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Blindar la confidencialidad de los precios de los medicamentos por ley ha puesto de acuerdo al PSOE, Sumar y al PP. La Comisión de Sanidad del Congreso ha sido testigo de la unión de estos tres partidos con un objetivo: sellar legislativamente la confidencialidad de los precios que paga el Estado a los laboratorios farmacéuticos.
En 20 días, tras conseguir luz verde en la comisión de la Cámara Baja, podría obtener en el Senado la ratificación definitiva para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde Sanidad se mantiene la postura defendida por el secretario de Estado, Javier Padilla, en este medio ya en el mes de abril: el secretismo en los precios netos se ha convertido en una herramienta estratégica "para asegurar el acceso a los medicamentos".
Para la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, el mantenimiento de la confidencialidad no es un capricho corporativo, sino un elemento esencial para garantizar que los pacientes españoles accedan a la innovación terapéutica. Padilla exponía que "la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento".
Civio, en el extremo opuesto, busca luz y taquígrafos para este proceso. Desde 2019, libra una batalla legal para que las resoluciones de financiación de los fármacos más caros sean públicas. Esta cuestión está en el Tribunal Supremo. Su demanda surge ante la aparición de terapias con precios astronómicos, como las CAR-T (300.000 euros), Luxturna (700.000 euros) o Zolgensma (dos millones de euros por paciente), cuyos costes reales se mantienen bajo un hermetismo total. Para Civio, este "oscurantismo" no fortalece al Estado, sino que lo hace negociar peor, "a ciegas", aumentando el riesgo de arbitrariedad y de falta de control en decisiones que movilizan ingentes cantidades de dinero público.
Las críticas de la organización no se centran solo en la opacidad, sino en las formas de conseguirla, también fuera de los focos. Mientras se tramita el anteproyecto de la Ley del Medicamento, ante la incertidumbre de un final de legislatura abrupto, el ministerio de García prefiere dejar cabos atados. Al igual que dio luz verde a los nuevos copagos en un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros, busca la aprobación "urgente" de este proceso a través de sus enmiendas a otros asuntos que nada tienen que ver con ello.
En abril, hubo un intento a través de la enmienda 259 en la ley de discapacidad, elaborada por PSOE y Sumar. Aunque todavía no se ha votado, Padilla justificó este movimiento alegando que la coyuntura política exige acciones "decididas y más rápidas" y que se ha elegido un vehículo legislativo que se encuentra en una fase de tramitación más avanzada para asegurar que el blindaje entre en vigor cuanto antes.
Mientras esta votación salía adelante, se buscó un nuevo vehículo: la proposición de ley sobre cribado neonatal, en concreto a través del subterfugio de una enmienda transaccional presentada esta vez por el PP. Esta ley ha conseguido salir adelante con 33 votos a favor, uno en contra (de Podemos) y dos abstenciones (de VOX). Desde el PP se apunta que se hace así "pensando en la competitividad del sector farmacéutico español y en la capacidad negociadora del Estado y las comunidades autónomas. Esta enmienda ya se ha aprobado en la Ponencia".
Ni el PP ni el PSOE han aludido a esta enmienda, sí lo ha hecho el portavoz de Sumar que ha contestado a las acusaciones de falta de transparencia del Gobierno.
Civio no se ha puesto en contacto esta vez con el Ministerio de Sanidad ni con los partidos políticos porque "el texto es el propuesto en la anterior enmienda y el argumentario no ha variado".
Para la organización ciudadana, la decisión de Sanidad resulta extraña, más cuando los actuales dirigentes de la cartera sí habían manifestado una clara intención de mostrar total transparencia en estos procesos. Actualmente, el artículo 97 de la Ley del Medicamento de 1995 contiene legislada la opacidad, que ha sido un denominador común en todos los gobiernos en democracia. Esto hubiera acabado si en una de las grandes reformas del ministerio de Mónica García se hubiera dado un paso valiente. Pero no: en el anteproyecto de la Ley del Medicamento, en el artículo 114, se amplía el blindaje de la confidencialidad de los precios finales o netos.
Civio cita a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya resolución WHA 72.8 (votada a favor por España) concluye que la transparencia fortalece la posición de los Estados. Denuncian que el nivel de secretismo propuesto no tiene precedentes en la contratación pública general, donde a ningún otro proveedor se le permite ocultar el precio unitario de sus contratos con la Administración. Para la organización, lo que hay detrás de esta postura es el "miedo" del Gobierno a que el Tribunal Supremo falle a favor de la transparencia en los juicios que aún tienen pendientes.
El marco geopolítico y las políticas de Donald Trump son parte de la justificación: si España hiciera públicos sus precios netos (que suelen ser bajos), las farmacéuticas tendrían un incentivo para retrasar la comercialización de fármacos en nuestro país con el fin de no hundir sus precios y márgenes de beneficio en el gigantesco mercado de Estados Unidos, defiende Padilla.
El secretario de Estado argumenta que "la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento". Padilla sostiene que un país no puede actuar de forma aislada en materia de transparencia sin pruebas de que ello no provocará retrasos en la llegada de tratamientos críticos para los ciudadanos.
Esta política responde al intento de EE. UU. de reducir sus costes vinculando sus precios a los de otros países, lo cual podría provocar que las farmacéuticas retrasen el lanzamiento de innovaciones en el mercado español para no comprometer sus ganancias globales.
Frente a las críticas por falta de transparencia, Padilla defiende que la protección de la capacidad negociadora del Estado es un valor superior a la publicidad de los datos, equiparándola en importancia a la seguridad nacional. Finalmente, el secretario de Estado aboga por potenciar el uso de medicamentos genéricos y justifica el marco legal actual como un sistema racional diseñado para contrarrestar la falta de una estructura pública de negociación en otros sistemas sanitarios.
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