuro del profesorado universitario, as� como sus condiciones laborales, no haya sido negociada ni consensuada con los representantes legales de las personas trabajadoras�. Denuncia que �no existe a nivel nacional un desarrollo homog�neo de las agencias auton�micas� y que �no se regulan los mecanismos por los cuales se asegure el reconocimiento de acreditaciones entre las agencias auton�micas, y entre las agencias auton�micas y la propia Aneca�.

�El sistema se atomiza y se convierte la universidad en un reino de taifas auton�mico�, lamentan otras fuentes universitarias, que creen que el hecho de que sean las agencias auton�micas y no la Aneca las que se encarguen de la acreditaci�n puede dar lugar tambi�n a que los gobiernos auton�micos coloquen a personas de su cuerda, pues son las agencias, dependientes de los gobiernos auton�micos, las que fijar�n los criterios y formar�n y controlar�n las comisiones de selecci�n.

"Similitud" con los funcionarios

Por otro lado, el borrador del real decreto, que deroga uno de 2002 de la ex ministra de Educaci�n del PP Pilar del Castillo, establece una �similitud de caracter�sticas� entre los nuevos profesores permanentes laborales, que son contratados, y los profesores titulares y catedr�ticos, que son funcionarios. �El contrato ser� de car�cter fijo e indefinido, con derechos y deberes de car�cter acad�mico y categor�as comparables a los del personal docente e investigador funcionario�, se�ala.

De hecho, con una �nica solicitud se podr� conseguir la acreditaci�n tanto para profesor laboral como para profesor funcionario. Y las comisiones para valorar las solicitudes para titular y catedr�tico ser�n, en consecuencia, competentes para evaluar y resolver las peticiones de los contratados.