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El empresario Víctor de Aldama ha sacudido los cimientos de la política española este miércoles con su declaración explosiva ante el Tribunal Supremo. En el marco del juicio que se sigue contra él, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos por el denominado 'caso mascarillas', Aldama ha detallado una presunta trama de financiación irregular del PSOE basada en la adjudicación de obras públicas a cambio de pagos en efectivo.
Según el crudo relato del comisionista, el exasesor ministerial Koldo García le instó directamente a buscar y presentarle a empresarios del sector de la construcción. El objetivo era "ayudar" a estas compañías para que ganaran licitaciones de obras dependientes del Ministerio. Aldama explicó que Koldo le justificó esta maniobra alegando que el partido necesitaba obtener un "rendimiento" económico para su financiación. Ante la lógica duda del empresario sobre la legalidad de tales aportaciones, la respuesta del asesor fue tajante: los pagos no se podían facturar de ninguna manera, debiendo realizarse obligatoriamente "en efectivo". De este modo, Aldama se convirtió en el "nexo" indispensable con las constructoras para que estas entregasen el dinero que luego sería distribuido al partido como donaciones encubiertas.
Más allá de la ingeniería financiera ilícita, el testimonio ha profundizado en favores personales de carácter sórdido. Aldama reconoció haber pagado en México, "por primera y última vez", los servicios de "señoritas" para José Luis Ábalos. Según su declaración, fue el propio Koldo García quien le pidió organizar algo para que el "jefe" pudiera relajarse, instándole a buscar a las mujeres para presentárselas al entonces ministro.
A pesar de la gravedad de los hechos narrados, Aldama ha intentado justificar su participación alegando pragmatismo profesional. Aunque admitió que era plenamente consciente de estar involucrado en algo ilegal y reconoció no sentirse "del todo cómodo", matizó que tampoco se sentía "incómodo" debido a su naturaleza de negociante. "Soy empresario", afirmó para explicar su ambición de ganarse la confianza de los responsables del Ministerio. Esta confesión sitúa ahora al Gobierno y al PSOE en una posición extremadamente delicada ante la justicia.