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Un día después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sigue envuelta en confusión y tensiones diplomáticas. A pesar de que la tregua condicionaba la reanudación del tráfico marítimo —vital para el 20% del comercio mundial—, la normalidad está lejos de recuperarse.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, el Dr. Saeed Khatibzadeh, afirmó recientemente que la vía navegable "está abierta". Sin embargo, matizó que los buques civiles deben buscar obligatoriamente la guía de las autoridades iraníes para transitar de forma segura. Según el alto cargo, esta asistencia es necesaria porque Irán minó el canal durante el conflicto, además de mantener otros "arreglos de guerra". Khatibzadeh subrayó que Teherán posee los mapas de las zonas minadas para garantizar el paso, una medida que analistas interpretan como una herramienta de presión sobre Washington.
La realidad operativa contradice el optimismo de los mercados: el miércoles solo transitaron cinco buques, una cifra ínfima comparada con los 120 o 140 diarios previos a la guerra. Actualmente, unos 230 petroleros cargados de crudo permanecen varados a la espera de seguridad. La situación se ha agravado por la denuncia de "coerción" realizada por Emiratos Árabes Unidos, tras revelarse que Irán pretende cobrar tasas de tránsito.
Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo de Irán, detalló que los buques deberán pagar peajes, preferiblemente en Bitcoin o criptomonedas, para evitar el rastreo y las sanciones internacionales. El proceso implica contactar con intermediarios de la Guardia Revolucionaria, presentar información detallada de la carga y abonar cerca de un dólar por barril a cambio de un código de autorización e instrucciones de ruta para esquivar las minas.
Ante estas exigencias, la Comisión Europea ha rechazado cualquier tipo de pago, recordando que el derecho a la libre navegación está garantizado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y no debe estar sujeto a permisos ni presiones políticas.