"Si el texto pasa por el Consejo de Ministros, significará que el Gobierno apoya esta medida". La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, valoraba así el paso que ha dado Sanidad esta semana: la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mónica García, con los médicos en pie de guerra desde hace más de seis meses y sin incluir sus peticiones en este texto, sigue con sus planes de sacar adelante una reforma necesaria -ya que hace 23 años que no se actualizan las condiciones de los sanitarios en España-, pero lo hace sin el apoyo de un colectivo clave: más de 177.000 médicos y facultativos.

Hace unos meses que el Comité de Huelga Médica apuntó más alto y pidió a Pedro Sánchez que asumiera la responsabilidad de desatascar la negociación. Pero Hernández siempre advirtió que las reformas que piden para el Estatuto Marco precisan de otras carteras ministeriales: Trabajo, Hacienda y Seguridad Social.

Un ejemplo práctico está en la tramitación de otro de los grandes proyectos de Sanidad: el Anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios. Aquí participan Industria (por el impacto de la norma en la producción industrial, la autonomía estratégica del sector farmacéutico y la atracción de inversiones); Ciencia e Innovación (por el impulso a la investigación); y Economía y Hacienda (por la evaluación del impacto económico y los precios).

Por eso, los médicos piden que, si sus cambios trascienden las competencias puramente sanitarias, se impliquen las carteras responsables de las jornadas laborales, la jubilación y los salarios.

¿Qué ministerios bloquean el Estatuto Marco?

Uno de los grandes obstáculos son las guardias y la organización de las jornadas laborales, que vienen a superar las 35 horas semanales, una cifra que "sí se ajusta para otros trabajadores, incluso sanitarios, pero no para los médicos. ¿Por qué?", reclama Carmen Fernández, radióloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

El texto en tramitación apunta que "la ordenación de la jornada de guardia y del trabajo a turnos ha constituido históricamente uno de los puntos más sensibles en la organización del trabajo asistencial". Pese a apuntar que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo", recoge la trampa que denuncian los médicos: "Podrá ampliarse hasta 24 horas continuadas, para aquellos puestos identificados como de difícil cobertura o en el caso de fines de semana y festivos".

Esto permite mantener agendas disparatadas o jornadas de 70, 80 o 90 horas semanales, como denuncian desde el Comité de Huelga. "¿Qué opinaría el ministerio de Trabajo sobre esto?", cuestiona Hernández.

Al tiempo, esta médica expone que "esto es una trampa", porque siempre hay motivos que justifican esas guardias y esas horas extras. El texto a trámite tiene esa letra pequeña que desdeñan los médicos: "Siempre que existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, previa oferta expresa del centro sanitario, podrá superarse la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y la jornada de guardia cuando el personal manifieste, por escrito, individualizada, libre y voluntariamente, su consentimiento en ello".

Consecuencia directa de la acumulación de horas que "solo cotizan, no computan de cara a una jubilación adelantada", remarca la radióloga del Gregorio Marañón. Por eso piden la intervención de Seguridad Social para poder desarrollar algún tipo de compensación a esas horas extras, "que se pagan a un precio inferior a las ordinarias, así como las guardias", sostienen en el Comité.

También desde el sindicato de enfermería, Satse, que rechaza el texto tramitado en el gabinete del Ejecutivo, han apuntado la necesidad de la implicación del ministerio de Arcadi España, Hacienda, para abordar con rigurosidad los cambios que se precisan. Su reciente oposición al anteproyecto se debe también a la ausencia de una regulación de la jubilación anticipada por razón de la penosidad inherente a la actividad en el ámbito sanitario, así como el acceso a la jubilación parcial de forma ágil y en igualdad de condiciones con el resto de las personas trabajadoras.

Sobre la participación de otras carteras, Mónica García ha reiterado en numerosas ocasiones que "no se pueden invadir otras leyes ni adquirir otras atribuciones que no nos competen". Desde Sanidad, García ha defendido que ellos se han limitado a poner sobre la mesa una hoja de ruta y los pilares para reconocer las nuevas retribuciones y, si hay reclasificaciones que necesiten negociaciones con otras carteras, "nosotros trabajaremos para que se consiga", dijo la ministra en enero durante la firma del pacto.

Las arcas del Estado también deberían participar en esta tramitación si hay que subir los sueldos y hacer un desembolso en la retención del talento médico, un colectivo en cuyo desarrollo el Estado invierte una media de 11 años de formación.

España gastó el 9,2% del PIB en sanidad en 2024, ligeramente por debajo de la media de la OCDE (9,3%), según el último informe del Foro Económico de Galicia (junio de 2026). El gasto en personal representa el 44% del total, siendo la partida más grande, y las comunidades autónomas ejecutan el 93,6% del montante final.

Tras seis meses de paros, huelgas nacionales y la reciente negativa a realizar la actividad asistencial extra, merece la pena recordar que la implicación total del gobierno siempre fue una petición de los médicos. Desde Amyts, Hernández apuntaba en enero que "nosotros hace un año empezamos aquí en el Congreso porque teníamos claro que esto no era una cosa solo del Ministerio de Sanidad, sino que afectaba al menos a otros tres ministerios: al de Función Pública, al de Hacienda y al de Seguridad Social. Es decir, compete a todo un Gobierno. No sabemos por qué empezaron las cosas así, porque si ni siquiera tenían claro si la coalición de Gobierno iba a ir adelante con esto, pues empezaba todo el tema muy cojo".