Ya hace un año que los médicos colgaron sus batas y se lanzaron a las calles a protestar contra la reforma sanitaria de los profesionales sanitarios propuesta desde el ministerio de Sanidad que lidera Mónica García. El viernes 13 de junio de 2025 tuvo lugar una jornada de huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y otros sindicatos autonómicos para exigir un Estatuto Marco propio, mejoras en las guardias y rechazar la imposición de ciertos modelos.

Aquella fue la primera de un total de 27 paros nacionales que se suman a los cinco previstos para esta semana. Más de 177.000 médicos han sido llamados a secundar las jornadas de huelga, concentradas desde el mes de febrero en una semana al mes hasta junio. A esto se ha añadido desde el mes de junio la negativa de algunas CCAA ha hacer actividad asistencial extra (normalmente por las tardes). Cataluña, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Murcia y Galicia tienen servicios de hospitales que secundan este tipo de protestas. "En algunos hospitales que no han dejado de hacer peonadas les han propuesto aumentar la actividad", explica Víctor Zarza, médico adjunto del servicio de Anestesiología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Metges de Catalunya también denuncia la presión a los médicos. El sindicato considera de una "gravedad extrema" la comunicación enviada por correo electrónico a los profesionales del servicio de Anestesiología del Hospital Universitario de Bellvitge en la que se amenaza con la revisión y retirada de vacaciones ya concedidas y autorizadas hace meses y las cuales forman parte de la planificación personal y familiar de los facultativos afectados.

Pese a los obstáculos, Zarza reconoce que "están teniendo efecto" y se trata de algo que "molesta a la Consejería", en este caso dirigida por la radióloga, Fátima Matute. El anestesista forma parte de la primera ola de profesionales que puso en marcha el rechazo a la peonadas; reconoce que "los ánimos, la verdad, es siguen bastante bien, seguimos en los grupos de WhatsApp haciendo propuestas de movilizaciones y comunicados".

Por su parte, Carmen Fernández, radióloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid), apunta que "no vamos a seguir sosteniendo este sistema sobre nuestro sacrificio, que no nuestro esfuerzo". Esta médica, que no está afiliada a ningún sindicato, asegura que "el hecho de dejar de hacer peonadas está haciendo mella, sobre todo, por parte de los anestesistas. Las listas de espera están engordando. Y en esa situación llegamos a la próxima semana de huelga".

Desde la escalinata en la que hace seis años mostraban con orgullo su trabajo galardonado por su labor contra el Covid con el Premio Princesa de Asturias, la entrada del Hospital Gregorio Marañón, hoy esos profesionales reivindican sus condiciones laborales: "Esto es un perjuicio indeseable y evitable por el Ministerio y las consejerías, pero busca un bien mayor, que es el sostenimiento y la garantía de la viabilidad del sistema", apunta Fernández, quien añade: "Personalmente, esperaba una respuesta más rápida de la Consejería. De la ministra nadie espera nada que sea razonable ni que responda a su obligación de gestionar y resolver".

También desde el Gregorio Marañón, Santiago Hernández, anestesista, justifica que la suspensión de los pactos de gestión, es decir, las peonadas o actividad extra asistencial, responde a "una medida de presión adicional ante la ausencia de respuesta de la Administración a nuestras reivindicaciones, pese a cinco semanas de huelga". Este médico acusa que tanto el Ministerio como la Comunidad de Madrid lleven semanas "trasladándose mutuamente la responsabilidad, mientras el conflicto sigue sin resolverse". "Ambas deben asumir su parte", reclama.

El impacto real de la huelga médica: listas de espera y coste económico

Todas estas movilizaciones se han convertido en un problema crónico y asumido por la ciudadanía. Se han incrustado en una sanidad que sufre ya agudos retrasos en las listas de espera con 4.925.648 pacientes (853.509 para una cirugía y 4.072.139 para ver al especialista, a diciembre de 2025) y problemas de acceso a medicamentos (con casi dos años de espera para medicamentos críticos). La factura de un año de paros asciende a más de tres millones de cancelaciones y reprogramaciones y más de 200 millones de euros según han ido apuntando las consejerías regionales.

A esto hay que sumar el impacto del rechazo a la actividad asistencial extra. Desde las consejerías aún no han hecho los cálculos globales, pero los médicos sí tienen estimaciones: "Suponen aproximadamente el 20% de las cirugías de junio en el Hospital Universitario de la Paz", apunta Zarza.

En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya recoge que la Consejería señaló que en la primera semana ha afectado a un 15% de la actividad quirúrgica global. En esta comunidad hay adheridos a la campaña 'Ni un minut més' más de 220 servicios de más de 38 hospitales.

Mientras los médicos dirimen si prosiguen con las huelgas a la vuelta del verano, el resto de profesionales sanitarios que pactaron con Mónica García también han puesto sobre la mesa la amenaza de un paro de sus colectivos: enfermería, técnicos... "No hay nada que nos impida continuar después del verano", valora Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya, quien apunta que "el formato y el calendario ya los veremos. En función de la situación a nivel estatal y de la valoración que haga nuestro órgano de gobierno, decidiremos".

Metges de Catalunya forma parte del Comité de Huelga Médico, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), que anunciará el lunes 15 el nuevo calendario de movilizaciones.

Mónica García y el Ministerio de Sanidad, cercados por el conflicto autonómico

Todas las formaciones están llamadas a una gran concentración a las puertas del Ministerio de Sanidad a partir de las 12h de la mañana. "La clasificación profesional y el Estatuto Marco, como marco legal y definidor de la profesión, son fundamentales, lo principal, pero las comunidades autónomas tienen que modificar su parte", recuerda Hernández.

Aquí, esta radióloga toca hueso porque ahora mismo todas las relaciones están rotas tras el choque frontal entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA en el último Consejo Interterritorial. Por un lado, Mónica García insiste en que "Europa marca las directrices, España marca las normas comunes y luego cada comunidad podrá legislar. Lo que es un poco contradictorio es no querer incorporar en la ley general medidas para todos".

Pero el discurso de la ministra solo sirve para aislarse. Las CCAA "la han dejado sola", porque entienden que debe "reabrir con urgencia un proceso de diálogo real" y le reprochan que "la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto". Tiene en contra a los sindicatos de clase, aquellos representantes en Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF sin CIG-Saúde). Se suponía que ese texto firmado en enero era el que Mónica García había llevado al Consejo de Ministros. Pero Satse ha marcado distancias, considera la situación de "atropello injustificado", y la califica de "traición institucional" y "una tomadura de pelo" a todo el colectivo de Enfermería y Fisioterapia.