Los médicos siguen en pie de guerra porque Sanidad no escucha sus peticiones para que sean recogidas en el Estatuto Marco. Mientras, el ministerio de Mónica García ya ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad. El Consejo de Ministros ha aprobado el texto, en primera vuelta, y abre el camino hacia la audiencia e información pública.
Elma Saiz, ministra portavoz del Ejecutivo, ha sido la responsable de dar esta noticia y defender su tramitación. "El Gobierno de España ha hecho su parte" y ha recordado que "una parte muy importante de las reivindicaciones siguen planteándose no dependen ya del ministerio, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los profesionales". La ministra de Sanidad, Mónica García, hoy no ha salido en la rueda de prensa posterior a explicar este paso con los médicos en contra.
Tras más de 20 años sin reformas en este ámbito, el nuevo texto "de la discordia" se enfrenta a más de 177.000 médicos que llevan desde enero mostrando su rechazo a través de las semanas de huelga nacional. Desde Sanidad manifiestan que la reforma tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos.
De esta forma, Sanidad deja en manos de las comunidades autónomas una "ley básica" con la que los profesionales sanitarios tendrán que regirse en cada región y desde la cual los responsables de las consejerías y gobiernos regionales podrán adaptar a sus realidades. La aprobación de este anteproyecto fija los derechos, garantías y límites básicos comunes para todo el Sistema Nacional de Salud, apuntan desde el ministerio.
Hace cinco meses el ministerio pactó el borrador que ha sido enviado al gabinete del Ejecutivo con los sindicatos de clase, aquellos representantes en Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF sin CIG-Saúde), que en las últimas semanas ya habían manifestado su impaciencia. Este acuerdo desencadenó las cuatro semanas de paros mensuales (desde el mes de febrero), ya que los médicos nunca han visto reconocidas sus reivindicaciones en él.
Mientras, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) confirman siguen con la última protesta médica nacional convocada del 15 al 19 de junio y hacen un llamamiento a todos los profesionales para secundar los paros.
Una vez aprobado el texto -lo que significaría que habrá pasado por las Cortes antes del final de la legislatura a la que le resta un año- la norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.
Hay tres ejes clave que centran los cambios, como recoge Sanidad: los procesos de inserción laboral, la regulación de los horarios y organización del trabajo y la clasificación del personal. Por un lado, la norma busca eliminar la incertidumbre en los procesos de selección y reforzar la estabilidad en el empleo sanitario. Para ello, limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años.
En este caso, se describe que el nombramiento en plazas vacantes del personal interino tendrá una duración máxima de tres años. También se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad. Y los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.
En el apartado de la regulación de la jornada, los cambios introducidos, como defiende el ministerio de Mónica García, buscan evitar la carga horaria excesiva. Por eso, se limita la jornada máxima semanal a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea. En cuanto a las guardias, uno de los obstáculos permanentes con la profesión médica, se establece que el límite máximo de la guardia será de 17 horas de trabajo efectivo. Las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria. Habrá un descanso diario preestablecido mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. Y a esto se sumará que el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.
Sobre el descanso y la conciliación, el texto destina un capítulo a ampliar y actualizar el catálogo de derechos para fidelizar el talento. En el apartado de conciliación, se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes. También se reconoce el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar. Al tiempo, se define el concepto de "carga horaria excesiva" como indicador de intervención organizativa y se refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética.
La ley estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). Por un lado, el personal sanitario, que se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (Doctorado, Grado con especialidad, Grado, Técnico Superior o Técnico). Por otro, el personal de gestión y servicios, que se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.
También se crea la categoría de personal estatutario investigador, destinada específicamente al desarrollo de actividades de investigación sanitaria. Para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor. Estos profesionales dedicarán al menos el 50 % de su jornada ordinaria a la investigación y podrán compatibilizar esta actividad con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.
Además, se impulsa la profesionalización de la gestión sanitaria mediante un modelo basado en la capacitación, la transparencia y la rendición de cuentas. Para acceder a puestos directivos será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria.
Para la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, esto es "una mala noticia para médicos y facultativos". Para esta representante este paso significa "implicar al conjunto del Gobierno y a sus socios" en este empeño. "Creemos que es un tiro en el pie y queríamos que alguien pusiera un poquito de cordura en todo esto", reclama Hernández. "Si el texto pasa por el Consejo de Ministros, significará que que el Gobierno apoya esta medida y que las manifestaciones, las huelgas, las movilizaciones de los médicos y los facultativos tienen que continuar salvo que queramos un sistema sin médicos".
Sobre la presunta eliminación de las guardias que defiende la cartera de Sanidad, los médicos defienden que, de facto, no se acaba con las de 24 horas. Según consta en el anteproyecto, en el capítulo III. Particularidades de la prestación de servicios del personal médico y facultativo del grupo 8 en ciencias de la salud, artículo 96, "excepcionalmente, con el consentimiento expreso de los trabajadores afectados, de manera voluntaria y previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales, la jornada de guardia podrá ampliarse hasta 24 horas continuadas, para aquellos puestos identificados como de difícil cobertura o en el caso de fines de semana y festivos". Una excepción que, en opinión de los miembros del Comité de Huelga y de los médicos en general, perpetuaría las guardias de 24 horas.
CESM recuerda también que este anteproyecto de ley mantiene unas condiciones laborales totalmente distintas y discriminatorias para los médicos respecto al resto de profesionales sanitarios, ya que sólo al médico se le puede exigir hacer más de 35 horas y está supeditado a la coletilla permanente de las "necesidades del servicio", que permite mantener agendas disparatadas o jornadas de 70, 80 o 90 horas semanales, como ocurre en el sistema sanitario que directamente gestiona el ministerio, que es el de Ceuta y Melilla a través de INGESA.
La Organización Médica Colegial (OMC) lamenta la aprobación de un Estatuto Marco sin consenso. "Desde hace meses la profesión médica ha trasladado de forma reiterada propuestas dirigidas a mejorar la calidad asistencial a través de unas condiciones de ejercicio adecuadas", han manifestado a través de un comunidad. En este sentido, confían que "la tramitación parlamentaria y el desarrollo posterior del Estatuto permitan incorporar estas demandas, y que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a dar respuesta a las legítimas necesidades de los médicos".
En la última reunión que han mantenido el ministerio y el Comité de Huelga, que mantiene la convocatoria de paros para la semana del 15 de junio, con el ministerio, los sindicatos médicos apuntaron que Sanidad tenía previsto convocar una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para abordar posibles fórmulas que permitan que "médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración, y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno".
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha confirmado esa reunión del Interterritorial para abordar un Estatuto Marco que ha calificado de "lesivo y regresivo que tantos problemas está creando".
Matute defiende que una reforma como esta "no se puede hacer desde un despacho; se tiene que hacer con los profesionales y no contra ellos". Añade que Sanidad intenta dar "una patada hacia adelante e intentar proyectar responsabilidades del ministerio en las CCAA. No quiere decir que nos desliguemos de lo que nos corresponde, pero es necesario que se sienten los ministerios de Trabajo, Función Pública y Hacienda". Sin contar con una memoria jurídica y económica, una financiación finalista y sin ese trabajo previo, "no estamos preparados para tomar ningún tipo de decisión", apunta la consejera.
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