El Gobierno quiere a�adir un apartado 4 al art�culo 43 de la Constituci�n Espa�ola para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupci�n voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Este blindaje se justifica porque "la dimensi�n prestacional del derecho en la sanidad p�blica, en la cartera b�sica de servicios de la sanidad p�blica, es lo que est� en riesgo". As� lo expon�a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"No est� en riesgo la dimensi�n de libertad de este derecho", continu� Redondo, porque el Tribunal Constitucional "deja claro" que la dimensi�n individual de las mujeres "est� conectada �ntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad".
Por su parte, la responsable de la cartera de Sanidad, M�nica Garc�a, manifest� en la sesi�n de control del Senado c�mo el blindaje constitucional del aborto "a las mujeres mayor libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones". Horas antes, en la red social X apunt� que el aborto "es un derecho que debemos proteger de cualquier intento de retroceso y garantizarlo de forma libre, segura, equitativa y gratuita en la sanidad p�blica de cualquier comunidad aut�noma".
Desde el Ejecutivo, y en concreto desde Sanidad, llevan tiempo buscando un impulso para que la prestaci�n del aborto se realice de forma mayoritaria bajo el paraguas de la sanidad p�blica. Se trata de un gran desaf�o porque los datos, de momento, inclinan la balanza hacia la privada: un 78,74% frente al 21,25% en la red p�blica. Para Garc�a esta tendencia no es buena y el pasado octubre, durante la presentaci�n del Informe 2015-2024 sobre la Interrupci�n Voluntaria del Embarazo (IVE), mand� mensajes claros: "Por ejemplo, en Madrid, en los �ltimos 10 a�os, ha habido 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales solo 177 se han hecho en hospitales p�blicos".
Las cifras que marcan la velocidad seg�n comunidades son las siguientes, seg�n el porcentaje de abortos realizados en centros p�blicos en 2024: por encima del 60% Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%); entre el 20% y el 60%: Catalu�a (55,1%), Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%); menos del 20%: el resto de las comunidades y ciudades aut�nomas. Sanidad destaca las cifras particularmente bajas en Andaluc�a (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y la ausencia total de IVE en centros p�blicos en Extremadura, Ceuta y Melilla. No obstante, siete de cada 10 mujeres fueron informadas en centros sanitarios p�blicos.
Durante 2024, se notificaron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 2,98% m�s que el a�o anterior. La tasa de abortos se situ� en 12,36 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 a�os, con incrementos en casi todas las comunidades; la excepci�n son Arag�n, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Catalu�a, Madrid, La Rioja y Ceuta.
Solo cuatro comunidades aut�nomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de IVE en la sanidad p�blica, mientras que en 11 regiones y ciudades aut�nomas el porcentaje no llega al 10%, concluye el informe.
Tambi�n se pone el acento en Madrid y Andaluc�a dado que junto a Catalu�a son las tres CCAA que m�s abortos realizan, Si prestamos atenci�n a las tres CCAA en las que se realizan m�s de la mitad de las IVE. Pero solo la tercera presenta una proporci�n importante de IVE realizadas en centros p�blicos (55,1%), mientras que las dos primeras (juntas no suman un 1%) presentan un sistema de interrupci�n del embarazo en centros privados de manera casi total. En contraposici�n, Navarra, Galicia y La Rioja, con una tasa baja de IVE, presentan un elevado porcentaje en centros p�blicos.
En este sentido, si Andaluc�a y Madrid realizaran un 50% de las prestaciones en centros p�blicos, el porcentaje a nivel nacional se duplicar�a con respecto a la actualidad, oscilando en torno al 40%.
Garc�a tambi�n se apoy� en el tipo de m�todo empleado para diferenciar entre p�blico y privado. El uso del m�todo farmacol�gico "es m�s seguro y menos invasivo. El porcentaje ya llega al 30%", adujo. Este m�todo fue predominante en las comunidades con mayor proporci�n de IVE en centros p�blicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementaci�n en el sistema p�blico por su menor complejidad log�stica. En cambio, en regiones donde la prestaci�n recae mayoritariamente en centros privados, como Andaluc�a y Madrid, predomina el quir�rgico, usado en el 86% y el 94% de los casos, respectivamente.
La radiograf�a advierte de que mantener la interrupci�n fuera de la red p�blica supone una doble privatizaci�n: por un lado, relega el aborto al �mbito de lo �ntimo e individual, y por otro, lo desvincula del sistema nacional de salud al depender de proveedores privados. "Esta situaci�n refuerza el estigma, invisibiliza la prestaci�n y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema p�blico", sostiene.
En este informe tambi�n destaca un incremento m�s significativo de la tasa de incidencia en mujeres no residentes y que casi la mitad de las mujeres no empleaban m�todos anticonceptivos en el momento de la concepci�n. La ministra de Sanidad, en la presentaci�n de los datos, insisti� en que "tres de cada cuatro interrupciones se efectuaron antes de las ocho semanas. Esto denota que se realizan de manera informada".
Otro de los puntos conflictivos de la prestaci�n es la objeci�n de conciencia. Los registros de profesionales han enfrentado a Sanidad y las CCAA. Madrid ha sido la �ltima en poner en marcha el listado, cumpliendo el mandato del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a la autonom�a a crear el registro de sanitarios objetores al aborto de manera "inmediata". El pasado 1 de abril se iniciaron los procesos de administrativos necesarios para la elaboraci�n e "implantaci�n" del registro de profesionales objetores a realizar abortos, en cumplimiento de la normativa vigente.
La comunidad presidida por Isabel D�az Ayuso ha sido la �ltima en poner en marcha el registro. En octubre de 2025, cuando Sanidad hizo una radiograf�a de c�mo estaba la prestaci�n en nuestro pa�s, Arag�n, Asturias, Baleares y Madrid no ten�an en marcha esta lista a la que el Consejo Interterritorial dio luz verde en diciembre de 2024. Esto llev� al departamento de Garc�a a enviar cartas a las CCAA con los requerimientos.
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